El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto la elaboración de una “constitución moral” para México. Si bien coincidimos en que el país atraviesa por una crisis en temas como el de la corrupción, los miembros del Colegio de Bioética, A.C., queremos manifestar nuestro rechazo a tal propuesta.
Llamarla “constitución” es equívoco, pues da la idea de que estará al mismo nivel que la Constitución Política, que es la ley suprema del país. Esta “constitución moral” no puede estar al mismo nivel, no puede tener carácter vinculante y tampoco puede haber una institución encargada de su cumplimiento, como sí sucede con la Constitución Política. Además, nuestra Constitución Política ya reconoce de manera expresa e implícita un conjunto de valores morales: los derechos humanos son demandas cuyo reconocimiento jurídico está justificado por normas y valores morales y políticos, como la autonomía, la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, el respeto, la solidaridad social, la democracia y la tolerancia, entre otros.
La “constitución moral” se podría entender como una especie de código de ética. No obstante, mientras que los códigos de ética se formulan para instituciones o agrupaciones profesionales, la “constitución moral” quiere normar a toda la sociedad. Sin embargo, la moralidad es una institución compleja que se resiste a ser codificada en un solo documento, entre otras cosas, porque hay una diversidad de códigos morales que coexisten en nuestro país. México es un país plural, en el que conviven distintas visiones morales que frecuentemente son contradictorias entre sí e incompatibles. Tratar de presentar en un documento un conjunto de valores, principios o reglas que representen a esas distintas visiones implica inevitablemente soslayar algunas en beneficio de otras. No hay puntos de vista neutrales en asuntos de moralidad. Que sea el Estado quien promueva un ejercicio como éste nos parece incorrecto.
Este ejercicio se da en un contexto en el que el presidente mismo ha llamado a las asociaciones religiosas a “moralizar” el país (como si la moralidad dependiera de la religión o como si las asociaciones religiosas fueran garantes de la moralidad, lo que es muy cuestionable). En este contexto, corremos el riesgo de terminar con un documento que consagre una visión religiosa de la moral sobre otras, o sobre la moralidad de la gente que no profesa ninguna religión. Tanto el llamado que ha hecho el presidente, como el riesgo de imponer una determinada visión moral sobre otras, nos parecen graves violaciones del carácter laico del Estado. La laicidad implica un compromiso por parte del Estado con una visión imparcial en asuntos de moralidad y religión. Mientras no dañen a otros, la conducta y las creencias morales de los individuos deben ser irrelevantes para un Estado laico y democrático.
La moralidad de un país no cambia a partir de la publicación de una cartilla o “constitución moral”. La moralidad cambia, entre otras cosas, cuando no hay niveles de desigualdad entre la población como los que tenemos en el país. También cambia cuando se respeta el Estado de derecho; cuando hay sanciones claras a quienes violan las leyes y se acaba con la impunidad; cuando la justicia no está al servicio de intereses políticos; cuando los gobernantes son ejemplo de integridad moral y no de corrupción. México no necesita una “constitución moral”, sino que se respete el Estado de derecho.
México necesita que se respete su Constitución Política, que se difunda su contenido y se eduque en el respeto de los derechos humanos. Necesitamos que el Estado asuma un fuerte compromiso con los valores constitucionales, eso contribuiría a salir de nuestras crisis y a recomponer el tejido social.
