El decreto de escolarización de PP y Cs en vigor desde este jueves rebela a la izquierda y provoca el enfado sindical: el Gobierno andaluz se enfrenta a una huelga educativa a la que están convocados más de 120.000 profesores el próximo 4 de marzo
El pasado lunes comparecieron en una rueda de prensa los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo (PP), y de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), en la que anunciaron la aprobación del decreto de escolarización, que deja manos libres al Ejecutivo que preside Juanma Moreno (PP) para reforzar la escuela privada y concertada, que en Andalucía es mayoritariamente católica.
Este decreto es en realidad una de las medidas estrella que desarrolla los pactos que ambos partidos firmaron al principio de la legislatura y que después el PP amplió con Vox para amarrar el cambio de Gobierno en Andalucía después de 37 años de gobiernos consecutivos del PSOE en Andalucía. En ellos, se recoge con claridad una apuesta por la escuela concertada.
Así, el punto 71 del acuerdo de Gobierno que tienen firmado PP y Ciudadanos recoge lo siguiente: «Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada».
La aprobación y publicación posterior de este decreto, que ya está en vigor, ha causado la primera quiebra real en la narrativa de moderación que, a pesar de algunos pronósticos adversos, trataba de instalar el nuevo gobierno andaluz, formado por dos partidos, PP y Cs, apoyados desde fuera por otro más, Vox, inexperto y de ideología de extrema derecha.
La actuación del consejero Imbroda, que ha lanzado el decreto sin pactarlo con los representantes de los trabajadores, ha causado que el próximo día 4 de marzo, el Gobierno andaluz afronte una huelga a la que están convocados más de 120.000 docentes.
Al malestar de usuarios y trabajadores con la sanidad pública, que, de momento el Ejecutivo aguanta a duras penas –por el camino se ha quedado el gerente del SAS, cuya cabeza entregó hace unos meses Moreno para aliviar la presión–, se le une ahora el rechazo a un decreto que los sindicatos consideran un ataque en toda regla a la escuela pública.
La huelga quiebra así la paz social de la que el nuevo gobierno había disfrutado hasta ahora y pone en jaque el discurso de moderación en las políticas que el presidente Moreno –él mismo un hombre de talante afable–, desde que llegó al cargo, y, a pesar de sus pactos con Vox, ha tratado de colocar, con la idea de no molestar a la izquierda y con el inequívoco objetivo político de fomentar la desazón y desalentar el voto a las propuestas progresistas, que tan buen resultado les dio en las pasadas autonómicas de 2 de diciembre de 2018.
El artículo 9.4
Este viernes, los sindicatos de la enseñanza pública ANPE, CCOO, CSIF y UGT, se reunieron con el consejero Imbroda y le reclamaron que retire el artículo 9.4 del decreto que dice así: «En los municipios o ámbitos territoriales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencias para cada enseñanza se configurarán de forma que las familias tenga la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo».
Los representantes de profesores y trabajadores de la enseñanza consideran que con la aplicación de ese artículo «se suprimirán unidades públicas y, en consecuencia, personal docente».
La reacción de la Consejería de Educación, que dirige Imbroda, al rechazo sindical al decreto, que ha sido bautizado por el PSOE –que confía en que esta medida unilateral del Gobierno de PP y Cs le ayude a recuperar voto perdido– como «decretazo», ha sido errática y no ha obtenido frutos evidentes, sino todo lo contrario: ha contribuido a incrementar el enfado sindical.
Por momentos, ha tratado de negar que el decreto vaya a modificar aspectos sustanciales de la configuración, por otro, ha tratado de convencer de que existía un consenso en el Consejo Escolar al respecto de la redacción del decreto –lo que reclamó en realidad el consejo, por ejemplo, fue «suprimir el apartado 9.4» del borrador que se le sometió a estudio, algo que Educación desoyó– y también ha tachado de falsedades algunas de las críticas recibidas.
Mucho más claro que Imbroda fue el consejero Bendodo en la rueda de prensa del lunes pasado: «El paso de hoy es un paso que marca el camino. Lo que pretende el Gobierno es dar pasos para que más pronto que tarde los padres puedan elegir llevar a sus padres al colegio que les dé la gana. Este paso se irá potenciando en el futuro”.
