El Parlamento portugués ha aprobado este jueves tramitar los cinco proyectos de ley presentados sobre la muerte asistida gracias al voto mayoritario de los diputados socialistas y los del Bloco de Esquerda. Antes de entrar en vigor —y acabados los trámites parlamentarios— deberá superar el poder de veto de la Presidencia de Portugal y el parecer del Tribunal Constitucional.
Los dos mayores partidos, el Partido Socialista (PS, 108 diputados) y el Partido Socialdemócrata (PSD, 79) dieron libertad de voto a sus miembros y, aunque se pudieran producir cruces de votos (el escrutinio final no se ha hecho público), no se ha modificado el resultado previsto. El proyecto del PS fue el que más votos recibió, 127 de los 222 diputados presentes (la cámara tiene 230), seguido del del Bloco, con 124.
Es la segunda vez que la cámara portuguesa vota una ley para legislar sobre este asunto. La primera, en 2018, rechazó despenalizar esta práctica en una votación muy ajustada que se resolvió con una diferencia de tan solo lo cinco votos. Sin embargo, en el nuevo parlamento, salido de las elecciones del pasado octubre, los defensores de la eutanasia han obtenido más votos que los contrarios. Según una reciente encuesta del Instituto Universitario Egaz Moniz, el 50,5% de los portugueses es favorable a la eutanasia, el 25,6% contrario, y el resto, un 23,9%, está indeciso.
Las cinco propuestas —del PS, Bloco de Esquerda (BC), Personas Animales Naturaleza (PAN), Verdes e Iniciativa Liberal— no difieren en lo sustancial: solo podrán recurrir a la muerte asistida portugueses —o los que tengan residencia en el país— mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y que sufran una enfermedad o lesión incurable e insufrible. En todos ellos, los trámites garantistas exigen la corroboración del paciente hasta en cuatro ocasiones, el seguimiento del proceso por parte de una comisión médico-jurídica y el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud.
En el texto de Los Verdes se puntualiza que la muerte asistida solo se podrá practicar en centros de salud pública, mientras que el PAN añade la dolencia psicológica a los casos en que se pueda recurrir a la eutanasia. En comisión se deberán limar las pequeñas diferencias.
«El proyecto de ley de acceso a la muerte médicamente asistida», señaló el portavoz del Bloco, José Manuel Pureza, «se basa en no obligar a nadie y no impedir a nadie». Pureza calificó de «cínica» la iniciativa de un referéndum, que ningún partido político contempló en la reciente campaña electoral ni en sus programas electorales, según recordó André Silva, en la presentación del proyecto del PAN.
«No se trata de liberalizar la eutanasia sino de despenalizarla», señaló la socialista Isabel Moreira. «Decir que no es necesaria esta ley porque la gente siempre se puede suicidar es de una crueldad repugnante».
La posición del Partido Comunista (PC) rompió la dialéctica de derechas-izquierdas. «Se discute aquí si el Estado que niega los medios dignos para vivir a muchos millones de ciudadanos, le debe ofrecer los medios para morir con dignidad», declaró el portavoz António Filipe, quien recordó que solo el 25% de la población tiene acceso a los cuidados paliativos, «y no precisamente los más pobres».
Filipe añadió que no quiere que en Portugal se llegue a la banalización de la eutanasia que existe en Bélgica y Países Bajos. El portavoz del PAN le recordó que Lenin, ya en 1922, legalizó la eutanasia en la URSS. El diputado de Chega, André Silva, replicó que también la legalizó Hitler.
En el caso del PSD intervinieron diputados a favor y en contra. Si António Ventura incidió en la práctica generosa en países como Bélgica y Holanda, donde ya se extiende a menores o a personas con dolencia crónica, el diputado André Coelho valoró la despenalización de las personas que ayudan a otra a morir. El líder del PSD, Rui Rio, votó a favor.
El portavoz del derechista CDS, Telmo Correia, también insistió en cómo la eutanasia se está aplicando en otros países, concretamente en los Países Bajos, donde el 30% de los casos de eutanasia no se fundamentó.
«Todos tenemos dudas, quiénes somos nosotros para juzgar el sufrimiento de otros», dijo el socialista Porfírio Silva. «Esas dudas las tenemos que trabajar en la comisión, pero no tenemos el derecho de exigir a nadie el martirio», cerró el debate el portavoz del Bloco, Filipe Soares. Y añadió: «No debemos tener una ley que escoja por nosotros sino una ley que dé libertad a nuestra elección».
Durante el debate, unas dos mil personas se manifestaron en el exterior del parlamento en contra de la eutanasia y a favor de un referéndum.
Los discursos de unos y otros no variaron el resultado final, ya previsible. Tampoco variará en el paso por la comisión y la consiguiente vuelta del texto final al plenario. El último recurso para los contrarios a la eutanasia es el referéndum. La presentación de 60.000 firmas obliga a que el Parlamento tramite la petición de la consulta popular, lo que no significa que la apruebe. Todos los partidos se mostraron en contra de la iniciativa pues dañaba su legitimidad legislativa, pero algunos (PSD, CDS, Chega) ya han anunciado que votarán a favor si la petición llega a la Cámara, en cualquier caso votos insuficientes para la mayoría absoluta que forman PS más Bloco de Esquerda.
Al margen de los trámites parlamentarios y legales, los hospitales privados de las cadenas CUF y LUZ han anunciado públicamente que en sus centros no se practicará la eutanasia. Tampoco se practicará en las Casas de Misericordia. Tres de cada cinco médicos se han mostrado a favor de la eutanasia, pero el Colegio de Médicos ha anunciado que no modificará el código deontológico.
LA ÚLTIMA PALABRA SERÁ DEL CONSTITUCIONAL
El presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, deberá promulgar la ley de la eutanasia o enviarlo al Tribunal Constitucional para que dé su parecer o vetarlo. En este caso, el texto volvería al Parlamento, que tiene la facultad de aprobarlo otra vez sin enmienda alguna, lo que ya sería definitivo.
Lo más probable es que el texto acabe en el Tribunal Constitucional, bien por iniciativa del presidente bien por petición de alguno de los grupos parlamentarios. La Constitución garantiza el derecho a la vida y su inviolabilidad. En su artículo 24.1, señala que «nadie puede disponer de su vida, como nadie puede perjudicar a su libertad o el respeto por sí mismo». Sin embargo la Constitución da para muchas interpretaciones.
Para el actual presidente del alto tribunal, Manuel da Costa Andrade, «cualquiera de las dos soluciones es constitucional, tanto la admisión de la eutanasia como su negación». Esto lo decía el penalista en una audición parlamentaria en el año 2016, cuando aún no presidía el máximo tribunal.
