En un fallo unánime, los magistrados del máximo tribunal de las Naciones Unidas dispusieron que el Gobierno birmano debe tomar medidas para resguardar a la minoría musulmana rohinyá de la violencia genocida y que no destruya la evidencia de crímenes ya ocurridos. Gambia fue el país que llevó el caso a este tribunal.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este jueves una orden en la que estipula que Myanmar debe tomar medidas provisionales que protejan a los rohinyá que habitan en su territorio de cualquier acto genocida, según lo manda la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, que data de 1948.
El fallo también dispone que el Gobierno birmano no destruya las evidencias relacionadas con las denuncias de acciones cometidas que puedan constituir genocidio de acuerdo con la Convención.
La decisión unánime de los jueces del máximo tribunal de la ONU se basó en la presunción de pruebas que indican que Myanmar transgredió el instrumento internacional contra ese crimen y opinó que los rohinyá se encuentran en una situación extremadamente vulnerable en ese país y que aún corren un grave riesgo de genocidio, como lo mostraron las conclusiones de la Misión Investigadora nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, divulgadas en septiembre pasado.
Gambia vs Myanmar
El caso fue presentado a la Corte en noviembre de 2019 por Gambia, que argumentó que Myanmar ha perpetrado y sigue perpetrando actos genocidas contra los rohinyá, a quienes describe como “un grupo étnico, racial y religioso que vive principalmente en el estado birmano de Rakhine”.
Gambia asevera que el ejército y las fuerzas de seguridad birmanas, así como individuos que operan bajo su tutela, han violado y ejercido otras formas de violencia sexual, además de torturar, golpear, infligir crueldad y destruir o privar de alimentos y vivienda a esa minoría musulmana.
Myanmar, por su parte, negó todas las imputaciones hechas por Gambia y acusó al país africano de actuar como “agente” de la Organización para la Cooperación Islámica.
Sin embargo, la Corte consideró que al menos algunos de los actos denunciados por Gambia podrían transgredir las provisiones de la Convención contra el Genocidio.
Cuatro medidas
El magistrado presidente de la Corte, Abdulqawi Yusuf fue el encargado de leer la decisión de los 17 jueces que examinaron el caso, con las cuatro medidas cautelares provisionales de protección a los rohingyá:
- Myanmar debe tomar todas las medidas a su alcance para evitar que se cometa contra los rohingyá cualquier acto prohibido por la Convención contra Genocidio, en especial:
matar a integrantes de la comunidad, causar daños graves físicos o mentales contra cualquier integrante del grupo, infligir deliberadamente contra esa comunidad condiciones de vida que llevarían a sus integrantes a su destrucción física, e imponer medidas con el fin de evitar nacimientos en ese grupo. - Myanman debe impedir que sus militares y cualquier grupo armado irregular actúen, conspiren, inciten o intenten cometer genocidio, o que sean cómplices de ese crimen.
- Myanmar debe tomar provisiones efectivas para evitar la destrucción y garantizar la conservación de evidencias relacionadas con las denuncias de actos genocidas que se ajuste a la Convención contra el Genocidio.
- Dentro de cuatro meses, Myanmar debe presentar a la Corte un informe sobre las medidas que haya tomado a partir de esta fecha para cumplir con el fallo y, después de ese primer reporte, deberá seguir informándola cada seis meses hasta que el tribunal tome una decisión final sobre el caso.
La Corte Internacional de Justicia sólo acepta casos presentados por un Estado contra otro y tiene jurisdicción para evaluar denuncias de violación a la Convención contra el Genocidio incluso cuando el Estado en cuestión no atraviese una situación de violencia o acoja refugiados. Los procesos de la instancia jurídica pueden tomar varios años.
Según datos de la ONU, más de 700.000 rohinyá han cruzado la frontera de Myanmar a Bangladesh de 2017 a la fecha, huyendo de la violencia contra su comunidad. Actualmente viven en campamentos para refugiados y asentamientos irregulares en la zona de Bazar Cox.
