Tras la sanción de la ley 27.610 en Argentina, y en el marco de procesos electorales, los gestos a favor y en contra del derecho al aborto se hicieron notar en la región. En Chile comenzó a debatirse en el Congreso. En Brasil y Venezuela avanza la criminalización. En Honduras y Perú los partidos conservadores buscan restringir más aún el acceso. En México se propone una consulta popular. Un panorama sobre los movimientos de enero en el tablero regional.
América Latina y el Caribe es una de las regiones más restrictivas del mundo para acceder al aborto. Se estima que se practican 6,5 millones de interrupciones al año y que el 95% son inseguras. Sólo un reducido número de países permite la interrupción voluntaria sin restricción de causales: Uruguay (2012), Cuba (como una de las conquistas de la Revolución, desde 1965), Guyana (1995), Puerto Rico (1973) y los estados mexicanos de Oaxaca (2019) y de la Ciudad de México (2007), a los que Argentina se sumó recientemente. Se trata aproximadamente del 5% de la población total de mujeres de entre 15 y 44 años que viven en la región.
Jamaica, República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde incluso se anularon las leyes más progresivas, en cambio, lo rechazan totalmente. Mujeres como la salvadoreña María Teresa Rivera, que fue condenada por un aborto espontáneo a más de 40 años de prisión, siguen sufriendo las consecuencias de esa criminalización. En los restantes 20 países, el aborto sólo se permite bajo el régimen de causales, como la violación y el peligro la salud o de la vida de la persona gestante, entre otras.
Del otro lado de la cordillera
En Chile, el aborto comenzó a permitirse bajo determinadas circinstancias recién en 2017, cuando se sancionó la ley “de tres causales” con objeción de conciencia institucional. La ley dio fin a la prohibición que impuso en 1931 la dictadura cívico-militar liderada por Pinochet, que calificó al aborto como “delito contra el orden de la familia y contra la moralidad pública”. Actualmente, sólo se puede acceder ante casos de “violación”, “inviabilidad fetal” o “riesgo de muerte de la madre” en algunos establecimientos de salud, ya que más del 50% de los profesionales se declaran objetores y, además, el acceso no es gratuito.
El 13 de enero pasado, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del parlamento chileno comenzó a debatir en el Congreso un proyecto de 2018 presentado por diputadas del Frente Amplio y el Partido Comunista. Aunque la posibilidad que avance son pocas, el proyecto propone despenalizar hasta la semana 14 de gestación, manteniendo luego el régimen de causales.
En el marco del proceso constituyente pactado por los partidos tradicionales, mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista llaman a depositar confianza en la presión parlamentaria para despenalizar el aborto, dejando la legalización “para otra oportunidad”, el precandidato pinochetista Joaquín Lavín, de Unión Demócrata Independiente, ex ministro de Sebastián Piñera y miembro del Opus Dei, anunció que de aprobarse la ley siendo presidente, la vetaría.
“No podemos dejar esta pelea para un futuro incierto”, reflexiona Pamela Contreras, candidata constituyente por Pan y Rosas y el PTR de Chile. Si bien la despenalización sería un avance, en un país donde el acceso a la salud pública y gratuita no está garantizado; donde existe la objeción de conciencia institucional; y donde ya se anunció el veto de cualquier medida progresiva, la necesidad de fortalecer la lucha en las calles se reactualiza.
Bajo el gobierno de Bolsonaro, y del PT también
Algo similar afirmó Bolsonaro el 31 de diciembre, tras la sanción de la ley argentina. «En la medida en que dependa de mí y de mi gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo», asreguró. Este 18 de enero volvió sobre el tema y dijo que el Congreso de su país «no aprobaría el aborto y yo, en todo caso, lo vetaría”.
No son sólo declaraciones a los medios. En Brasil, el acceso a los abortos legales (exclusivamente bajo la causal de violación) se vio impedido por el cierre de muchas de las clínicas que brindaban el servicio de aborto, en el marco de la pandemia. Según la cadena BBC, de las 76 clínicas registradas, sólo 42 estaban abiertas en diciembre de 2020. A esas barreras se sumó el accionar de los grupos antiderechos y funcionarios “provida”, que llegaron a intervenir activamente para impedir este derecho ante casos escalofriantes, como el de una niña de 10 años que sólo pudo acceder a la práctica siendo ingresada en el baúl de un auto.
Quien encabezó esa campaña fue la ministra de Mujer y Derechos Humanos de Brasil, la pastora Damares Alves. Junto a Bolsonaro, lograron imponer este año que, para acceder al aborto no punible en casos de violación, haya que presentar denuncia penal previa. La negativa de este derecho básico y elemental, bajo los gobiernos de Lula da Silva (2003-2013) y Dilma Rousseff (2013-2016) del PT -y ni hablar de Bolsonaro- se mantuvo y se mantiene. Mientras los partidos cuidan sus vínculos con las jerarquías clericales, quienes pagan las consecuencias son las más jóvenes y pobres.
Honduras: más límites para deshacerse de la prohibición
En Honduras, que también se encamina hacia un proceso electoral en 2021, el vicepresidente del Congreso, Mario Pérez -del conservador Partido Nacional- presentó el 10 de enero un proyecto de que busca prohibir cualquier cambio a la legislación actual, que ya prohíbe la práctica en cualquier caso, “por considerar que prácticas de este tipo van en contra de la naturaleza humana”. De aprobarse esta ley, la legalización sólo podría tener chances si una “Asamblea Nacional Constituyente lo decide por unanimidad”.
Aunque la Carta Magna del país donde fue asesinada Berta Cáceres ya determina que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”, por lo que el aborto se considera delito incluso en casos de violación y riesgo para la vida o la salud, el proyecto del Partido Nacional busca añadir que “se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer” y que “serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario”.
Desde el movimiento de mujeres hondureño denuncian que ninguna ley, reforma, reglamento o resolución puede ser contraria a los derechos reconocidos, “particularmente en los tratados internacionales como la Convención Americana”: “un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado’, señalan, y convocan a desplegar solidaridad internacional.
México: los derechos de las mujeres no se plebiscitan
Tras la legalización en Argentina, trascendió que la Ley de Amnistía publicada el 5 de enero en la Gaceta del Gobierno del Estado de México dará libertad, junto a otros sectores, a las mujeres que estén presas por abortar en cualquier modalidad. Sin embargo, en éste y otros 30 estados mexicanos, el aborto sigue siendo ilegal y clandestino.
Distintas organizaciones de mujeres denuncian en este marco que una “consulta ciudadana” como la que promueve Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no puede ser la herramienta que defina sobre la vida de las mujeres en el país que sólo permite el aborto hasta la semana 12 en los estados de Ciudad de México y Oaxaca. En los restantes estados, la penalización se mantiene bajo el régimen de causales (como las de violación y, en algunos estados, las de “pobreza extrema”, “malformación congénita” y “riesgo de salud de la madre”).
El 31 de diciembre el Presidente AMLO volvió a decir que el tema “debe consultarse” porque es «polémico». «Si se considera que esto es necesario e importante, existe una vía para que esto se decida sin que intervengan estructuras de poder», afirmó. Flora Aco, referente de Pan y Rosas México y candidata a una diputación federal, apunta que aunque algunos diputados y diputadas del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijeron ese día que cumplirán con el compromiso de promover la legalización, “en más de dos años de gobierno y con mayoría en las Cámaras federales y locales, nunca impulsaron que el Estado reconozca este derecho elemental”.
La alianza con el Partido Encuentro Solidario (PES) lo explica en gran medida, porque junto a las jerarquías católica y evangélica juegan un importante papel para mantener la penalización e incluso para declarar, donde pudieron, la “defensa de la vida desde la concepción”. De cara a las elecciones intermedias de 2021, el Morena acordó además un frente electoral con el Partido Verde, otro partido abiertamente conservador. En el marco electoral, Flora Aco cuenta que la supuesta “neutralidad” de López Obrador y el Morena se contrapesa también con los largos espacios en radio y televisión concedidos a las Iglesias y con una mayor injerencia de esta institución en los contenidos educativos.
Venezuela: presa por acompañar a una niña víctima de violación
El 12 de octubre pasado, la joven maestra y activista por los derechos de las mujeres Vannesa Rosales fue detenida en Mérida, Venezuela, por acompañar la interrupción de un embarazo producto de una violación. Suhey Ochoa, de La Izquierda Diario en ese país, cuenta que el Estado “le imputa cargos por brindar información y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo a una adolescente de 13 años que fue violada, mientras su violador sigue libre y sin juicio”.
Más de 200 organizaciones de mujeres denuncian, a nivel regional, que Vannesa está detenida “por cumplir su labor como defensora de DDHH de las mujeres” y advierten que “nadie debe estar presa por exigir derechos”.
“La conquista del aborto legal en Argentina es un punto de apoyo para que podamos pelear acá para que ninguna niña o mujer se vea forzada a continuar un embarazo no deseado y ninguna persona tenga que sufrir la injusticia que hoy se ensaña contra Vannesa”, agrega la referente de la agrupación Pan y Rosas en Venezuela, país que bajo el gobierno de Nicolás Maduro es uno de los más restrictivos para el acceso al aborto en la región.
Perú: “pro-vidas” y “”fujimoristas” contra el movimiento de mujeres y el derecho a decidir
En Perú, las mujeres pueden acceder hasta la semana 22 en caso de riesgo de vida o salud. Pero los protocolos no se aplican y los casos de violación no se contemplan como causal para acceder a la práctica.
Un estudio del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) mostró que el 19% de mujeres de Perú se practicaron al menos un aborto a pesar de la prohibición. A la hora de hacerlo, tenían en promedio entre dos y tres hijes y eran mayoritariamente pobres. “En Perú se estima que el 49 % de los abortos quirúrgicos terminan en hospitalizaciones”, cuenta Cecilia Quiróz, editora de La Izquierda Diario en este país, y agrega que, aún así, hay muchas mujeres y jóvenes que cruzan la frontera desde Chile, arriesgando su vida, su salud y su libertad.
Tras la sanción de la ley Argentina, el gobierno del país donde más de 300 mil mujeres fueron esterilizadas de manera forzosa en los ‘90, reiteró su rechazo a la legalización. Una de las voces cantantes de esta política fue Rosangela Barbarán, candidata del evangelismo al Congreso por el partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori. Barbarán, que se autodenomina “afroperuana para la Derecha”, “pro-vida” y “”fujimorista”, difundió un repudiable video tras la sanción del aborto en la Argentina.
Para que la conquista de la legalización se extienda
A comienzos de 2020, un documento de la Organización Mundia de la Salud (OMS) alertó que una reducción de 10% en los servicios de salud de la región podría resultar “en unos 15 millones de embarazos no deseados, 3.3 millones de abortos en condiciones de riesgo y 29.000 muertes maternas adicionales”.
Los resultados al 2021 aún no se conocen, pero a la señal de alerta de la OMS hay que sumar que en muchos países la negación y suspensión de servicios de interrupción voluntaria del embarazo y los recortes para el acceso al misoprostol y la mifepristona, fueron moneda corriente en el marco de la pandemia.
La influencia de las iglesias Católica y Evangélica para impedir que se garantice el derecho al aborto, la educación sexual integral, los abortos no punibles y la anticoncepción gratuita, entre otros derechos sexuales y reproductivos, es una realidad que conocemos muy bien en Argentina. En un contexto donde la marea verde vuelve a instalar la agenda por los derechos de las mujeres en la región, y no necesariamente para promover el avance en el acceso a este derecho, la conquista del aborto legal es un triunfo de todas las mujeres y disidencias latinoamericanas que debe ser defendido con más organización y confianza en la propia fuerza de lucha para que su ejemplo se extienda.
