El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha dicho hoy que el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es «incompatible con la presencia en los edificios y espacios públicos de símbolos de una ideología».
Lo ha señalado en una declaración institucional, ante los recientes acontecimientos en Cataluña, y en la que ha mostrado «su preocupación por el deterioro de la convivencia en los espacios públicos catalanes».
Además, ha reclamado a los poderes públicos de Cataluña que respeten «el principio de neutralidad ideológica que debe regir cualquier sociedad libre, abierta, democrática y tolerante».
Ha condenado las agresiones sufridas por una ciudadana que retiraba lazos amarillos en Barcelona y por un trabajador de Telemadrid en el transcurso de una manifestación y ha deseado que la próxima Junta de Seguridad Estado-Generalitat (este jueves) aborde la situación derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos.
Un Estado de Derecho está sometido a reglas de diverso contenido para garantizar que sea «un espacio compartido», según Fernández Marugán, que ha argumentado: «los derechos de reunión y manifestación o el de uso de los espacios públicos no son ilimitados precisamente para preservar la seguridad y la convivencia».
Ha recordado que la Institución ya ha comenzado a recibir y tramitar quejas sobre el uso de símbolos ideológicos en los edificios públicos.
El pasado 7 de agosto amparó a un ciudadano que se quejaba de la instalación de lazos amarillos en la fachada principal del Hospital de Sant Pau de Barcelona.
El Defensor escribió a la Consejera de Salud de la Generalitat afirmando que «la libertad de expresión de las personas en instalaciones públicas tiene un límite en el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos, que no son partidos políticos o entidades de la sociedad civil».
«Los ciudadanos que acuden a ellas (hospitales, instalaciones policiales, delegaciones de Hacienda y un largo etcétera) tienen una pluralidad de posiciones sobre las más diversas cuestiones, todas las cuales deben ser respetadas sin que nadie pueda sentirse molesto o ajeno a la institución pública de que se trate, que es de todos y para todos», ha enfatizado el Defensor.
El 30 de agosto el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta solicitó la intervención del Defensor para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones Públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos».
Girauta hacía referencia -continúa el Defensor- a la ocupación de las sedes físicas oficiales o dependencias de la Administración de la Generalitat o del Govern, así como de los Ayuntamientos, con símbolos (lazos amarillos, cruces, pancartas, esteladas). representativos o vinculados a unas determinadas ideas políticas.
Se aportaban fotografías de instalaciones de la Generalitat así como de los Ayuntamientos de Barcelona, Girona, Reus, Vic y Berga.
Ante estos hechos, el Defensor ha reiterado: «los poderes públicos deben respetar el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista.
«Ello es incompatible con la presencia en los edificios públicos -máxime teniendo en cuenta que es permanente- de símbolos propios de una ideología, el respeto a la cual debe cohonestarse con el respeto a las demás que concurren en una sociedad libre, abierta, democrática y tolerante», ha aclarado.
El Defensor ha asegurado que, además de tramitar las quejas que reciba sobre estos asuntos, amparará, en su caso, a los ciudadanos y entidades afectados.
«El Derecho, expresión de una ética pública, compartida y vinculante, debe prevalecer», según Fernández Marugán, que ha deseado que la Junta de Seguridad Estado-Generalitat que se celebrará este jueves en Barcelona aborde la situación «derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos».
