De la libertad de cultos al aborto: las 9 leyes que la Iglesia rechazó en la Argentina

A lo largo de la historia argentina, fueron varias las leyes a las que la Iglesia Católica se opuso y buscó imponer creencias religiosas y morales según sus postulados, por sobre los derechos de la sociedad.

La jerarquía eclesiástica alentó, así, varias campañas contra políticas fundamentales promovidas desde el Ejecutivo y el Parlamento como la ley del divorcio vincular, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario y la legalización del aborto.

A continuación, una enumeración de esas posiciones contra normas surgidas del debate en el órgano representativo por excelencia de la democracia, el Congreso.

1. Libertad de cultos – 1853

En la Convención Constituyente que elaboró la Constitución de 1853 tuvieron posiciones encontradas el sector liberal, favorable a la libertad de cultos, y el tradicional, liderado por el sacerdote Pedro Alejandrino Zenteno, convencional por Catamarca, que proponía restringirla.

Finalmente predominó el sector liberal yse aprobó el texto de la Constitución vigente que eliminó el fuero eclesiástico, estableció la libertad de cultos sin restricciones y dispuso que el gobierno federal estaba obligado a sostener el culto católico apostólico romano, aunque sin establecerlo como religión oficial.

Las normas liberales en materia religiosa establecidas por la Constitución de 1853 produjeron un fuerte movimiento de resistencia en varias provincias que, acaudillado por el padre Zenteno y el gobernador de Catamarca Pedro Pascual Segura, sostenían que las provincias debían rechazar la nueva Constitución.

Finalmente, esa primera resistencia a la Constitución en el interior fue vencida luego de un recordado sermón del fraile franciscano Mamerto Esquiú, quien elogió la sanción de una Constitución para establecer la paz interna. Esquiú planteó a necesidad de que su texto no fuera discutido por los diferentes sectores, a fin de que todos se sometieran a la ley. Catamarca juró así la Constitución, al igual que el resto de la provincias.

2. Educación común, gratuita y obligatoria – 1884

En 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulgó la ley 1.420 de Educación común, gratuita y obligatoria, piedra basal del sistema educativo nacional.

Su discusión fue uno de los debates más intensos, y de largo alcance en la historia argentina, especialmente por la inclusión o no de contenidos religiosos en los programas escolares. Finalmente, se estableció que la educación debía ser de carácter laico, prohibiéndose a las escuelas estatales impartir educación religiosa durante el horario escolar.

Presidente Julio Argentino Roca, bajo cuyo mandato se sancionó la ley de educación pública, gratuita y obligatoria.

La oposición a esta ley fue encabezada por el nuncio apostólico Luigi Matera. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Wilde le exigió explicaciones y le exigió que se abstuviera de interferir en el cumplimiento de las leyes nacionales, éste se rehusó. En respuesta, Roca expulsó del país a monseñor Matera en octubre de 1884, y en enero del año siguiente rompió relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Se suspendieron los subsidios a los seminarios y se ordenó su cierre, aunque al año siguiente se dio marcha atrás con la medida.

3. Matrimonio civil – 1888

En 1988, bajo la presidencia de Miguel Juárez Celman, se sancionó la ley de matrimonio civil, que encontró una fuerte oposición de la Iglesia, ya que hasta ese momento, los curas tenían el monopolio de los casamientos y el matrimonio debía ser celebrado según los preceptos de la Iglesia Católica.

La ley buscaba incluir a los inmigrantes de otra religión o no practicantes de ninguna. La Iglesia decía que era “el fin de la familia”, que atentaba contra el orden natural y que habría “resultados funestos” en la sociedad.

El Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sársfield e instituido en 1869, sólo se limitaba a convalidar jurídicamente el código canónico en lo que respecta al matrimonio y las relaciones familiares.

El obispo de Córdoba, Fray Reginaldo, envió en aquel momento una carta al Senado de la Nación “suplicando” para “bien de la patria y la religión” que no se apruebe el matrimonio civil, que “produciría otros resultados funestos a la sociedad argentina”. Para Reginaldo, las leyes eclesiásticas sobre el matrimonio satisfacían “todas las necesidades del pueblo argentino”.

La norma tuvo un antecedente en 1867, cuando en el marco de los avances de la secularización de la sociedad, se sancionó en la provincia de Santa Fe la primera ley de matrimonio del país, pero tras la furiosa respuesta de varios clérigos, entre ellos el obispo Gelabert, de Paraná, el gobierno local fue derrocado y los gobiernos provinciales y nacional optaron por avanzar más lentamente. Esa posición tuvo aún más fuerza durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, católico practicante.

4. Voto femenino – 1947

La ley 13.010 de sufragio femenino fue sancionada en 1947, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, e impulsada por su mujer, Eva Duarte. Se puso en práctica por primera vez en las elecciones de 1951 y reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, entre ellos el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales.

Voto femenino en 1951 (Foto: Editorial Atlántida)

Pero la ley enfrentó la oposición del sector conservador de la Iglesia que condenaba la idea de “emancipación femenina” y defendían la jerarquía familiar patriarcal.

5. Patria potestad compartida – 1985

La ley 23.264 que reconoce la igualdad de hombres y mujeres sobre los hijos fue sancionada a instancias de Raúl Alfonsín, en 1985. Fue resistida por la Iglesia católica porque equiparó los derechos de los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio.

Los sectores tradicionalistas dentro del catolicismo denunciaron que con la nueva legislación “se alteraba un orden natural que dependía de Dios”. Si bien la modificación era relevante en sí misma, ya que alentaba cambios sustantivos en las relaciones familiares, la cuestión de fondo para la Iglesia era que el fantasma del divorcio vincular emergía en el horizonte cercano.

Durante la primera presidencia de Perón ya se había establecido la patria potestad compartida mediante la reforma constitucional de 1949. Sin embargo, la igualdad entre los progenitores fue derogada por la Convención Constituyente de 1957, que promovió la llamada Revolución Libertadora de 1955. En 1974 el Congreso Nacional la restituyó , pero María Estela Martínez de Perón vetó la ley a instancias de la Iglesia.

6. Divorcio vincular – 1987

El enfrentamiento entre Alfonsín y la Iglesia se agravó cuando el mandatario promovió la ley 23.515 de divorcio vincular, que fue sancionada en junio de 1987 a pesar de una fuerte presión ejercida por la cúpula eclesiástica.

El presidente Raúl Alfonsín junto al ex vice presidente Victor Martinez y el resto de su gabinete. Alentó la sanción de la ley de divorcio que se aprobó en 1987. (Foto NA)

Todos los intentos de legalizar el divorcio anteriores habían fracasado. Desde el primer proyecto, allá por 1888, durante el gobierno de Juárez Celman, hasta la fugaz ley sancionada en 1954 por Perón y derogada por el golpe del año siguiente, nunca llegó a cristalizarse el divorcio vincular sino hasta un siglo después de aquella frustrada tentativa originaria.

Durante los 10 meses que duró el debate en el Congreso iniciado en 1986, la Iglesia organizó una campaña “en defensa de la familia” a través de distintas asociaciones de laicos, que intentó presionar a los legisladores mediante publicidades, reuniones y marchas en todo el país, en donde se notó la intervención directa de los obispos. Los argumentos giraban en torno a “la familia como garantía y esperanza de la patria”. Según la Iglesia, el divorcio arruinaría la vida de los hijos y el matrimonio debía ser “perpetuo”.

En defensa de la indisolubilidad del matrimonio, el obispo de Mercedes, Emilio Ogñenovich, organizó una procesión a Plaza de Mayo encabezada por la Virgen de Luján “en defensa de la institución familiar”, que no tuvo la convocatoria esperada, por lo que acusó a los obispos ausentes de traición. Por su parte, el obispo de Lomas de Zamora, Desiderio Collino, excomulgó a los diputados de su diócesis. En cambio, otros sectores de la Iglesia admitieron la libertad de los no católicos para divorciarse, como fue el caso del obispo de Morón, Justo Laguna.

7. Educación sexual integral – 2006

La ley de Educación Sexual Integral (ESI) 26.150 sancionada en 2006 bajo el gobierno de Nestor Kirchner también fue criticada por la Iglesia. Entró en funcionamiento a partir del año 2008 con la creación de un programa de alcance nacional que estableció lineamientos curriculares para todos los establecimientos educativos públicos y privados.

La implementación de la normativa significó un nuevo paradigma, al contemplar un abordaje integral de la sexualidad con perspectiva de género. Esta perspectiva fue una de los varios puntos en contra de los cuales se posicionó la Iglesia en medio del debate por la normativa, que defendió una concepción de la sexualidad destinada a la reproducción y negando la identidad como una construcción cultural.

Cuando se trató la ley en ambas Cámaras, José del Corral, de la Vicaría de Educación del Arzobispado porteño, dijo: “Si se habla de profiláctico en todas las escuelas, también se debe hablar de virginidad y castidad”. El religioso también aseguró que el Estado “debe garantizar una información básica para todos y que se respeten las creencias y los valores de las familias y las escuelas”.

Con el debate de la legalización del aborto el año pasado, las protestas de grupos católicos y “pro-vida” se reactivaron y marcharon contra la norma. Lanzaron la campaña #ConMisHijosNoTeMetas, que cobró fuerza luego de que, en un plenario de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados se aprobara un dictamen para modificar la ley de Educación Sexual Integral y garantizar su aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país, estatales o privadas.

El dictamen preveía modificar el artículo 2 para incluir las leyes 26.618 de Matrimonio Igualitario y 26.743 de Identidad de Género. Además, planteaba eliminar el artículo 5, que permite a cada escuela adaptar las propuestas de la ESI “a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

A 12 años de su sanción, apenas cuatro distritos (Catamarca, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz) adhirieron a la norma, mientras que otros seis (Buenos Aires, Chaco, Capital Federal, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe) tienen leyes propias.

8. Matrimonio igualitario – 2010

En 2010, bajo el mandato de Cristina Kirchner, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar la ley de Matrimonio Igualitario, y así nuestro país se ubicó entre los primeros diez países del mundo en reconocer el derecho pleno de la población LGBTI. Permitió que, a partir de esos matrimonios, se constituyeran familias con los mismos derechos y obligaciones e igualdad de condiciones que las familias heterosexuales, incluida la adopción.

De forma similar a lo sucedido con la ley de Divorcio Vincular, el clero convocó a varias manifestaciones mientras duró el tratamiento parlamentario, bajo lemas como “Familia hay una sola” o “Los chicos tenemos derecho a una mamá y a un papá”.

Debate en el Senado del matrimonio igualitario (Foto:AP)

Además, sacerdotes y obispos amenazaron con excomulgar a los legisladores que votaran a favor. En la provincia de Buenos Aires, alrededor 400.000 alumnos de 2.500 colegios católicos y parroquiales recibieron una“invitación” para firmar una declaración en contra de la ley.

La Conferencia Episcopal Argentina -cúpula máxima de la Iglesia católica en el país- presidida en ese momento por el entonces cardenal Jorge Bergoglio sostuvo que había que “reconocer la realidad natural“ de que el matrimonio es constituido por un hombre y una mujer. “El Estado actuaría erróneamente y entraría en contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley natural y del ordenamiento público de la sociedad argentina”, sostuvieron los obispos.

9. Legalización del aborto – 2018

El debate parlamentario a favor de la legalización del aborto habilitado por el gobierno de Mauricio Macri el año pasado, marcó otro hito muy álgido en la relación entre la Iglesia y el Estado.

Con un documento titulado “El Dios de la Vida y el Amor Humano”, la Conferencia Episcopal Argentina volvió a manifestar su oposición al aborto legal, al sostener que “la defensa de la vida humana que realizamos como Iglesia es una apelación, ante todo, a valores inscriptos en la conciencia de cada persona, que reconoce que no es lícito quitar la vida de un inocente”. Sostuvo que “en el plano legislativo la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural es una exigencia de justicia”.

Marcha en favor del aborto legal y gratuito frente al Congreso (Franco Fafasuli)

Tras la media sanción en Diputados de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la Conferencia Episcopal Argentina afirmó en un comunicado: “Nos duele como argentinos esta decisión. Pero el dolor por el olvido y la exclusión de los inocentes debe transformarse en fuerza y esperanza, para seguir luchando por la dignidad de toda vida humana”.

Finalmente, la norma fue rechazada en el Senado por 38 votos contra del 31 a favor de la IVE. Los senadores que se manifestaron a favor denunciaron la presión de la Iglesia.

Al finalizar la sesión, un cartel con la inscripción “Cristo Vence” fue levantado frente a la Cámara alta por los que se autoconvocaron “en defensa de las dos vidas”. “Cristo vence” fue el lema utilizado por corrientes católicas en su enfrentamiento con Perón, poco antes de su derrocamiento en septiembre de 1955 por parte de la autodenominada Revolución Libertadora.