COMENTARIO: En esta discriminación que se produce en un Estado laico, que viene sufriendo los embates de la iglesia católica para romper ese laicismo, afecta a minorías religiosas, pueden imaginarse la situación de los que ni siquiera sus convicciones son de carácter religioso. Cuando tanto unas como otras debían gozar del mismo estatus, y el Estado no privilegiar ninguna de ellas.
Aunque la libertad religiosa, los derechos humanos y el Estado laico están garantizados en la Constitución, en los hechos tres de cada 10 personas que pertenecen a alguna minoría religiosa resienten el rechazo y la falta de aceptación de la mayoría.
Así quedó de manifiesto durante los trabajos de la mesa "Retos y perspectivas de la libertad religiosa en México", organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) con la colaboración de la Asamblea Legislativa y la Organización Christian Solidarity World Wide, en la que participan representantes de diferentes tendencias religiosas.
En su oportunidad, el coordinador de Relatoría de la CDHDF, Gerardo Sauri, destacó que este resultado es congruente con los indicadores del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en los que se encontró que solo siete por ciento de los entrevistados señaló que no tiene problema por su religión.
Sauri Suárez señaló que en las ciudades de León, Guanajuato; Toluca, Estado de México y Torreón, Coahuila, se percibe el mayor rechazo, la falta de aceptación, discriminación y desigualdad contra los seguidores de religiones minoritarias.
Al margen de los resultados en la encuesta nacional sobre discriminación, el director del Centro para el Estudio de la Religión en América Latina, Adoniram Gaxiola, consideró que el reto de la laicidad en México pasa por el terreno de lo jurídico, pues se requiere de la adecuación del marco legal para garantizar la libertad religiosa.
Aparejado con la adecuación jurídica, también hace falta una cultura de mayor tolerancia en la sociedad mexicana, ya que "el fortalecimiento de la cultura de la laicidad pasa y depende en buena medida de la autonomía que las comunidades religiosas puedan tener ante el Estado", apuntó.
Hizo notar que como integrante de una religión minoritaria observa que los vínculos oficiosos entre la jerarquía católica y funcionarios de los tres niveles del gobierno mexicano resultan atentatorios contra la laicidad y la tolerancia religiosa.
A su vez el sacerdote Manuel Corral, secretario ejecutivo de Relaciones Públicas e Institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se pronunció también por reformar el marco jurídico para garantizar plenamente la libertad religiosa.
"El reto consiste fundamentalmente en incorporar al Artículo 24 de la Constitución los ámbitos en los que se manifiesta la opción religiosa para los mexicanos", es decir sin las restricciones que ahora existen, puntualizó.
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