El presente artículo se publicó en valenciano en EL TEMPS, ahora lo incluimos traducido gracias a Guillermo González.
El matrimonio firmado a ojos de Dios entre el PP y la iglesia valenciana ejemplificó con la bendición pública de los populares al proyecto educativo privado del arzobispado autóctono: la Universidad Católica de Valencia. Un milagro docente que hacerse por gracia del dinero público, los regalos y los privilegios fiscales otorgados por los conservadores. Según la documentación recopilada por EL TIEMPO, el centro superior del arzobispado recibió 10.248.549,39 euros. La cifra sólo contempla las aportaciones de la Generalitat Valenciana durante la etapa 2007-2015 y los recursos públicos cedidos por los ayuntamientos de Torrent y Alzira.
En la periferia de la capital del País Valenciano, en el enclave noroeste en el que se dibuja la línea divisoria entre la pedanía de Benimàmet y Burjassot (Valencia), ha encontrado la Universitat Catòlica de València su tierra prometida. Entre una larga lista de grandes superficies comerciales, un hospital privado, carreteras y proyectos de impulso de restaurantes de comida rápida, el arzobispado de Valencia ha alquilado por 20 años una pastilla de terreno de 13.000 metros cuadrados. Unas parcelas que servirán para levantar tres facultades y dependencias administrativas. El objetivo es convertir el Campus de Burjassot en la sede espiritual de un proyecto que se ha expandido gracias a las prebendas otorgadas por los diferentes gobiernos locales y autonómicos del PP, pese a su condición de universidad privada
Según la documentación recopilada por EL TEMPS, la Universidad Católica de Valencia pescó 10.248.549,39 euros en dinero y recursos públicos. Esta cifra, sin embargo, sólo recoge las inyecciones de la Generalitat del PP entre 2007 y 2015, así como la valoración de los terrenos y los edificios propiedad de la administración que cedieron a la institución religiosa privada los ayuntamientos de Torrent (Valencia) y Alzira (Ribera Alta). No en vano, el centro universitario beneficiarse de otras prebendas otorgadas por el PP, como l’exempció d’abonar l’Impost de Béns Immobles en la ciudad de Valencia. Este semanario radiografía como bendijeron las administraciones en manos de los conservadores el proyecto eclesiástico con recursos públicos.
Santificarás el erario público
Años 2003. El entonces arzobispo de Valencia, el ultraconservador Agustín García-Gasco, está enfadado con la Universitat Cardenal Herrera-CEU, el único centro superior privado y de carácter religioso que había en ese momento en Valencia. García-Gascó no soporta la falta de influencia para hacer manos y mangueras a la institución educativa gestionada por la Asociación Católica de Propagandistas. Y ávido de influencia en el ámbito de la enseñanza, emplea su sintonía con el Consejo del PP que presidía el curita Francisco Camps para cumplir con su anhelo. «Nadie debería ser ajeno a la valoración del tesoro que ofrece la educación católica en la sociedad», repetía el purpurado a modo de confesión de su deseo divino.
En resumidas cuentas, y producto de la alianza entre la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de los Desamparados, el colegio universitario Edetania y la Facultad de Estudios de Empresa, en 2004 se obra el milagro. Con la bendición de Campos y del sector católico de los populares valencianos representante por posteriormente esquitxat en diversos escàndols judicials judiciales Juan Cotino, se impulsa la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Una institución que tendrá como faro ideológico Justo Aznar, director del Instituto de Ciencias de la Vida del centro universitario, numerario del Opus Dei, ex presidente de la organización antiabortista Pro Vida y contrario al matrimonio homosexual
Con la Universidad Católica de Valencia erigiéndose como el centro educativo que representaba la ortodoxia integrista católica, y consciente de las posibilidades de negocio que hay en los estudios sanitarios, Camps autoriza en plenas Fallas la creación de una facultad de Medicina, donde impartiría odontología, fisioterapia y podología. La decisión se realiza sin que la universidad privada religiosa cuenta con los requisitos impuestos por el Consejo de Coordinación Universitario al carecer de un plan de estudios y de un tope de alumnos. Aún más, la concesión adoptarse chocando con Ley Orgánica de Universidades, de carácter estatal, y con el artículo 7 de la normativa de Coordinación del Sistema Valenciano Universitario. Todo un conjunto de irregularidades que causaron un profundo malestar a los rectores y que inauguraron los regalos de los conservadores a la institución clerical.
Profesor Camps. El expresidente Francisco Camps, imputado en varios escándalos, impartió clases en la Universidad Católica de Valencia | UCV Live.
El edificio que acogería la facultad de Medicina es, precisamente, un ejemplo de ello. Se trata de un viejo convento y una iglesia que estaban dentro del complejo histórico del Hospital General de Valencia. El trasladado del centro sanitario provocó que el clero registrara diversos immobles anexos a su nombre, a pesar de la inscripción anterior de la Diputación de Valencia. El conflicto finalizó con la cesión de estos edificios a cambio de la renuncia de unas parcelas que gozaba en otra zona del arzobispado. La Generalitat de Camps aportó, a su vez, 2.411.260 euros para rehabilitar todo el complejo de la parroquia de San Carlos de Borromeo, según los datos a los que ha accedido este semanario.
La Universidad Católica de Valencia obtuvo, de hecho, 4.051.573,06 euros entre 2007 y 2011, cuando Campos ocupaba la presidencia del Gobierno valenciano y se financiaban diversas actividades didácticas realizadas por la institución clerical docente como congresos y jornadas científicas que seguían la doctrina católica. También sufragar los estudios de varios alumnos del centro privado con una inversión en becas de 626.458,87 euros entre 2006 y 2011. Para el curso 2006-2007, se destinaron 100.084,04 euros; en el 2007-2008, 128.395,38 euros; en el 2008-2009, 98.413,71 euros; en el 2009-2010, 123.557,31 euros, y en el 2010-2011, 176.008,43 euros. Sin embargo, los pagos de los cursos 2009-2010 y 2010-2011 efectuaron durante la etapa de Alberto Fabra como jefe del Consejo, según consta en la documentación a la que ha accedido EL TEMPS.
Con Fabra, las ayudas a la universidad privada del arzobispado de Valencia redujo sensiblemente, con 1.068.512,33 euros entre 2012 y 2015. La mayoría de las aportaciones durante la última legislatura de los populares al frente de la Generalitat Valenciana produjeron en 2013. en aquel ejercicio, el ejecutivo valenciano inyectó 918.914,80 euros en el centro religioso privado. Entre las subvenciones concedidas a una institución que hace negoci de l’ensenyament superior, destacaban los 655.000 euros en ayudas para equipamientos.
A pesar de la disminución de las aportaciones públicas, Fabra privilegió el centro universitario privado en cuestiones en autorizar el aterrizaje de la Universidad Católica de Valencia en el Centro Estatal de Referencia de Atención a ersonas con Trastorno Mental Grave, ubicado en un edificio que costó 15 millones de euros públicos y que construyó en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Valencia. Según narró El País, la operación consistía en instaurar un Model Alzira en el campo de la investigación, ya que la Universidad Católica de Valencia tenía que compartir espacio con la Universidad de Valencia. La jugada enfadó fuerza a la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valenciano.
La apuesta por la Universidad Católica de Valencia como centro superior docente que encabezara la investigación en Valencia tuvo antecedentes durante la etapa de Camps. El curita intentó junto con el entonces alcaldesa de Valencia Rita Barberá la puesta en marcha del Instituto de Investigación y Desarrollo en Simulación Médica-Quirúrgica, que sería gestionado por la institución religiosa de carácter privado. Ambas administraciones aprobaron un convenio en el que se comprometían a «realizar cuantas acciones sean necesarias para ejecutar el proyecto».
El espíritu santo. El ex arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, impulsó el centro universitario religioso de carácter privado. Fue su gran sueño como apasionado de la educación católica | Arzobispado de Valencia
La incorporación de la universidad del arzobispado en el mundo científico al calor de los favores del PP causó un malestar considerable a los ámbitos investigadores. Especialmente, cuando ingresó en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. La institución religiosa pidió la cesión de una de las torres del centro de investigación, la posibilidad de obtener beneficio del arrendamiento de equipos tecnológicos y ahorrarse el pago de los gastos de luz, agua, limpieza o seguridad . Las condiciones abusivas fueron rechazadas de entrada, pero la interceptación del Consejo del PP posibilitó el desembarco. La Universidad Católica, incluso, creó una unidad mixta con el Instituto Valenciano de Patología, lo que provocó que los trabajadores se quejaron de un trato de favor hacia la institución religiosa docente, según publicó Valencia Plaza.
Los tentáculos del arzobispado en el universo de la investigación van expandirse aún más. Llegarían hasta Alicante. El Gobierno valenciano entregarle el control de la investigación pesquera con un convenio que encareció -de 54.000 a 170.000 euros- los servicios respecto del anterior prestatario, el Instituto Ecológico Litoral.
Devoción immobiliària
Mientras la Universidad de Valencia hubo que desembolsar 42 millones de euros para su última ampliación en el Campus de Tarongers, la Universidad Católica de Valencia recibió todas las facilidades para instalar una zona universitaria en el barrio de Campanar, situado al noroeste de la capital del País Valenciano. Con los únicos votos del PP, Barberá otorgó al centro docente privado una concesión demanial para uso y disfrute de unos terrenos de 13.144 metros cuadrados durante 75 años. El propósito de la institución religiosa era levantar dos facultades y un hospital privado impulsado por la firma Inverso -controlada por Juan Bautista, propietario de varios laboratorios, y la fundación de la arquebisbat-.
La adjudicación fue polémica a raíz de las críticas de las fuerzas de izquierdas, que comparaban la concesión con la carencia de dotaciones educativas en el barrio y recordaban la cesión anterior de otra parcela para instalar un centro infantil privado. También causó controversia por la relación del vicealcalde de Valencia, el actualmente imputat a diversos escàndols Alfonso Grau, con la Universidad Católica de Valencia. Miembro en ese momento del patronato de la institución religiosa, fue director de varios institutos del centro privado y, incluso, retornó el año 2015 en el laboratorio médico de la universidad integrista una vez fue desahuciado el PP de la vara de mando local.
La decisión del ayuntamiento se topó con el recurso que presentó la aseguradora médica Nisa. La firma sanitaria afirmaba que el concurso carecía de publicidad y que el pliego de condiciones era favorable a la Universidad Católica de Valencia. La reacción social, civil y vecinal al proyecto provocó que el consistorio progresista nacido de las elecciones municipales de 2015 revertiera la concesión del suelo. De este modo, el Gobierno de la Nave detuvo el plan de la Universidad Católica de Valencia.
Regalos públicos. Varios campus del centro universitario privado ha edificado sobre parcelas públicas. En la imagen, la delegación en Torrent (Valencia) de la institución docente | UCV.
En Carcaixent (Ribera Alta), también fracasó la jugada planeada por la universidad del arzobispado. Ahora bien, esta vez con perjuicio para el erario público del consistorio ribereño. En el año 2011, con la Universidad Católica de Valencia ocupando en Carcaixent un edificio de manera gratuita y un segundo por un alquiler anual de 30.000 euros, la institución religiosa proyectó otro aulario. Para edificarlo, invirtieron a 2,2 millones de euros públicos. «Cuando la Universidad Católica debía poner dinero, se marcharon. Han incumplido », criticó el entonces alcaldesa, la popular Lola Botella, quien había promocionado la llegada del centro universitario católico. «Siempre hemos denunciado que la Universidad Católica venía a nuestro pueblo únicamente para hacer negocio», censuró el concejal de Compromís Vicente Albelda, quien quejarse de que «el PP no contemplara ninguna cláusula de penalización» en caso de que fracasará la operación.
Esta retirada, sin embargo, estuvo motivada por su expansión en la capital de la Ribera Alta, en Alzira. El ayuntamiento ribereño, entonces gobernado por la popular Elena Bastidas, cedió un edificio público que se había financiado con 840.000 euros del Plan E. Anteriormente, la universidad del arzobispado había recibido otro inmueble y un suelo de titularidad pública. Compromiso impugnó las prebendas en el centro universitario privado alegando la falta de solvencia económica y financiera de la institución en la documentación presentada, así como por la proximidad de las instalaciones en una zona de carácter inundable. La coalición valencianista cuantificar los regalos en aproximadamente cuatro millones de euros. Izquierda Unida hizo unos cálculos más conservadores: estimaba un valor de tres millones de euros.
En 2009, y con el PP ocupando la alcaldía, Torrent (Valencia) fue el antecedente de la operación alzirenca. El ayuntamiento cedió una parcela pública de 6.750 metros cuadrados en el centro universitario privado. El suelo estaba tasado en 2.128.464 euros. El PSPV criticó que la concesión a la Universidad Católica de Valencia suponía el traslado de la Brigada de Obras municipal, con lo cual había erario local debía asumir un alquiler extra de 39.790,32 euros al año. Gandia (Safor), con gobiernos populares y socialistas, también ofrecieron recursos públicos, pero la institución religiosa se decantó por Alcoy (Alcoyano), a pesar de que el consistorio alcoyano no otorgó ninguna prebenda en el centro universitario privado.
Un año después de la cesión de los torretins se produjo otra por parte de Paterna, también gobernada entonces por la formación de la gaviota. Aquella cesión por 30 años no sería la única que consiguiera el arzobispado en 2010. Alfons Rus, entonces alcalde de Xàtiva (Valencia) y actualmente investigado como presunto capitost de la trama Taula, cedió el viejo IES Lluís Simarro. Es cierto que la institución católica abonó 2,5 millones de euros de su bolsillo para rehabilitar el edificio, pero el regalo gratuito de las instalaciones comportó la construcción -con sobrecostes incluidos- de un nuevo instituto público para valor de 12,5 millones de euros.
La devoción inmobiliaria de la Universidad Católica de Valencia que se cumplía gracias a la caridad de los ejecutivos populares se transformaba en alergia cuando había que pagar impuestos. El centro universitario privado estaba exento en Valencia abonar el impuesto de bienes inmuebles, por el que debería haber desembolsado 51.000 euros cada año, tal como reclama el actual consistorio progresista. De este modo, el centro docente religioso contaba con una facultad de derecho ubicada en una de las zonas de mayor valor catastral de la ciudad sin abonar los tributos correspondientes.
En expansión. El crecimiento del centro universitario privado no se detiene. Y como muestra, está el campus que proyecta en Burjassot (Valencia) | UCV
No en vano, y de acuerdo con el llistat elaborat per Europa Laica el año 2015, la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir cuenta con un voluminoso patrimonio inmobiliario en la capital. Tiene una finca de cuatro plantas con una superficie construida de 2.544 metros cuadrados en el centro de la ciudad, así como otra de cinco alturas en una de las zonas más exclusivas de Valencia. También es propietaria de una tercera con cuatro alturas, 1.950 metros cuadrados de suelo para construir y una superficie edificada de 3.055 metros cuadrados. Una parcela entonces sin edificar y varios inmuebles en otras ubicaciones céntricas conforman la radiografía hecha por el colectivo cívico.
Fe judicial
La universidad del arzobispado ha visto beneficiada, además, por el blindaje jurídico del Tribunal Superior de Justicia valenciano respecto la posibilidad de los alumnos del centro privado de realizar prácticas sanitarias en hospitales públicos. Manuel Domingo, uno de los magistrados que firmó la resolución, fue profesor invitado de un máster de Abogacía del mismo centro educativo religioso y forma parte del tridente judicial de corte conservador –radiografiat per aquest setmanari – que ha obstaculitzat la normalització lingüística en el País Valenciano.
Una mercantilització de la docència– en este caso, sanitaria- que no se ha dado en las becas de la Generalitat Valenciana, ya que los tribunales han avalado la postura del bipartito progresista de no subvencionar los alumnos del centro superior privado. La justicia valenciana, con todo, sí ha determinado que el Consejo debe sufragar la primera matrícula de los másters de los centros superiores privados.
Con un patronato que integra a a bisbes auxiliars imputats per la trama Gürtel, popes del PP como el abogado profundamente conservador Adolfo Suárez Illana o juristas vinculados a Camps y esquitxats per suposades causes de corrupció como es Vicente Garrido, la Universidad Católica de Valencia s ha expandido gracias a los recursos públicos. Una bendición del erario público que ha obrado el milagro: convertir el anhelo espiritual del ex arzobispo García-Gascó en pura realidad.
Traducción de Guillermo González
El matrimoni firmat a ulls de Déu entre el PP i l’església valenciana va exemplificar-se amb la benedicció pública dels populars al projecte educatiu privat de l’arquebisbat autòcton: la Universitat Catòlica de València. Un miracle docent que va fer-se per gràcia dels diners públics, els regals i els privilegis fiscals atorgats pels conservadors. Segons la documentació recopilada per EL TEMPS, el centre superior de l’arquebisbat va rebre 10.248.549,39 euros. La xifra només contempla les aportacions de la Generalitat Valenciana durant l’etapa 2007-2015 i els recursos públics cedits pels ajuntaments de Torrent i Alzira.
A la perifèria de la capital del País Valencià, en l’enclavament nord-oest en el qual es dibuixa la línia divisòria entre la pedania de Benimàmet i Burjassot (Horta), ha trobat la Universitat Catòlica de València la seua terra promesa. Entre una llarga llista de grans superfícies comercials, un hospital privat, carreteres i projectes d’impuls de restaurants de menjar ràpid, l’arquebisbat de València ha llogat per 20 anys una pastilla de terreny de 13.000 metres quadrats. Unes parcel·les que serviran per aixecar tres facultats i dependències administratives. L’objectiu és convertir el Campus de Burjassot en la seu espiritual d’un projecte que s’ha expandit gràcies a les prebendes atorgades pels diferents governs locals i autonòmics del PP, malgrat la seua condició d’universitat privada.
Segons la documentació recopilada per EL TEMPS, la Universitat Catòlica de València va pescar 10.248.549,39 euros en diners i recursos públics. Aquesta xifra, però, només recull les injeccions de la Generalitat Valenciana del PP entre 2007 i 2015, així com la valoració dels terrenys i els edificis propietat de l’administració que van cedir a la institució religiosa privada els ajuntaments de Torrent (Horta) i Alzira (Ribera Alta). No debades, el centre universitari va beneficiar-se d’altres prebendes atorgades pel PP, com ara l’exempció d’abonar l’Impost de Béns Immobles a la ciutat de València. Aquest setmanari radiografia com van beneir les administracions en mans dels conservadors el projecte eclesiàstic amb recursos públics.
Santificaràs l’erari públic
Anys 2003. L’aleshores arquebisbe de València, l’ultraconservador Agustín García-Gascó, està empipat amb la Universitat Cardenal Herrera-CEU, l’únic centre superior privat i de caràcter religiós que hi havia en aquell moment al País Valencià. García-Gascó no suporta la manca d’influència per fer mans i mànegues a la institució educativa gestionada per l’Associació Catòlica de Propagandistes. I àvid d’influència a l’àmbit de l’ensenyament, empra la seua sintonia amb el Consell del PP que presidia el curita Francisco Camps per complir amb el seu anhel. «Ningú no hauria de ser aliè a la valoració del tresor que ofereix l’educació catòlica a la societat», repetia el purpurat a tall de confessió del seu desig diví.
Comptat i debatut, i producte de l’aliança entre l’Escola d’Infermeria Nostra Senyora dels Desemparats, el col·legi universitari Edetania i la Facultat d’Estudis d’Empresa, l’any 2004 s’obra el miracle. Amb la benedicció de Camps i del sector catòlic dels populars valencians representant pel posteriorment esquitxat en diversos escàndols judicials Juan Cotino, s’impulsa la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. Una institució que tindrà com a far ideològic Justo Aznar, director de l’Institut de Ciències de la Vida del centre universitari, numerari de l’Opus Dei, expresident de l’organització antiavortista Pro Vida i contrari al matrimoni homosexual.
Amb la Universitat Catòlica de València erigint-se com al centre educatiu que representava l’ortodòxia integrista catòlica, i conscient de les possibilitats de negoci que hi ha als estudis sanitaris, Camps autoritza en plenes Falles la creació d’una facultat de Medicina, on s’impartiria odontologia, fisioteràpia i podologia. La decisió es realitza sense que la universitat privada religiosa compte amb els requisits imposats pel Consell de Coordinació Universitari en mancar d’un pla d’estudis i d’un topall d’alumnes. Encara més, la concessió va adoptar-se xocant amb Llei Orgànica d’Universitats, de caràcter estatal, i amb l’article 7 de la normativa de Coordinació del Sistema Valencià Universitari. Tot un conjunt d’irregularitats que van causar un profund malestar als rectors i que van inaugurar els regals dels conservadors a la institució clerical.
L’edifici que acolliria la facultat de Medicina n’és, precisament, un exemple de tot plegat. Es tracta d’un vell convent i una església que estaven dintre del complex històric de l’Hospital General de València. El traslladat del centre sanitari va provocar que el clero registrara diversos immobles annexos al seu nom, malgrat la inscripció anterior de la Diputació de València. El conflicte va finalitzar amb la cessió d’aquests edificis a canvi de la renúncia d’unes parcel·les que gaudia en una altra zona l’arquebisbat. La Generalitat Valenciana de Camps va aportar, al seu torn, 2.411.260 euros per rehabilitar tot el complex de la parròquia de San Carlos de Borromeo, segons les dades a les quals ha accedit aquest setmanari.
La Universitat Catòlica de València va obtenir, de fet, 4.051.573,06 euros entre 2007 i 2011, quan Camps ocupava la presidència del Govern valencià i es finançaven diverses activitats didàctiques fetes per la institució clerical docent com ara congressos i jornades científiques que seguien la doctrina catòlica. També van sufragar-se els estudis de diversos alumnes del centre privat amb una inversió en beques de 626.458,87 euros entre 2006 i 2011. Per al curs 2006-2007, van destinar-se 100.084,04 euros; en el 2007-2008, 128.395,38 euros; en el 2008-2009, 98.413,71 euros; en el 2009-2010, 123.557,31 euros, i en el 2010-2011, 176.008,43 euros. Tanmateix, els pagaments dels cursos 2009-2010 i 2010-2011 van efectuar-se durant l’etapa d’Alberto Fabra com a cap del Consell, segons consta en la documentació a la qual ha accedit EL TEMPS.
Amb Fabra, les ajudes a la universitat privada de l’arquebisbat de València va reduir-se sensiblement, amb 1.068.512,33 euros entre 2012 i 2015. La majoria de les aportacions durant la darrera legislatura dels populars al capdavant de la Generalitat Valenciana van produir-se en 2013. En aquell exercici, l’executiu valencià va injectar 918.914,80 euros en el centre religiós privat. Entre les subvencions concedides a una institució que fa negoci de l’ensenyament superior, destacaven els 655.000 euros en ajudes per a equipaments.
Tot i la disminució de les aportacions públiques, Fabra va privilegiar el centre universitari privat en qüestions en autoritzar l’aterratge de la Universitat Catòlica de València al Centre Estatal de Referència d’Atenció a Persones amb Trastorn Mental Greu, ubicat en un edifici que va costar 15 milions d’euros públics i que va construir-se en una parcel·la cedida per l’Ajuntament de València. Segons va narrar El País, l’operació consistia a instaurar un Model Alzira al camp de la investigació, ja que la Universitat Catòlica de València havia de compartir espai amb la Universitat de València. La jugada va emprenyar força a l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria del País Valencià.
L’aposta per la Universitat Catòlica de València com a centre superior docent que encapçalara la investigació al País Valencià va tenir antecedents durant l’etapa de Camps. El curita va intentar junt amb l’aleshores alcaldessa de València Rita Barberá la posada en marxa de l’Institut d’Investigació i Desenvolupament en Simulació Mèdica-Quirúrgica, que seria gestionat per la institució religiosa de caràcter privat. Ambdues administracions van aprovar un conveni en el qual es comprometien a «realitzar quantes accions siguen necessàries per executar el projecte».
La incorporació de la universitat de l’arquebisbat al món científic al caliu dels favors del PP va causar un malestar considerable als àmbits investigadors. Especialment, quan va ingressar al Centre d’Investigació Príncep Felip. La institució religiosa va demanar la cessió d’una de les torres del centre d’investigació, la possibilitat d’obtenir benefici de l’arrendament d’equips tecnològics i estalviar-se el pagament de les despeses de llum, aigua, neteja o seguretat. Les condicions abusives foren rebutjades d’entrada, però la intercepció del Consell del PP va possibilitar el desembarcament. La Universitat Catòlica, fins i tot, va crear una unitat mixta amb l’Institut Valencià de Patologia, la qual cosa va provocar que els treballadors es queixaren d’un tracte de favor cap a la institució religiosa docent, segons va publicar Valencia Plaza.
Els tentacles de l’arquebisbat a l’univers de la recerca van expandir-se encara més. Arribarien fins a Alacant. El Govern valencià va entregar-li el control de la investigació pesquera amb un conveni que va encarir -de 54.000 a 170.000 euros- els serveis respecte de l’anterior prestatari, l’Institut Ecològic Litoral.
Devoció immobiliària
Mentre la Universitat de València va haver-hi de desemborsar 42 milions d’euros per a la seua darrera ampliació al Campus de Tarongers, la Universitat Catòlica de València va rebre totes les facilitats per instal·lar una zona universitària al barri de Campanar, situat al nord-oest de la capital del País Valencià. Amb els únics vots del PP, Barberá va atorgar al centre docent privat una concessió demanial per ús i gaudi d’uns terrenys de 13.144 metres quadrats durant 75 anys. El propòsit de la institució religiosa era aixecar dos facultats i un hospital privat impulsat per la firma Inverso -controlada per Juan Bautista, propietari de diversos laboratoris, i la fundació de l’arquebisbat-.
L’adjudicació va ser polèmica arran de les crítiques de les forces d’esquerres, que comparaven la concessió amb la carència de dotacions educatives al barri i recordaven la cessió anterior d’una altra parcel·la per instal·lar un centre infantil privat. També va causar controvèrsia per la relació del vicealcalde de València, l’actualment imputat a diversos escàndolsAlfonso Grau, amb la Universitat Catòlica de València. Membre en aquell moment del patronat de la institució religiosa, va ser director de diversos instituts del centre privat i, fins i tot, va retornar l’any 2015 al laboratori mèdic de la universitat integrista una vegada va ser desnonat el PP de la vara de comandament local.
La decisió de l’ajuntament va topar-se amb el recurs que va presentar l’asseguradora mèdica Nisa. La firma sanitària afirmava que el concurs mancava de publicitat i que el plec de condicions era favorable a la Universitat Catòlica de València. La reacció social, civil i veïnal al projecte va provocar que el consistori progressista nascut de les eleccions municipals del 2015 revertira la concessió del sòl. D’aquesta manera, el Govern de la Nau va aturar el pla de la Universitat Catòlica de València.
A Carcaixent (Ribera Alta), també va fracassar la jugada planejada per la universitat de l’arquebisbat. Ara bé, aquesta vegada amb perjudici per a l’erari públic del consistori riberenc. L’any 2011, amb la Universitat Catòlica de València ocupant a Carcaixent un edifici de manera gratuïta i un segon per un lloguer anual de 30.000 euros, la institució religiosa va projectar un altre aulari. Per edificar-lo, van invertir-se 2,2 milions d’euros públics. «Quan la Universitat Catòlica havia de posar-hi diners, van marxar. Han incomplert», va criticar l’aleshores alcaldessa, la popular Lola Botella, qui havia promocionat l’arribada del centre universitari catòlic. «Sempre hem denunciat que la Universitat Catòlica venia al nostre poble únicament per fer negoci», va censurar el regidor de Compromís Vicent Albelda, qui va queixar-se que «el PP no contemplara cap clàusula de penalització» en cas que fracassara l’operació.
Aquesta retirada, tanmateix, va estar motivada per la seua expansió a la capital de la Ribera Alta, a Alzira. L’ajuntament riberenc, aleshores governat per la popular Elena Bastidas, va cedir un edifici públic que s’havia finançat amb 840.000 euros del Pla E. Anteriorment, la universitat de l’arquebisbat havia rebut un altre immoble i un sòl de titularitat pública. Compromís va impugnar les prebendes al centre universitari privat al·legant la manca de solvència econòmica i financera de la institució en la documentació presentada, així com per la proximitat de les instal·lacions a una zona de caràcter inundable. La coalició valencianista va quantificar els regals en aproximadament quatre milions d’euros. Esquerra Unida va fer uns càlculs més conservadors: n’estimava un valor de tres milions d’euros.
En 2009, i amb el PP ocupant l’alcaldia, Torrent (Horta) va ser l’antecedent de l’operació alzirenca. L’ajuntament va cedir una parcel·la pública de 6.750 metres quadrats al centre universitari privat. El sòl estava taxat en2.128.464 euros. El PSPV va criticar que la concessió a la Universitat Catòlica de València suposava el trasllat de la Brigada d’Obres municipal, amb la qual cosa havia l’erari local havia d’assumir un lloguer extra de 39.790,32 euros a l’any. Gandia (Safor), amb governs populars i socialistes, també van oferir recursos públics, però la institució religiosa va decantar-se per Alcoi (Alcoià), malgrat que el consistori alcoià no va atorgar cap prebenda al centre universitari privat.
Un any després de la cessió dels torretins va produir-se una altra per part de Paterna, també governada aleshores per la formació de la gavina. Aquella cessió per 30 anys no seria l’única que aconseguira l’arquebisbat en 2010. Alfons Rus, aleshores alcalde de Xàtiva (Costera) i actualment investigat com a presumpte capitost de la trama Taula, va cedir el vell IES Lluís Simarro. És cert que la institució catòlica va abonar 2,5 milions d’euros de la seua butxaca per rehabilitar l’edifici, però el regal gratuït de les instal·lacions va comportar la construcció -amb sobrecostos inclosos- d’un nou institut públic per valor de 12,5 milions d’euros.
La devoció immobiliària de la Universitat Catòlica de València que es complia gràcies a la caritat dels executius populars es transformava en al·lèrgia quan calia pagar impostos. El centre universitari privat estava exempt a València d’abonar l’Impost de Béns Immobles, pel qual hauria d’haver desemborsat 51.000 euros cada any, tal com reclama l’actual consistori progressista. D’aquesta manera, el centre docent religiós comptava amb una facultat de dret ubicada en una de les zones de més valor cadastral de la ciutat sense abonar els tributs corresponents.
No debades, i d’acord amb el llistat elaborat per Europa Laica l’any 2015, la Fundació Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir compta amb un voluminós patrimoni immobiliari al cap i casal. Té una finca de quatre plantes amb una superfície construïda de 2.544 metres quadrats al centre de la ciutat, així com una altra de cinc altures en una de les zones més exclusives de València. També és propietària d’una tercera amb quatre altures, 1.950 metres quadrats de sòl per construir i una superfície edificada de 3.055 metres quadrats. Una parcel·la aleshores sense edificar i diversos immobles en altres ubicacions cèntriques conformen la radiografia feta pel col·lectiu cívic.
Fe judicial
La universitat de l’arquebisbat s’ha vist beneficiada, a més, pel blindatge jurídic del Tribunal Superior de Justícia valencià respecte la possibilitat dels alumnes del centre privat de realitzar pràctiques sanitàries en hospitals públics. Manuel Domingo, un dels magistrats que va firmar la resolució, fou professor convidat d’un màster d’Advocacia del mateix centre educatiu religiós i forma part del trident judicial de tall conservador –radiografiat per aquest setmanari– que ha obstaculitzat la normalització lingüística al País Valencià.
Una mercantilització de la docència -en aquest cas, sanitària- que no s’ha donat en les beques de la Generalitat Valenciana, ja que els tribunals han avalat la postura del bipartit progressista de no subvencionar els alumnes del centre superior privat. La justícia valenciana, amb tot, sí que ha determinat que el Consell ha de sufragar la primera matrícula dels màsters dels centres superiors privats.
Amb un patronat que integra a bisbes auxiliars imputats per la trama Gürtel, popes del PP com ara l’advocat profundament conservador Adolfo Suárez Illana o juristes vinculats a Camps i esquitxats per suposades causes de corrupció com és Vicente Garrido, la Universitat Catòlica de València s’ha expandit gràcies als recursos públics. Una benedicció de l’erari públic que ha obrat el miracle: convertir l’anhel espiritual de l’exarquebisbe García-Gascó en pura realitat.
