Es la primera iniciativa en la que se insta al Ejecutivo a que legisle para devolver los bienes al dominio público desde la publicación del listado de inmatriculaciones a nombre de la Iglesia.
La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Sevilla ha remitido una carta a la vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la que le insta a que desde el Ejecutivo adopten las medidas necesarias para anular la inmatriculación de la catedral de la capital andaluza y el Patio de los Naranjos que la Iglesia católica inscribió a su nombre en 2010. Se trata de la primera petición para que sea la Administración central la que revierta los registros realizados con una simple certificación eclesiástica, gracias a la reforma de la ley hipotecaria aprobada por José María Aznar en 1996, desde la publicación el pasado mes de febrero del informe de los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, que solo dejaba abierta la vía judicial para reclamarlos.
En la carta, la plataforma recuerda que la inmatriculación de la catedral de Sevilla “con sus dependencias anexas” —la Giralda y el Patio de los Naranjos— se encontraba dentro del listado de 30.335 bienes “inmatriculados por la iglesia católica de forma poco ortodoxa y dudosamente constitucional”. La plataforma pide a la vicepresidenta que se les traslade “qué medidas tiene previsto implementar para anular dicha inscripción eclesiástica y devolver ese patrimonio al ámbito del que nunca debieron salir, el del común o dominio público”.
La plataforma recuerda que la catedral de Sevilla, junto con la Giralda y el Patio de los Naranjos, el Archivo de Indias y el Alcázar, fueron declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1987 y que es el Estado el responsable de vigilar y tutelar esos espacios. Una tutela que, denuncian, no se está ejerciendo debido a la inmatriculación que “confiere a la jerarquía católica libertad y disponibilidad absoluta sobre los bienes inmatriculados”. En la carta, también se insta a Calvo a que, como vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, impulse las “modificaciones legislativas que acaben con la apropiación, indebida, indecente y de resonancias medievales” y que “restablezca el orden jurídico subvertido”.
“Con la publicación del listado de bienes registrados a nombre de la Iglesia la única vía para reclamar es la particular, pero es dificilísimo, por no decir imposible, que un particular o una asociación reclame judicialmente contra la Iglesia. Lo que pedimos a la vicepresidenta es que desde el Gobierno se dé marcha atrás a esta situación que es inconstitucional, porque no hay otra forma”, señala Eduardo López Amodeo, portavoz de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio de Sevilla. La asociación es especialmente crítica con el hecho de que el Patio de los Naranjos, que siempre fue un espacio público hasta que en 1992 la archidiócesis sevillana cerró definitivamente al paso, se haya privatizado y así se pone de manifiesto en la carta.
La plataforma sevillana forma parte de Recuperando, la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia que aglutina a todas las asociaciones que en las últimas décadas han liderado la reclamación de los bienes registrados por la Iglesia, y es la única que ha optado por la vía de pedir al Gobierno que modifique la normativa para anular las inmatriculaciones. “Cuando la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla reclama la anulación de las inscripciones de la catedral de Sevilla y el Patio de los Naranjos, lo hace en nombre de todos y para todos los bienes”, señala Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y uno de los portavoces de Recuperando.
“Lo que realmente importa no es de quién son los bienes, sino qué son esos bienes”, recalca Rodríguez. “Desde el momento en que la Iglesia reconoce que es titular de un bien pero que ese bien no se puede vender, entra en un oxímoron, porque uno no puede ser dueño de algo que no se puede enajenar, lo que no se puede enajenar es un bien de dominio público. Considerar lo contrario es reconocer que la Iglesia es una Administración pública”, explica.
La publicación del listado de los bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia católica —entre los que además de templos, registrados sin otro título que una certificación eclesiástica, hay pisos, garajes o viñedos— fue recibida de manera agridulce por parte de las asociaciones que integran Recuperando. “El listado está incompleto, puesto que no se incluyen los bienes inscritos antes de 1998, no están las notas simples…”, advierte Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica y de Recuperando.
La coordinadora se ha reunido en varias ocasiones con PSOE y Unidas Podemos para tratar de impulsar una nueva normativa que permita “revertir los registros irregulares” y “recuperarlos para el dominio público”, señala Rodríguez, que insiste en que “el hecho de que la titularidad sea pública no es incompatible con posesión por parte de la Iglesia”. En la carta remitida a Calvo, López recuerda que se han incluido las declaraciones de Pedro Sánchez en su discurso de investidura en las que anunció que promovería “modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones irregulares practicadas por los obispos”.
Picó sostiene que ahora mismo la posibilidad de poder revertir la situación actual “está bloqueada”, pero aplaude el envío de la carta a la vicepresidenta. “Algo tendrá que hacer o decir y mientras tanto hemos conseguido movilizar a los ciudadanos”, señala. Este viernes la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla ha convocado una concentración a las 12.00 en la plaza Virgen de los Reyes para reivindicar la anulación de las inmatriculaciones de la Iglesia en Sevilla bajo el lema “Recuperemos el Patio de los Naranjos”.
