La Cámara de Representantes aprobó el martes, el Proyecto de la Cámara 2069 sobre la libertad religiosa en Puerto Rico.
La medida de administración fue presentada por la representante María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión de lo Jurídico, quien lideró su análisis y sometió un Informe Positivo.
Charbonier destacó que hubo consenso entre casi todos los deponentes incluyendo quienes comparecieron a vista pública o mediante memoriales sometidos.
La Legisladora argumentó que la libertad religiosa está consagrada en el texto de la Constitución federal y estatal, al igual que en diversos estatutos federales y estatales.
Por lo que expresó en comunicación escrita que “obligar a una persona a renegar de sus convicciones religiosas o pretender disfrazarlas, atenta contra su dignidad como ser humano. Nadie debe ser obligado a elegir entre servir y su fe. De lo que se trata es del acomodo razonable a la persona. La libertad religiosa es un derecho fundamental e inalienable del ser humano”.
Mientras, el representante Luis Vega Ramos, opinó que “hoy están legislando para garantizar el derecho al odio. Todos y todas somos iguales ante la Ley, y eso quiere decir que no hay un derecho a odiar ni a actuar sobre ese odio”.
Seguido, el representante Denis Márquez Lebrón, señaló que “puedo estar minutos aceptando el reto sobre argumento jurídico, pero creo que el argumento principal que se esboza sobre esto es la sensatez”.
De igual modo, el representante Manuel Natal Albelo, quien argumentó que “el derecho es tanto a creer, como a no creer. Lo que no está en la Constitución de Puerto Rico ni en la Constitución de Estados Unidos, es utilizar la religión para discriminar contra otras personas”.
Charbonier Laureano refutó los planteamientos en contra de la medida señalando que “empezamos por indicar que esta no es una ley discriminatoria. Esta es una ley que protege contra el discrimen… Aquí protegemos a todos y todas por igual. Lo más discriminatorio que hay es decir que este proyecto es discriminatorio. Al que se le niegan los derechos es al sector cristiano”.
La también abogada, les apuntó que el objetivo del proyecto es establecer las guías para la protección de la libertad religiosa y clarificar algunos principios de este concepto fundamentados en los parámetros constitucionales y estatutarios, tanto federales como locales aplicables a Puerto Rico.
Por su parte, el activista de derechos LBGTTIQ, Pedro Julio Serrano denunció la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del proyecto que “legalizaría el discrimen hacia las personas LGBTTIQ utilizando la religión como excusa”.
“El Proyecto de la Cámara 2069, presentado por el gobernador Ricardo Rosselló, es un atentado contra la máxima de nuestra Constitución que establece que cada ser humano tiene que ser tratado igual. La libertad de culto ya está protegida por nuestra Carta Magna y no necesita esta legislación adicional. Este proyecto intenta legalizar el discrimen, la violencia y el odio en contra de la gente LGBTTIQ. Le corresponde al Senado detener esta afrenta a nuestra humanidad compartida”, aseveró Serrano en comunicación escrita.
De su parte, 50 organizaciones de derechos humanos, colegios profesionales, colectivos de trabajo, entidades religiosas y personas comprometidas con una agenda nacional de equidad rechazaron nuevamente hoy la agenda de desigualdad y discrimen que impulsa la Cámara de Representantes a través de los proyectos de Libertad Religiosa y Terapias Reparativas. El grupo fue categórico al criticar la aprobación del PC20169 de Libertad Religiosa en la Cámara.
“La Cámara de Representantes se ha convertido en un bastión del sector religioso más conservador del país y está dando la espalda a otras denominaciones y grupos humanistas que sí creen en la equidad y rechazan el discrimen que se promueve desde ambos proyectos”, expresó la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, una de las portavoces de CABE y directora Ejecutiva de Proyecto Matria. “Desde que se anunciaron los proyectos en abril pasado, el rechazo a los proyectos ha ido en aumento y hay un liderato diverso y valiente haciendo frente a quienes insisten en lograr un permiso gubernamental para discriminar”, añadió.
“Debemos denunciar que en la Cámara se amañó el proceso de vistas públicas para invisibilizar la oposición a los proyectos y dar espacio a sólo un puñado de grupos de odio que llevan años tratando de imponer sus creencias al país entero”, dijo Pagán.
“Insistimos en que el estado de derecho actual ya protege la libertad religiosa. Sin embargo, el PC2069 crea un sistema que privilegia ciertas creencias religiosas y las incorpora a nuestro estado de derecho de manera ilegal e inconstitucional. Es por eso que tanto personas cristianas, como musulmanas, judías, ateas, espiritistas y yorubas se han opuesto al mismo y se unieron a entidades y grupos profesionales, de derechos humanos y académicos para detenerlo. Hagan su suma, lean lo que hemos dicho y lleguen a sus conclusiones. Insistir en estos proyectos es antidemocrático e irracional”, explicó el licenciado Osvaldo Burgos Pérez.
CABE, y sus organizaciones aliadas, hicieron un llamado al Senado para votar en contra del proyecto. “Las vistas públicas presididas por Zoé Laboy demostraron que tenemos razón al hablar de los peligros del proyecto de Libertad Religiosa y al hablar de un sólido consenso en contra del mismo”, concluyó Burgos.
