Resumen
Este artículo examina la disputa entre dos poderes: la Iglesia católica y el Estado liberal, generada a raíz de la promulgación en 1870 de una reforma educativa laica, a la que se le conoció como el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, normativa que se convirtió en el epicentro de tensiones y controversias entre la Iglesia y el Estado, lo cual involucró a distintos sectores de la sociedad colombiana. A esta situación no fue ajeno el Caribe colombiano, región en la esta pugna tuvo sus dinámicas particulares que implicaron a los actores de la política regional y local. Estos construyeron un discurso sobre un tema que a lo largo de la vida republicana ha sido objeto de debate en nuestro país. En este artículo se realiza una mirada a este proceso, para lo cual se analiza especialmente el caso del Magdalena, uno de los tres estados soberanos que existieron en la región durante el periodo federal.
Introducción
El nuevo sistema educativo impulsado por el Gobierno liberal-radical a través del Decreto Orgánico de Instrucción Pública (DOIP) (1870) influyó en las relaciones entre dos soberanías: la Iglesia católica y el Estado liberal. Ciertamente, en la sociedad colombiana de la segunda mitad del siglo XIX, la presencia y el poder de la Iglesia católica continuaban siendo significativos, hasta el punto de atreverse a desafiar al Gobierno radical convocando a la oposición contra una reforma que pretendía introducir cambios a partir de una educación obligatoria, gratuita y laica; esto le permitía al Estado recuperar el control sobre una educación que buscaba fundamentalmente la formación de ciudadanos, lo cual la institucionalidad eclesiástica no estaba dispuesta a permitir, pues para ella lo principal era formar cristianos virtuosos capaces de asumir posteriormente el rol de ciudadanos, pero siempre dentro de los cánones religiosos.
En efecto, a partir del Decreto Orgánico de Instrucción Pública (1870), la confrontación entre Iglesia y Estado se exacerbó al punto de suscitar airadas reacciones por parte del clero, el cual instrumentó una ofensiva basada en la prohibición a los padres de enviar a sus hijos a las escuelas. Esta oposición estuvo acompañada de oratorias en el púlpito, publicación de hojas volantes y artículos de prensa que descalificaban las medidas orientadas a poner en práctica el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, al cual se le acusaba de poner en riesgo la moral y las creencias religiosas de la población.
Esta oposición se hizo más álgida en la medida en que la Iglesia sintió que su lugar en los asuntos educativos quedaba relegado a un segundo plano. Por ello el discurso contra el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, del que también fue partícipe el Partido Conservador, se hizo más beligerante, al punto de llevar a la guerra de 1876 entre los conservadores y el Gobierno liberal, que terminaron enfrentados por la defensa de sus soberanías.
Ciertamente, la confrontación propiciada por la Iglesia al oponerse a la reforma educativa en la práctica evidenció que lo que estaba en juego eran dos soberanías en disputa. Ello se había presentado con distintos matices durante las primeras décadas de vida republicana, periodo durante el cual la sociedad colombiana en varias oportunidades fue testigo de los debates y las confrontaciones entre la Iglesia y el Estado. Tales debates fueron generados unas veces por los principios constitucionales que establecían la separación entre los asuntos civiles y religiosos, y en otra ocasión por la introducción, a instancias de Francisco de Paula Santander, de obras como la de Jeremías Bentham en los establecimientos educativos superiores. A mediados del siglo XIX estos enfrentamientos serían más continuos debido, entre otros aspectos, a la expulsión de los jesuitas por parte del presidente José Hilario López, las reformas a la ley de patronato, la extinción del fuero eclesiástico, la tuición de cultos y la desamortización de bienes de manos muertas.
Con la promulgación del Decreto Orgánico de Instrucción Pública, la institución eclesiástica consideró que el Estado liberal invadía espacios que, como la educación, le habían pertenecido tradicionalmente y sobre la cual la Iglesia ejercía una misión tutelar.
“Nuestro señor Jesucristo ha dado a su iglesia el encargo de la enseñanza; por consiguiente, tiene el derecho de condenar y prohibir todo lo que sea contrario a la verdad y a la doctrina de su divino fundador”.
La actitud asumida por la Iglesia era una muestra, entre otras cosas, de su renuencia a aceptar un proceso a través del cual se buscaba crear un Estado moderno, lo cual pasaba necesariamente por tomar distancia del Estado confesional y protector de la religión católica concebido y proclamado en la Constitución de Cúcuta de 1821 y durante la dictadura de Simón Bolívar en 1828.
La no aceptación de la reforma educativa por parte de la Iglesia se explica porque esta se concebía como una “sociedad perfecta”, portadora de legitimidad jurídica y de soberanía eclesial, sujeta solo a la jurisdicción papal que, apoyada en la infalibilidad pontificia en materia doctrinal, establecía que la independencia de la Iglesia frente a cualquier otro poder sería absoluta.
“Es evidente que la Iglesia, de conformidad con la revelación, no puede admitir que reinen por autoridad exclusiva del pueblo, estableciendo una soberanía independiente de la de Dios, como hoy se pretende”.
Así, medidas como la reforma educativa, que desde las filas eclesiásticas se veían como atentatorias contra la independencia de la misma institución y contra su derecho a supervisar la formación ciudadana bajo los principios de la religión católica, terminaron por intensificar las confrontaciones, debates y desafíos contra el Gobierno radical. En la práctica, evidenció la existencia de dos soberanías en disputa: una que buscaba consolidar una nación de cristiandad y otra que apuntaba a la construcción de una nación moderna liberal, situación que no implica necesariamente que para el periodo se estuviera ante la presencia de un antagonismo que enfrentara tradicionalismo y modernidad, sino ante la propuesta de dos caminos distintos para construir la nación.
El Decreto Orgánico de Instrucción Pública hacía parte del camino propuesto en la Constitución radical de Rionegro de 1863, que intentaba alcanzar una modernidad fundamentada en principios liberales, “autónoma, antropocéntrica, ordenada legalmente”. Pero la Iglesia católica y los conservadores, quienes se opusieron a esta reforma educativa, eran partidarios, tal como lo establecía el Syllabus promulgado por el Papa Pío IX, de una “modernidad controlada, tradicional, teocéntrica que estuviera siempre bajo la tutela de la Iglesia”.
Debido a la coexistencia de estas dos soberanías en disputa, no es de extrañar que la reforma de la enseñanza planteada en el Decreto Orgánico de Instrucción Pública se viera rodeada de tensiones y controversias entre quienes estaban interesados en controlarla. Sobre todo por el hecho de que la educación ha sido a lo largo de la historia colombiana un tema polémico, ya que en ella convergen intereses del Estado, de la Iglesia, de los partidos políticos, de los sectores económicos y, en general, de la sociedad.
En esas escuelas no se enseñan los principios del catolicismo ni la moral cristiana…
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Luis Alarcón Meneses
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