A través de su macrosistema de vigilancia, Pekín tiene control directo sobre las personas de su minoría musulmana que residen o quieren residir en otros países
Ablikim Yusuf tuvo miedo. Corría el año 2017 y este ciudadano uigur natural de Hotan (Xinjiang), en el noroeste de China, había logrado regresar a Pakistán y reunirse con su mujer e hijo después de una odisea que le había obligado a pasar un tiempo en un centro de detención. Fue entonces cuando un amigo le quiso presentar a alguien y le llevó a su oficina, en Islamabad, capital de Pakistán. «El que me presentó era paquistaní», relata Ablikim, de 54 años, en conversación con este diario. «Este hombre me dijo que él se había encargado de entregar a la policía fronteriza china a nueve uigures». Parecía una advertencia. Supo poco después que ese amigo de su amigo los había entregado «por dinero» recibido del «Gobierno chino». Buena prueba de que la represión del régimen comunista contra la minoría musulmana uigur traspasa fronteras, apoyada en el macrosistema de almacenamiento de información diseñado por Pekín y el trabajo de su red de embajadas y consulados en el extranjero.
El régimen chino de Xi Jinping, en su campaña de represión a los uigures, trata de vigilar todos sus movimientos en el extranjero, como revelan documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), en el que participa EL PAÍS.
Al régimen comunista chino —de la etnia han, como la mayoría de la población del gigante asiático— no le gusta que los uigures, alrededor de 11millones de ciudadanos del noroeste chino, salgan del territorio, ni mucho menos que obtengan documentos válidos para residir en el extranjero. Entre los documentos del ICIJ, un boletín confidencial firmado el 16 de junio de 2017 bajo el título Prevención de retorno y aprobado por Zhu Hailun, número dos del Partido Comunista de China en Xinjiang y entonces máximo responsable de seguridad, exige a las autoridades locales que controlen a los que hayan obtenido o quieran obtener papeles en el extranjero. Con dos posibles desenlaces si “no se descartan sospechas de terrorismo”: arresto o internamiento en centros de educación y entrenamiento, dos diferentes fases del confinamiento ideológico diseñado por Pekín y retratado en la filtración al ICIJ -la ONU estima en al menos un millón los uigures recluidos en estos campos-.
Este boletín no especifica en qué consisten esas sospechas de terrorismo, habituales para casi cualquier ciudadano uigur en el marco de la estrategia de «seguridad» lanzada por el presidente Xi en 2017 frente al separatismo. Ablikim Yusuf había trabajado en Pakistán desde 2013 en proyectos vinculados a la Nueva Ruta de la Seda china. Cuatro años después, ya en plena escalada de la represión contra los uigures, Ablikim llegó a Shanghái en un viaje de trabajo. «Cuando vieron mi pasaporte», cuenta, «me dijeron que yo era de Xinjiang». Y eso le llevó de Shanghái a Urumqi, capital de Xinjiang y de ahí a permanecer encerrado durante cuatro días en unas instalaciones «totalmente monitoreadas». Lo siguiente, según supo, sería llevarle a un campo de internamiento, pero negociaciones con su empresa en Pakistán le permitieron regresar a Islamabad.
Después llegó aquel encuentro con el amigo de su amigo y el miedo. El pasado 31 de julio cogió un vuelo hacia Bosnia-Herzegovina, un destino para el que no necesitaba visado. Pero en su escala en Qatar, las cosas se torcieron, el gran hermano chino le localizó y pidió su deportación. Solo una campaña iniciada por él mismo en la Red desde el aeropuerto de Doha permitió la intervención de Estados Unidos que frenó la expulsión y maniobró para que hoy viva en Washington. «Si hubiera sido repatriado, hoy estaría vivo. O quizá muerto», dice Ablikim.
La nota filtrada al ICIJ y firmada por Zhu Hailun forma parte de una remesa de cuatro boletines calificados como secretos, dispuestos en 11 folios. Su lectura permite reconstruir una suerte de gran hermano tecnológico chino para el almacenamiento de datos en la llamada Plataforma Integrada de Operación Conjunta (IJOP, en sus siglas en inglés).
“El examen [hecho por la] Plataforma Integrada [IJOP]”, dice el citado boletín, número dos según su encabezado, “encontró que hay actualmente 1.535 personas de Xinjiang que han obtenido nacionalidad extranjera y además han solicitado un visado chino”. De estos, prosigue la nota confidencial, 637 han podido entrar en el país en algún momento desde el 1 de junio de 2016 y 75 estarían aún en China. Zhu, jefe de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales, órgano de control de las fuerzas de seguridad, exhorta en el boletín a las autoridades de la región -que se apoyan en comités locales para estrechar y ejecutar la vigilancia- a que analice a estos 1.535 ciudadanos de Xinjiang, pero especialmente a los 75 en suelo chino. “Los que hayan cancelado ya su ciudadanía [china] y sobre los que no se puedan descartar sospechas de terrorismo, deben ser deportados”, dice el texto; “los que no hayan cancelado su ciudadanía y no se puedan descartar sospechas de terrorismo, deben ser llevados a [centros] centralizados de educación y entrenamiento y [ser] examinados”.
Bélgica, Tailandia, Egipto…
De que al régimen chino no le gusta que los uigures salgan sin control de Xinjiang dan también buena muestra las presiones recibidas por la familia del ciudadano uigur Ablimit Tursun, asilado en Gante (Bélgica) desde el pasado año. A finales de 2017, Ablimit, hoy de 51 años, se encontraba de viaje de trabajo en Turquía cuando fue informado del internamiento de su hermano en un campo. Nunca supo por qué. Ante el temor de correr la misma suerte, Ablimit decidió no regresar, viajar a Bélgica, pedir asilo e iniciar el proceso de reunificación de su familia, su mujer, Wureyetiguli Abula, y sus cuatro hijos.
Para completar las gestiones con el visado, Wureyetiguli se trasladó con sus hijos el pasado 26 de mayo desde Urumqi, capital de Xinjiang, a la Embajada belga en Pekín. “Lo hicieron en secreto”, relata en una videoconferencia Ablimit, “porque si hubieran pedido permiso nunca se lo hubieran dado”. Se alojaron en un hotel, al que la policía acudió para interrogarlos hasta en dos ocasiones antes de que fueran a la embajada, según el relato de Ablimit, que siguió los acontecimientos a través del móvil de su hija mayor. Cuando se vieron con el personal diplomático belga fueron informados de que los visados no estarían en otros dos meses. Wureyetiguli se negó a irse y unas horas después, la misión diplomática belga llamó a la policía china. Fueron detenidos, identificados y llevados de vuelta al hotel. El 31 de mayo, agentes de Xinjang les llevaron de vuelta a Urumqi.
Tras el escándalo, cubierto por la prensa, Bélgica pidió información a Pekín sobre la familia y su misión diplomática dejó listos los visados en 48 horas, papel mojado si las autoridades chinas no facilitan pasaportes a la familia de Ablimit. Y esta no es tarea fácil, más si cabe si estás fichado.
Detenciones en la frontera
En otro apartado de uno de los boletines obtenidos por el ICIJ se dice precisamente que la plataforma de vigilancia y seguimiento (IJOP) ha registrado que 4.341 ciudadanos de Xinjiang han obtenido documentos válidos en embajadas o consulados chinos. De estos, 1.707 no habrían abandonado territorio chino aún. Zhu Hailun pide en su escrito que los comités locales analicen a todos. Los que estén fuera y sean sospechosos de terrorismo serán detenidos en la frontera si deciden entrar en el país. Los que todavía residen en China, señala el boletín, “deben ser internados primero en [centros] centralizados de educación y entrenamiento para su examen”.
Ablimit Tursun habla con frecuencia con su mujer e hijos. Estuvo 18 días sin comunicarse con ellos, el periodo durante el que las fuerzas de seguridad de Xinjiang mantuvieron a Wureyetiguli sin su teléfono. De sus charlas archivadas en la aplicación WeChat, la más utilizada por los chinos, desaparecieron tres meses y aún hoy se esfuman misteriosamente algunas conversaciones. “La policía ha ido a visitarles con mucha frecuencia”, cuenta Ablimit; “no son todos los días, parece que esa vigilancia ha aflojado y ha sido sustituida por otra tecnológica”. Esto es, la obligatoriedad de usar tarjetas de identificación para entrar en casa y sistemas de reconocimiento facial a través de cámaras. Eso le han contado los niños a su padre hace tan solo unos días. Algo que casa con el contenido de los papeles confidenciales obtenidos por el ICIJ.
