El Defensor del Pueblo: “La libertad de pensamiento o expresión no pueden justificar el adoctrinamiento en la educación”

Muy de acuerdo con esa afirmación, pero no se entiende por qué no denuncia el adoctrinamiento religioso que se viene dando en la escuela con total impunidad. Parece que a la libertad religiosa no le resulta de aplicación y lo religioso tiene un tratamiento diferente, lo que supone vulnerar los principios constitucionales y democráticos.

El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha constatado este miércoles en el Congreso de los Diputados la “utilización de instalaciones y centros educativos para actos de reivindicación política” en Cataluña y ha condenado estas actuaciones porque “la libertad ideológica, de pensamiento, de expresión y de cátedra no pueden justificar los actos de adoctrinamiento en la educación”.

“La educación pretende enseñar a pensar, pero lo que no puede hacer es decirte lo que tienes que pensar”, ha recalcado. “Quien educa es un maestro, quien adoctrina es un doctrinario. El doctrinario no admite discrepancias. El doctrinario impone su doctrina, no la somete a consideración y análisis. Quien está fuera de la doctrina es un hereje, y así se viene practicando desde hace siglos. Muchos siglos”, ha añadido.

Fernández Marugán ha intervenido en comisión para explicar el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y también para responder una pregunta de Ciudadanos sobre las quejas relativas a adoctrinamiento en centros educativos de Cataluña.

Sobre esta cuestión ha informado que, desde finales septiembre de 2017, el organismo que dirige ha recibido 28 denuncias. Ha reconocido que, “en términos relativos, el número de quejas no es significativo”, pero ha añadido que, “aunque fueran muy contados los casos en los que se produjeron supuestos de adoctrinamiento en el ámbito educativo, el simple hecho de su existencia debería preocuparnos a todos extraordinariamente y más aún a quienes son responsables directos de evitarlos, es decir, las autoridades educativas de Cataluña y, en su caso, las del Estado”.