Un grupo de familias cristianas pretende que el estado de Montana les subvencione la escolarización de sus hijos en escuelas con identidad religiosa, pese a que la Constitución de Montana y otros 36 estados del país lo prohíben. Y al igual que en España con el apoyo de grupos ultracristianos pretenden que su demanda sea avalada por la Corte Suprema alegando que de lo contrario vulneran su «libertad» religiosa y de enseñanza y poder elegir el centro escolar para sus hijos.
La Suprema Corte de Estados Unidos dará inicio al estudio de un caso que ha sido presentado a los medios como el más importante de los últimos 60 años en materia de educación y derechos civiles. La posible sentencia sobre un programa de becas para primarias y secundarias privadas que incluye crédito fiscal impactaría directamente a la educación católica en estados que prohíben el uso de recursos públicos para la educación religiosa.
El caso es titulado «Espinoza v. the Montana Department of Revenue» y se trata sobre el caso de un grupo de madres de familia que debido a sus modestos ingresos contaban con el programa de becas para mantener a sus hijos en una escuela cristiana. Pero las autoridades del Departamento de Ingresos de Montana excluyó las escuelas religiosas debido a que la Constitución de Montana prohíbe el uso de recursos públicos para escuelas con identidad religiosa, un veto introducido en 37 estados del país.
«Lo que está en juego no puede ser más grande», indicó la Fundadora del Centro para la Reforma Educativa, Jeanne Allen, al informativo Great Falls Tribune. Si la Corte Suprema permite el programa de becas, las familias de recursos limitados «serían libres de obtener o continuar una educación de calidad sin temor a que se la quiten debido a una reliquia obsoleta de un pasado perjudicial, que es trágicamente lo que ocurrió en Montana». Una decisión en este sentido significaría una reforma de la Constitución local.
El Instituto para la Justicia, organización encargada de la defensa de las madres demandantes expuso los argumentos centrales que serán expuestos en una audiencia del miércoles 22 de enero. «Excluir las opciones religiosas de los programas de ayuda estudiantil generalmente disponibles viola la libertad religiosa de las familias y es totalmente inconstitucional bajo la Constitución federal», explicó el abogado Richard Komer. «El Instituto para la Justicia defenderá ese punto cuando discutamos este caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos».
Con información de Great Falls Tribune e Instituto para la Justicia.
