Tres años de prisión para la ex priora del convento de Nogoyá culpable de privación ilegítima de la libertad de dos monjas

La monja Luisa Toledo, ex priora del convento de carmelitas descalzas de Nogoyá , fue condenada a tres años de prisión efectiva por la justicia de Entre Ríos, que la halló culpable de dos casos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenaza. La decisión del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Para el fiscal Jorge Gamal Taleb, que representó a las dos víctimas, las ex religiosas Silvia Albarenque y Roxana Peña, fue “un gran fallo” en el que “la Justicia se mimetizó con el dolor de las víctimas”.

Albarenque y Peña, “están reconfortadas con el juicio en sí. El hecho de que haya habido juicio fue liberador para ellas y se sentían reparadas” por eso, declaró Gamal Taleb luego de conocido el veredicto, que fue decidido de manera “unánime”, según señalaron en el texto los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez.

En el fallo, los magistrados recordaron que, por los tratos dispensados en el convento, Albarenque llegó a intentar “maniobras de autoeliminación”, mientras que Peña resolvió “jugar a suerte y verdad el albur de un cinematográfico escape” del que no sabía si saldría viva.

El tribunal dejó en claro reiteradamente que los relatos de las dos víctimas, ambas ex monjas del convento de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, resultaron creíbles y sus acusaciones, acreditadas. Detallaron los jueces, además, que obraban en su poder “los elementos de rigor con los que se llevaban adelante esos flagelos, a saber, disciplinas (látigos encerados), cilicios (coronas de alambre con púas que se colocaban en piernas) y mordazas (tabiques de madera y piola) que se colocaban en la boca”.

El fiscal Gamal Taleb subrayó “la dimensión expresivo simbólica de la pena” dictada por el tribunal, que “dijo a las víctimas que aquello que vivieron no debían haberlo vivido y que lo que les pasó fue por la conducta defectuosa y delictiva de una tercera persona”.

En un sentido similar, el fallo advirtió que las imputaciones “en modo alguno implican enjuiciar a la Iglesia Católica, ni enfrentar a la fe con la razón, sino lisa y llanamente juzgar criminalmente a quien aparece de modo indubitable ya a esta altura como única y exclusiva responsable de conductas que tipifica y reprime nuestro Código Penal, las cuales de ninguna manera pueden confundirse o quedar desplazadas por la normativa canónica invocada por la Defensa” de Toledo.

Las pruebas que condenaron a la priora

Los fundamentos serán dados a conocer el 29 de julio por la mañana, pero los jueces dieron a conocer un adelanto durante la lectura de su decisión, que encontró sustento no sólo en el “profuso cuadro probatorio colectado” sino también en las declaraciones “elocuentes, sentidas y convincentes” de las víctimas.

Las mujeres, señalaron los jueces, relataron “de un modo catártico los pesares vividos con suficientes detalles” y de manera coherente con los testimonios de sus familiares, religiosos que conocían el convento y ex compañeras de encierro, la actual priora entre ellas. Otra religiosa, inclusive, “hasta hubo de disculparse con una de las víctimas por los tratos” que le dio al obedecer a Toledo.

Durante los alegatos, realizados el viernes de la semana pasada, la fiscalía había solicitado seis años y medio de prisión efectiva mientras que la defensa pidió la absolución.

El tribunal consideró “suficientemente acreditados” los crímenes cometidos por la monja Toledo, y también que fueron realizados con conciencia del daño. Añadió entre sus consideraciones los aspectos edilicios del convento, en el que a pedido de la defensa realizaron una inspección ocular, en la que observaron fuertes dispositivos de seguridad, que incluían cámaras y la electrificación de parte de los muros perimetrales.

Sin embargo, determinó que por razones de edad y salud la monja la pena debía ser “una suma menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal”, por lo que la religiosa deberá cumplir tres años de prisión efectiva. La privación de libertad, de todos modos, recién se hará efectiva una vez que la condena quede firme.

El infierno que se vivía en el convento de Nogoyá

La monja Ester Toledo fue condenada por torturar y privar ilegítimamente de su libertad a dos religiosas que estaban internas en Nogoyá, Silvia Albarenque y Roxana Peña, y que le habían comunicado de manera oral y escrita, y más de una vez, “sus expresas voluntades de dejar el Convento del Carmelo”.

Sin embargo, la religiosa ahora condenada, en lugar de dar curso a esos pedidos, los ignoraba, a veces “desechándolos e inclusive también destruyendo y reteniendo los papeles en los que efectuaban sus peticiones”. Además, “tampoco les permitió (a las mujeres) abandonar ese recinto monacal tal como éstas de modo desesperado y angustioso le pedían”.

En el caso de Albarenque, la ex priora la retuvo “aproximadamente casi seis años”, hasta abril de 2013, cuando “por razones de salud es entregada a su madre”. En el caso de Peña, la situación se extendió “por año y medio aproximadamente”, hasta marzo de 2016, cuando “la víctima logra escapar del convento”. En todo ese tiempo, Toledo actuó “de modo intemperante, amenazante, violento y arbitrario, abusando de su rol, e incumpliendo los mayores deberes inherentes a la función que desempeñaba dentro del Monasterio”.

La justicia probó que la ex priora castigaba con encierro, cilicios y mordazas

Cualquier cosa que Toledo considerara “falta”, provocaba “sanciones y penas que se traducían en definitiva en castigos corporales” prohibidos por las normas del convento. Las víctimas las cumplían por “la coacción y el influjo psíquico” que ejercía la ex priora.

A veces, la administración del castigo impuesto quedaba a cargo de otra monja; otras, también se servía de elementos de flagelación, como “disciplinas (látigos encerados), cilicios (coronas de alambre con púas que se colocaban en piernas) y mordazas (tabiques de madera y piola) que se colocaban en la boca”.