Francisco Delgado: «Treinta años después de aprobarse la Constitución española permanecen intactos los privilegios simbólicos, económicos, políticos y escolares de la Iglesia Católica».
La asociación estatal Europa Laica ha inaugurado esta mañana una jornada estatal que lleva por título “Diversidad de convicciones en un Estado Laico. La libertad de conciencia en un estado de derecho”, con la asistencia de cerca de 200 personas, entre los cuales se encontraban representantes de más de 20 organizaciones laicistas, sociales y políticas del estado español y de varios países de Europa.
El presidente de la asociación, Francisco Delgado, ha afirmado que “treinta años después de aprobarse la Constitución permanecen intactos los privilegios simbólicos, económicos, políticos y escolares de la Iglesia Católica”.
En el acto de apertura, Carmen Oliver, alcaldesa de Albacete, ha dado la bienvenida a los cerca de 150 asistentes, entre personas individuales y representantes de organizaciones sociales, y ha manifestado que “es un honor que Albacete acoja una jornada de librepensadores, de personas que quieren que la libertad de pensamiento se extienda por toda Europa.”
Oliver ha agregado que aunque la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado, “también es cierto que tenemos la tarea de lograr que la libertad de conciencia y la autonomía moral de la persona se respete.”
Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, ha recordado que en 2010 se celebra el centenario del nacimiento en Orihuela del poeta Miguel Hernández, “un librepensador y, a pesar de todo, creyente cristiano, comprometido con la república y con la libertad”. Delgado ha recordado que quienes lo dejaron morir en prisión fueron quienes “cerraron las puertas de la construcción del Estado Laico que la II República pretendía establecer”.
El presidente de Europa Laica ha recordado que “treinta años después de aprobarse la Constitución y de arribar la democracia, quienes introdujeron el nacionalcatolicismo, silenciando durante cuarenta años cualquier convicción que no fuera la ‘única y verdadera’ mantienen intactos privilegios simbólicos, jurídicos, económicos, políticos y escolares.” Delgado ha afirmado que estos sectores encuentran unos “magníficos aliados en ámbitos políticos, mediáticos y económicos que tratan de ocultar, cuando no anular, toda acción encaminada a la verdadera emancipación del ser humano, o lo que es lo mismo a la emancipación laica.”
“Contra ello, esta organización y otras muchas vamos a intentar seguir luchando, por mucho que les pese, para que se den las condiciones sociales, políticas jurídicas en la que emerja un estado laico en una Europa laica”, ha manifestado Delgado.
Intervención del magistrado emérito Martín Pallín
En una ponencia posterior, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo (presentado por Nicolás García Rivas, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Albacete), ha afirmado que los “seres humanos nacen laicos y otros les van inculcando creencias.”
El magistrado ha recordado la fuerte influencia de la Iglesia Católica en la enseñanza en España, y lo ha relacionado con la llegada tardía de los valores de la Ilustración y nuestro consiguiente atraso en materia de libertad de conciencia respecto a otros países europeos.
Así, en un recorrido histórico, ha dicho que la Constitución de Cádiz de 1812 establecía que en las escuelas se debía enseñar el catecismo; el Concordato de 1953 que la enseñanza se debía ajustar a los dogmas y a la moral de la Iglesia Católica, y los Acuerdos de 1979 el que esta debía mantener los valores de la fe cristiana.
Respecto a la existencia de símbolos religiosos en instalaciones públicas, Martín Pallín ha calificado como “ejemplar, con argumentos muy sólidos y dentro de la más ortodoxa doctrina constitucional” la sentencia de un juzgado de Valladolid que obligó a retirar los crucifijos del Colegio Público Macías Picavea de aquella ciudad.
Tensiones en la judicatura
Martín Pallín ha informado de que existen tensiones dentro de la judicatura, con corrientes a favor y en contra de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, como la que el pasado noviembre condenó al Estado italiano y dio la razón a una madre que había pedido la retirada de los crucifijos del instituto público en Italia donde estudiaban sus dos hijos. El citado tribunal entendió que la exhibición de crucifijos y demás símbolos religiosos vulnera la libertad de conciencia del alumnado y los derechos de los padres y las madres a educar a sus hijos según sus convicciones.
También ha manifestado su respeto hacia la decisión de que instituciones privadas como la Universidad de Navarra o la Universidad San Pablo CEU hayan eliminado de los planes de estudio de medicina la practica de interrupciones del embarazo, pero ha manifestado “sería un peligro que esos futuros médicos ejerzan en la sanidad pública” y por tanto el Estado no debería permitir su ingreso en la misma.
Por otro lado, en relación a la financiación ha dicho que España es “el único país del mundo en poner la Agencia Tributaria al servicio de la Iglesia Católica”.
Críticas de Cayo Lara
En una intervención posterior, Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, ha manifestado que “estamos en el momento histórico que la Iglesia Católica recibe más dinero público”, tras la decisión del actual Gobierno de ampliar del 0,5% al 0,7% la asignación tributaria del IRPF. Lara ha dicho que la Iglesia Católica utiliza este dinero para “hacer campañas muy duras contra el aborto, el matrimonio homosexual o para pedir el voto a la derecha sin ningún tipo de tapujos”.
Cayo Lara ha recordado que el soldado recientemente fallecido en Afganistán ha recibido un funeral de Estado católico, algo que iría en contra del principio de aconfesionalidad del Estado que establece la Constitución. En contraposición, ha recordado que en 1979, en el pueblo donde fue elegido concejal, entre las primeras decisiones del ayuntamiento, estuvieron la de llevar el crucifijo que presidía el salón de plenos a la iglesia, suprimir las bendiciones de los edificios públicos y establecer que los miembros de la corporación municipal sólo pudieran acudir a los actos religiosos a título individual y no como representantes públicos.
Lara ha criticado que “en el documento del Pacto por la Educación no aparezca la palabra laicidad por ningún lado.”
El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), organización laicista asentada en Aragón, ha recibido el II Reconocimiento anual que otorga Europa Laica a personas y entidades que hayan destacado por su trayectoria y acciones a favor de los ideales laicos. Entre otras acciones, MHUEL ha presentado recientemente un recurso contencioso administrativo contra algunos artículos del Reglamento de Protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza (donde tiene carácter obligatorio la asistencia de la Corporación a determinadas celebraciones confesionales católicas), así como contra la presencia de un crucifijo en el salón de Plenos del Ayuntamiento y de cualquier otro símbolo religioso que se exhiba en dependencias y centros municipales de Zaragoza.
