El pin (veto) parental es «una vulneración del derecho fundamental a la educación», ya que prioriza «frente a dicho derecho fundamental el derecho accesorio que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Así se recoge en el requerimiento que Isabel Celáa, a través del secretario de Educación, Alejandro Tiana, ha hecho llegar a la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia, en el que le da un mes de plazo para eliminar esta medida, bajo la amenaza de llegar a los tribunales.
En dicho requerimiento, de cinco páginas, se insiste en que el ‘veto parental’, impuesto por Vox y elaborado por HazteOir en Murcia, supone «una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley» educativa, que además «excede el ámbito propio» de las competencias del Ejecutivo autonómico.
El pin parental (autorización expresa de los padres para la asistencia de sus hijos a charlas y talleres sobre temas morales y sexuales) es la medida que llevaba Vox en sus programas electorales y que ha impuesto en Murcia. Una propuesta elaborada, entre otras organizaciones, por HazteOir, y que se pretende implantar también en otras comunidades gobernadas por el PP, pero que precisan de los votos de Vox para aprobar sus presupuestos: Andalucía y Madrid.
Vulnera el derecho fundamental a la educación
El Ejecutivo cree además, que el pin parental es «una vulneración del derecho fundamental a la educación», ya que prioriza «frente a dicho derecho fundamental el derecho accesorio que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
