La vicepresidenta primera se ha reunido con el Nuncio para comenzar a tratar el pago del IBI de la Iglesia y la modificación de la asignatura de Religión en las escuelas
Calvo destaca sus «muy buenas relaciones» con el cardenal Parolin y con Bergoglio, mientras los obispos continúan con las declaraciones beligerantes hacia el Ejecutivo
Roma no ve con buenos ojos la actitud de la Conferencia Episcopal, en especial tras la exhumación de Franco; de ahí que acepten el diálogo sin intermediarios
Es la mujer que marcará el futuro de las relaciones Iglesia-Estado en España, y está dispuesta a hacerlo sin dar mucho margen a los propios obispos españoles. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recibido este miércoles al nuevo nuncio del Papa, Bernardito Auza, y la reunión ha servido para escenificar una advertencia a la Conferencia Episcopal: este Gobierno puede saltarse la intermediación de los obispos españoles y negociar directamente con el Vaticano.
El encuentro, previsto como un saludo, se convirtió, antes de comenzar, en el arranque de las conversaciones para conseguir que la Iglesia católica pague el IBI o afronte cuestiones educativas como el futuro de la clase de Religión o los centros concertados. Así lo anticipaba a primera hora la vicepresidenta en los micrófonos de la Cadena SER. «Esta misma mañana, cuando salga de aquí, voy a recibir al nuevo nuncio. Tengo unas expectativas muy grandes».
Durante la entrevista radiofónica, Calvo ninguneó expresamente a la Conferencia Episcopal, a la que citó solo una vez, y dejó claro que ella negociará con el nuncio y con el secretario de Estado, Pietro Parolin, con quien mantiene «unas muy buenas relaciones».
Los obispos ya esperaban un cambio de tercio radical en la relación con el Gobierno desde que se anunció que su única interlocutora sería Calvo, que tuvo un papel importante en la conflictiva exhumación del dictador Francisco Franco. Las voces críticas se han elevado incluso antes de la formación del gobierno de coalición, y la Conferencia Episcopal se ha encargado de colocarse abiertamente en una posición beligerante. Su vicepresidente, el arzobispo Antonio Cañizares, cargó este mismo miércoles contra la posición del Ejecutivo sobre el veto parental. Aseguró que son los padres quienes educan y no la escuela: «Si no, todavía no hemos salido de los gulags», lanzó.
Un antes y un después de la exhumación
«Hay un calendario de trabajo que ya le he comentado al señor Parolin, y que él sabe que vamos a cumplir», destacó Calvo, que anunció a primera hora: «Hay una agenda importante que vamos a tratar, y vamos a empezar esta misma mañana». El hecho supone una gran novedad en las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia en España, puesto que tradicionalmente el Vaticano delegaba en los responsables de la Conferencia Episcopal cualquier negociación, a pesar de que todos los privilegios de la Iglesia católica están consagrados en un acuerdo internacional, suscrito entre el Estado Vaticano y el Español en 1979.
La dinámica, tras las palabras de Calvo, cambia radicalmente. A partir de ahora, los interlocutores parecen ser el nuncio en España y el secretario de Estado, Pietro Parolin. Sin embargo, fuentes de la Vicepresidencia apuntan que no se ignorará a los obispos y que Calvo mantiene buena relación con algunos de ellos de su etapa como consejera de Cultura en Andalucía.
En cualquier caso, las difíciles relaciones entre la actual cúpula de la Conferencia Episcopal y el Gobierno, que vienen de lejos, han tenido su momento más álgido durante el tortuoso proceso que llevó a la exhumación de los restos de Francisco Franco. El Ejecutivo considera que, salvo excepciones (el cardenal Osoro, por ejemplo), los obispos españoles se pusieron de perfil, o directamente atacaron la decisión acordada por los tres poderes del Estado de sacar al dictador de Cuelgamuros. En medio del proceso, la propia Calvo dio el salto a Roma, donde se encontró en dos ocasiones con Parolin –hubo otro encuentro en Madrid, durante la COP25, ya con Franco en Mingorrubio–, y también tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco.
Línea directa con el Vaticano
La «magnífica relación» con Parolin de la que presume la vicepresidenta es la que el Gobierno confía que determine el debate sobre las cuestiones religiosas. Y aunque reconocen que no se puede marginar a la Conferencia Episcopal –»También tendrá que decir algo la Iglesia española, que es la que paga los impuestos en España»–, destacan que las próxima renovación de la cúpula eclesial puede cambiar el panorama.
Los obispos, mientras tanto, empiezan a meterse de lleno en su propio proceso electoral: en marzo deben elegir a un nuevo presidente de la CEE, y los posibles candidatos, especialmente del sector conservador, han comenzado a utilizar el miedo al gobierno –»marxista y comunista», en palabras de Cañizares– para calentar los ánimos de las huestes católicas. Esta actitud no es vista con buenos ojos desde Roma; de ahí la aceptación al diálogo directo con la vicepresidenta.
Entre los temas a abordar destaca el de la fiscalidad de la Iglesia católica y, en especial, el pago del IBI. «Tenemos una propuesta de trabajo, que conoce Parolin, y que va a comenzar ya. Queremos que la Iglesia responda exactamente igual que en Francia e Italia, en aquello que no tenga que ver estrictamente con su función», explicaba Calvo en la SER. ¿Qué supone esto? Que los templos dedicados al culto no paguen IBI, pero sí garajes, pisos y otras instalaciones no dedicadas específicamente al culto.
«Vamos hacia una nueva fiscalidad, mucho más justa, y eso lo sabe Parolin, que lo primero que me dijo fue que naturalmente que sí», adelantó la vicepresidenta. Calvo apuntó a la necesidad de reflexionar sobre la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, y apostilló: «La Iglesia católica rinde cuentas ante el Tribunal de Cuentas, pero debe hacerlo sobre cómo administra esos fondos en función de los objetivos que atiende, no de otras cosas».
La reforma educativa en marcha
Otro de los grandes temas que sobrevuelan esta tensa relación entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal es la reforma de la ley educativa, que apunta, entre otras cosas, a rebajar la categoría de la asignatura de Religión. «Tenemos algunas cuestiones importantes, el nuncio ya lo sabe», deslizó Calvo. Y destacó que el Gobierno quiere participar en la ‘cumbre educativa’ que la Santa Sede ha convocado para mayo.
«Tenemos que sacar adelante algunos asuntos, y yo percibo buen ambiente, que lo tengo, no sólo con el señor Parolin, sino también con el Papa», anticipó Calvo por la mañana. Y la sensación a la salida de la reunión no era menos optimista. Fuentes de vicepresidencia destacaron el buen ambiente y el entendimiento con Bernardito Auza, aunque rebajaron la expectativa sobre los avances de lo que calificaron como una fructífera «primera toma de contacto».
La buena energía fluye en ambas direcciones. El mismo nuncio ha asegurado que el encuentro con Calvo ha resultado positivo. «La reunión ha ido bien, muy bien. Estoy contento», ha asegurado Auza a eldiario.es. Los obispos, en cambio, evitan dar su opinión sobre el tema.
«El plan es seguir avanzando en las cuestiones que ya abordó en la reunión con Parolin: inmatriculaciones, cambio en la ley educativa y reforma fiscal», resumen fuentes del Gobierno. Y apuestan de lleno a la sintonía entre las dos partes.
De hecho, en contra de lo que decían los programas electorales tanto del PSOE como de Unidas Podemos, no se ha hablado en ningún momento de la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado, y este asunto no se ha incluido tampoco dentro del programa de Gobierno de coalición. Otro tema ausente de momento es la publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, así como la financiación de los religiosos que trabajan en hospitales o en el Ejército.
Comunicado de la Vicepresidencia
Según un comunicado remitido por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Calvo y Auza han expresado su disposición a seguir trabajando para «dar continuidad» a la agenda del Gobierno en materia religiosa. Una agenda que la vicepresidenta concretó durante su entrevista en la cadena Ser, apenas hora y media antes de la reunión.
Esto es: que la Iglesia tendrá que pagar el IBI en todo lo «que no esté afecto a sus funciones como religión», y se debatirá la cuestión educativa. No se tocarán, al menos de momento, los Acuerdos Iglesia-Estado.
Aunque en el comunicado no se refieren los términos de la reunión, desde el Gobierno se insiste en potenciar la relación con la Santa Sede, en un ‘toque de atención’ a la postura que está adoptando buena parte del Episcopado ante el nuevo Gobierno.
