La influencia y protección que el Vaticano ofrece a este microestado lo ha convertido en uno de los últimos lugares de Europa donde se castiga con prisión el aborto
Cuando tenía 21 años, Marta le dijo a su madre que se tomaba una semana de vacaciones para ir a Barcelona. En principio iba a ver a su mejor amiga, que estudiaba en la Universidad Pompeu Fabra. «Pero si acabas de regresar de tus vacaciones en Mallorca», le respondió extrañada su madre. Era septiembre de 2012. Marta, cuyo nombre real ha sido modificado para este reportaje, no se iba de vacaciones. Viajaba a la capital catalana para abortar.
«No sé por qué, todavía tengo grabado ese trayecto en autobús a Barcelona», explicaba el sábado por la tarde esta joven de 28 años, sentada en una cafetería de Andorra la Vella. «Sólo pensaba en mi madre, en mi padre, en mi hermana. Me preguntaba por qué les estaba mintiendo sobre algo tan importante».
Como Marta, centenares de andorranas tienen que salir cada año de su país para poder abortar. La interrupción voluntaria del embarazo está prohibida en Andorra y se castiga con hasta seis meses de cárcel. La pena también se aplica a las embarazadas cuya vida está en peligro, a las que fueron violadas y a las gestantes que llevan un feto con malformación. Para los médicos que interrumpan un embarazo, las penas de prisión ascienden a tres años de cárcel y pueden ser inhabilitados por un periodo de hasta cinco años.
Este microestado de 77.000 habitantes, situado entre España y Francia, es uno de los últimos lugares de Europa donde el aborto es ilegal en todos los supuestos. Solo Malta comparte una legislación tan restrictiva e incluso otros países de tradición conservadora, como Liechtenstein o Polonia, recogen legalmente algunas excepciones. Nada de eso ocurre en Andorra.
Cada año, un reguero de mujeres se ausenta discretamente de su rutina durante unos días y se traslada al país vecino para ir a abortar, con el coste personal y económico que esto supone. «Yo tuve suerte porque me lo pude pagar», rememora Marta, que en el momento de ir a Barcelona a interrumpir su embarazo trabajaba en una tienda de ropa. «Aún así, me gasté casi todos mis ahorros».
Marta calcula que su aborto, contando el desplazamiento, las dietas y el coste de la intervención, le costó más de 700 euros. Eso sin tener en cuenta la semana de vacaciones que se tuvo que pedir. «Hay muchas mujeres que esto no se lo pueden permitir», añade.
«La situación en Andorra genera una clarísima desigualdad para las mujeres con pocos recursos», señala Sílvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya. «No todas pueden costearse el viaje para ir a abortar y estas mujeres son las mayores perjudicadas por la legislación actual».
Marta estaba embarazada de 10 semanas cuando abortó. Pero una mujer que a partir de las 19 semanas descubre alguna malformación fetal o le advierten de que su vida está en peligro, debe gastarse hasta 1.700 euros, sin contar los gastos del viaje, para poder interrumpir su embarazo en alguna clínica privada.
Aparte de la cuestión económica, varios profesionales consultados –tanto de Andorra como de Catalunya– señalan que la prohibición genera una criminalización de la mujer que quiere interrumpir su embarazo. «El estigma respecto al aborto ya es común en todos los sitios, imagínate si tienes que ir a escondidas a otro país a hacer algo que en tu casa es ilegal», explica Vanessa M. Cortés, psicóloga social y una de las activistas pro aborto más destacadas de Andorra. «Se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de las andorranas», remacha.
Resulta imposible conocer datos exactos sobre el número de andorranas que se desplazan para abortar, ya que la mayoría lo hace en clínicas privadas de Barcelona o Toulouse (Francia). Según datos de la Conselleria de Salut de la Generalitat, en 2018 hubo 124 andorranas que abortaron en centros públicos catalanes.
Los expertos, sin embargo, creen que podrían ser muchas más. El doble o el triple, ya que esta cifra solo se refiere a mujeres que han interrumpido su embarazo en hospitales públicos catalanes. Según fuentes de la sanidad catalana, de esas 124 algunas lo han hecho gratuitamente al tener permiso de residencia en España. El resto ha tenido que asumir el coste de su bolsillo a pesar de haber abortado en un centro de la Generalitat.
Desde la Conselleria de Salut, por razones de privacidad, no precisan cuántas han pagado y cuántas no. Desde el mismo departamento han rechazado hacer declaraciones para este reportaje.
La larga sombra del Vaticano
Andorra es una democracia parlamentaria. Mantiene, sin embargo, una estructura feudal que se remonta al siglo XIII y que otorga al Vaticano un gran poder sobre el país. Para muchos andorranos, esta estructura ha permitido a un país tan pequeño subsistir y mantenerse neutral en un mundo cada vez más globalizado.
El diseño institucional, blindado en la Constitución de 1993, implica que el país tiene dos jefes de Estado que están por encima del presidente del Govern. Estos dos jefes de Estado, llamados copríncipes, son el presidente de la república francesa, actualmente Emmanuel Macron, y el obispo de la Seu d’Urgell, Josep-Enric Vives. La Constitución, con marcado acento católico, protege el «derecho a la vida en todas sus fases».
El obispo de la Seu, que se deja ver habitualmente por el país, ya ha advertido varias veces de que la legalización del aborto es una línea roja que no está dispuesto a aceptar: si se despenalizara, renunciaría al coprincipado y Andorra perdería entonces la protección y la influencia internacional que le brinda el Vaticano.
«La estructura del coprincipado es curiosa y está anclada al pasado, pero nos ha permitido sobrevivir durante siglos como un Estado independiente y neutro», señala en conversación telefónica Eric Jover, ministro de Finanzas y portavoz del Govern de Andorra. «Somos pocos habitantes y no tenemos grandes recursos ni reservas naturales, nuestro futuro pasa por una diplomacia fuerte y para esto necesitamos al Vaticano y a Francia».
Jover sostiene que la influencia de la iglesia y de Francia también resulta determinante para el acuerdo de asociación con la Unión Europea que está negociando el país. Según una investigación de eldiario.es publicada esta semana, la iglesia católica es uno de los principales lobbistas en las instituciones europeas. La diferencia con el resto de grupos de presión, no obstante, es que los encuentros con representantes de la iglesia apenas se registran públicamente.
«Al final el tema del aborto en Andorra parece ser una cuestión geopolítica», opina Èric Sylvestre, médico de familia en Andorra y uno de los pocos facultativos que se ha posicionado públicamente a favor del derecho al aborto. «Te encuentras mucha gente que está a favor de su despenalización, pero al tener que escoger entre este derecho o la protección del Vaticano se quedan con lo segundo».
Cuando se legalizó el divorcio o la unión civil entre homosexuales en Andorra, el obispo se abstuvo de ratificar la ley y la normativa se tramitó sólo con la firma del copríncipe francés. Tanto desde el Partido Socialdemócrata de Andorra como desde otras instituciones del país reclaman que se lleve a cabo una medida similar con la despenalización del aborto. El obispo, no obstante, ha sido tajante: si se legaliza el aborto el Vaticano se va de Andorra.
Este periódico se ha puesto en contacto con el Obispado de la Seu d’Urgell, pero una portavoz ha rechazado hacer comentarios y se ha remitido a las declaraciones públicas del obispo sobre el asunto.
El feminismo irrumpe en el Principado
A pesar del tabú y de las críticas de los sectores más conservadores, en Andorra empiezan a surgir voces contra la situación en el país. Desde hace unos años, varias asociaciones defienden la despenalización del aborto y han puesto la reivindicación en el centro del debate. Estas asociaciones, además, han traído algo nuevo a la sociedad andorrana: la protesta social y las manifestaciones.
Por segundo año consecutivo, el pasado 28 de septiembre, 200 personas se manifestaron en Andorra para celebrar el Día Mundial por el Derecho al Aborto. La concentración fue precedida de una jornada de conferencias donde mujeres de diversos lugares (Italia, Portugal, Marruecos, Uruguay…) explicaron la lucha llevada a cabo a favor del aborto en sus países.
El evento estaba organizado por la asociación Stop Violències, formada por unas 15 mujeres que residen en Andorra. Este grupo ha liderado las últimas protestas y está en el punto de mira de los sectores más reaccionarios del país. «La gente tiene miedo de manifestarse en Andorra, nunca ha habido tradición de protesta», comentaba el sábado Vanessa M. Cortés, presidenta de Stop Violències. «Afortunadamente esto empieza a cambiar»
Desde Stop Violències, además, han impulsado una red llamada La Meri en colaboración con asociaciones feministas catalanas. La Meri ofrece recursos a las mujeres que no se pueden permitir ir a Catalunya a abortar, así como información y acompañamiento psicológico. En otras ocasiones, simplemente se ofrece una casa donde dormir en Barcelona a las andorranas que viajan para interrumpir su embarazo.
«Tu vienes a comprar perfumes a Andorra y nosotros tenemos que ir a comprar derechos a tu país», rezaba una imagen mostrada durante las conferencias. Se respiraba en el auditorio de Escamps (Andorra) un ambiente de camaradería entre las presentes, pero también de hartazgo y rabia hacia unos gobernantes que impiden a las andorranas ejercer este derecho humano según la ONU.
Unos días antes, el 13 de septiembre, varias activistas aprovecharon la visita del copríncipe Macron a Andorra para hacer visible su reivindicación. Levantaron pañuelos durante su intervención y el presidente de Francia les respondió que él apoyaba el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero que no podía decidir por los andorranos.
La concentración del sábado pasado tenía el permiso del Govern de Andorra desde hacía meses, pero tras la protesta ante Macron las autoridades prohibieron la manifestación.
Tres policías llegaron al principio de la marcha y emplazaron a las manifestantes a hacer su recorrido por la acera. Las concentradas, sin embargo, desobedecieron y caminaron por la calzada en ambiente festivo la decena de kilómetros que hay entre el municipio de Escamp y Andorra la Vella, la capital del Principado. Entre las reunidas se veían pancartas con lemas como «Fuera rosarios de nuestros ovarios» y se escuchaban gritos contra el obispo de la Seu, la iglesia católica y el Govern de Andorra.
Un tabú que se mantiene en la sociedad
La manifestación fue un éxito para los estándares del país, pero resultaba muy difícil encontrar andorranas en la marcha del pasado sábado. La mayoría de las presentes había venido en autobús o en coche desde Barcelona y otros lugares de Catalunya. «Manifestarse no es habitual en el Principado y puede acarrear consecuencias», opinaba Cortés, organizadora de la concentración.
Queralt Palomino, Angelica Cleire y Nara Costa, las tres de 17 años, eran de las pocas mujeres de Andorra que fueron a la manifestación del sábado. Entre las tres conocen una docena de amigas que han ido a Catalunya a abortar. «Esto es muy pequeño y nos conocemos todos», decía Costa. «No hay tradición de manifestarse y la gente no se atreve». Las tres opinaban que el estigma respecto al aborto sigue siendo muy grande en la sociedad. «Mi madre al saber que venía aquí se ha escandalizado», añadía una de ellas.
Èric Sylvestre, el médico de familia, comentaba durante la manifestación que, tras poner un cartel a favor del aborto en su consulta, cuatro de sus pacientes de toda la vida le confesaron que habían realizado abortos en Catalunya en años anteriores. «Imagínate hasta donde llega el estigma, que las pacientes ni siquiera se lo cuentan a su médico de familia», analizaba.
El tabú se palpa en Andorra. Tras una docena de entrevistas en comercios y bares de Escamp y Andorra la Vella, nadie accedía a que apareciera su nombre y apellido hablando de un tema tan sensible. De las conversaciones se desprendía, no obstante, que a las personas con recursos les vale más la pena mantener la protección del Vaticano que obtener el derecho a interrumpir el embarazo.
«Tenemos que ir a Barcelona para muchas cosas, no pasa nada por tener que ir a abortar», explicaba una mujer de 34 años en un bar de Escamp (el trayecto en coche hasta la capital catalana es de más de tres horas).
Eric Jover, ministro portavoz del Govern de Andorra, apunta en una dirección similar. «Muchas mujeres que abortan en otra localidad buscan un poco de distancia respecto a su entorno más habitual», opina. «Las mujeres que van fuera a abortar hacen un camino que muchas otras problemáticas de salud también deben hacer. Es habitual para nosotros ir a Francia o Catalunya por temas médicos».
Cortés, de Stop Violències, critica esta opinión porque, según ella, representa solo a los andorranos con más recursos. «La gente que tiene dinero no lo ve como un problema: van a Barcelona, pagan y ya está», asegura. «Si no tienes dinero o eres una adolescente recién violada, tal vez sí que preferirías poder abortar en casa».
Jover asegura que su Ejecutivo, una coalición de centroderecha, prepara un programa «de acompañamiento social, legal y psicológico» para las mujeres que quieran desplazarse a Catalunya a abortar, pero en ningún momento se plantea un cambio legislativo relevante. «Las mujeres que tienen la necesidad de abortar tienen la solución a una proximidad geográfica», remacha.
Siete años después de la interrupción de su embarazo, Marta, como la mayoría de andorranas, tampoco ha ido a la manifestación a favor del aborto. «Mi círculo se sorprendería, aquí nadie va a manifestaciones», constataba el sábado mientras, a unos metros de ahí, las concentradas gritaban por un derecho que ella no pudo ejercer.
«Mis padres son progresistas, votan al partido socialdemócrata, pero a día de hoy no saben que aquel septiembre fui a Barcelona a abortar», asentía triste, algo nerviosa, moviendo la cucharilla en su taza de té. «Espero que si algún día tengo una hija y quiere abortar no tenga que pasar por todo lo que yo hice».
