El Parlamento montenegrino, dominado por fuerzas proserbias, aprobó este martes – entre grandes protestas ciudadanas y de la oposición – frenar la nacionalización de bienes de la Iglesia Ortodoxa Serbia que preveía una ley anterior.
La enmendada «Ley de Libertad Religiosa» recibió el apoyo de 41 diputados del Parlamento montenegrino – de 80 escaños -, en una sesión boicoteada por los diputados de la oposición, que hasta hace poco apoyaban al anterior Gobierno y aprobaron la nacionalización.
Horas antes de la aprobación de la nueva versión de la ley, miles de personas protestaron ante el Parlamento en Podgorica, la capital montenegrina, contra su modificación por considerar que va en contra del Estado montenegrino y favorece a la Iglesia Ortodoxa Serbia.
Algunos de los manifestantes lanzaron consignas como «esto no es Serbia» para expresar su malestar con la enmienda.
Montenegro está profundamente dividido entre quienes abogan por relaciones más estrechas con Serbia y quienes quieren reforzar sus vínculos con Occidente y la OTAN.
El pasado agosto venció por un estrecho margen la coalición conservadora «Por el futuro de Montenegro», aglutinada en torno al Frente Democrático (DF), dominado por nacionalistas serbios y prorrusos, y dos alianzas de centro izquierda.
En esas elecciones legislativas perdió por primera vez después de 30 años de gobierno el Partido Democrático de los Socialistas (DPS), que introdujo a la pequeña república balcánica en la OTAN y que aprobó la ley que preveía expropiar propiedades a la influyente Iglesia Ortodoxa Serbia.
Esa ley en su versión inicial, que había sido aprobada hace un año, causó protestas multitudinarias durante meses por quienes la veían como discriminatoria y como una medida que profundizaba la polarización en la sociedad.
La Iglesia ortodoxa serbia es la más seguida en Montenegro, un pequeño país de unos 620.000 habitantes, que se independizó en 2006 del Estado común que formó con Serbia tras la desintegración de Yugoslavia.
La modificación de la controvertida ley es uno de los primeros pasos del nuevo Gobierno, que inició su mandato a principios de mes.
El presidente del país, Milo Djukanovic, líder del DPS, que perdió la mayoría en agosto, tiene un plazo de siete días para suscribir la ley o tres para devolverla a una nueva votación del Parlamento, y si es nuevamente aprobada el presidente debe confirmarla.
