Posterior a que el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez presentara un proyecto de ley que obligaría que los sacerdotes puedan renunciar al derecho de la confesión en caso de denuncias de abuso sexual de menores de edad, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR), afirmó que irrespetar el el sigilo sacramental, es “un peligro para la libertad religiosa de los católicos” y “no ayudará a la justicia en perseguir al posible autor de un delito de corte sexual”.
Mediante un comunicado de prensa, el órgano religioso consideró que, de acuerdo al derecho canónico (canon 983. 1) “el sacerdote está obligado al sigilo sacramental, por lo cual le está terminantemente prohibido al confesor (religioso) descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo.
Igualmente, se señaló que en caso que un sacerdote “irrespete o viole directamente el secreto de confesión,”, sería “excomulgado” (canon 1388).
Uno de los puntos en los que enfatizó la CECR fue que, para las autoridades religiosas, la información que pueda tener el confesor respecto de la comisión de un delito es muy poca y no ayudará a perseguir un delito“.
De la misma forma, se estimó que “la Iglesia custodia el gran tesoro del sacramento de la penitencia como medio de salvación, para lo cual el penitente dice sus pecados, pero el sacerdote no debe pedir nombres, ni detalles, ni circunstancias al penitente”.
El expediente 21.415, presentado por Enrique Sánchez (PAC), pretende que los sacerdotes puedan renunciar al derecho de la confesión en caso de denuncias de abuso sexual de menores de edad.
La redacción actual del artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece esa obligación solo a autoridades y personal de instituciones educativas o centros de salud públicos y privados. El legislador oficialista propone que el alcance de la norma se extienda a asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativo, deportivo, religioso o de otra índole.
Las estadísticas del Poder Judicial sobre denuncias por abusos sexuales contra personas menores de edad crecieron en un 74% del 2004 al 2017 y solamente en el año 2018, el total de denuncias por delitos de índole sexual contra menores de edad, fue de 8.229.
