El silencio episcopal ante las agresiones sexuales de sacerdotes durante 40 años contrasta con su locuacidad contra el colectivo LGTBI
A pesar de los numerosos casos de sacerdotes y religiosos pederastas que aparecen a diario en los medios de comunicación y de las reiteradas denuncias de las víctimas por la inacción de los obispos españoles ante tamaño y extendido crimen, estos siguen minusvalorando la gravedad del problema. El último en restarle importancia ha sido el nuevo obispo de Ávila, ex secretario general de la Conferencia Episcopal Española y miembro del Opus Dei, José María Gil Tamayo, con motivo del ocultamiento durante 63 años, por parte del Vaticano, de las agresiones sexuales de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.
El silencio o la minusvaloración episcopales ante las agresiones sexuales de sacerdotes contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes indefensos durante 40 años contrasta con su locuacidad contra el colectivo LGTBI, la “ideología de género”, el aborto, el divorcio, las relaciones prematrimoniales, los métodos anticonceptivos, la píldora del día después, el matrimonio de los sacerdotes, el sacerdocio de las mujeres, las parejas de hecho, la homosexualidad, el matrimonio igualitario, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, la fecundación in vitro, el acceso a la eucaristía de las personas divorciadas vueltas a casar, el acceso de personas homosexuales al sacerdocio, etcétera.
Estas declaraciones, que siguen produciéndose hoy, a veces con gran torpeza, refuerzan el patriarcado heteronormativo y la binariedad afectivo-sexual, fomentan la homofobia y dan pábulo a las organizaciones y partidos que defienden en sus programas propuestas sexistas, homófobas y contrarias a la igualdad y la justicia de género.
Esto contrasta con la insensibilidad de la jerarquía católica hacia la violencia de género y las agresiones contra personas LGTBI. Es ella misma quien las discrimina prohibiendo su participación en órganos eclesiales representativos o en funciones de padrinazgo, por ejemplo, en bodas y bautizos. No es fácil, empero, leer declaraciones y documentos episcopales que condenen los feminicidios y los actos homofóbicos.
Se decreta la excomunión contra las mujeres que abortan y contra las mujeres ordenadas sacerdotes, pero no contra los sacerdotes y religiosos pederastas, quienes, tras las denuncias canónicas e incluso la autoconfesión de culpabilidad, seguían participando en actividades religiosas y en contacto con menores. O eran cambiados de parroquia o enviados a “misiones”, sin alertar a los obispos que los acogían de las agresiones sexuales. Y allí volvían a delinquir impunemente amparándose en su condición de personas sagradas como representantes de Dios.
Al silencio y la inacción hay que sumar el desamparo de las víctimas y sus familias, cuyos testimonios eran con frecuencia desoídos o calificados de falsos. El panorama no puede ser más desolador en el episcopado español. No me extraña que cada vez sea mayor el número de personas que abandonan la Iglesia católica, bien apostatando, bien haciendo mutis por el foro.
Juan José Tamayo es profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid
