Pese a las denuncias realizadas por docentes y padres, las autoridades bonaerenses tratan de evadir su responsabilidad ante los trágios sucesos, mientras numerosos centros han de ser evacuados y suspender las clases en otros.
En medio de las denuncias por las pésimas condiciones de infraestructura en establecimientos educativos bonaerenses y tras la muerte de dos docentes en Moreno, las clases debieron ser suspendidas hoy en una primaria de Merlo y en una secundaria de Pilar. En ambos casos las autoridades habían sido alertadas sobre los riesgos que presentaban.
La proliferación de denuncias sobre la calamidad de las escuelas en ruinas preocupa a la gobernadora y su director general de Cultura y Educación. El temor es que directores y directoras sigan explicando en público el grave peligro que corren chicos y docentes y les llenen los despachos de La Plata de documentación respaldatoria.
En el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se desparramó el “Sálvese quien pueda”. Fue causado por la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Una explosión de gas los mató el jueves 2 por la mañana en la escuela 49 de Moreno.
Este diario pudo saber que cunden los nervios en el trío que forman María Eugenia Vidal, su director general de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinny y el encargado de Infraestructura Matías Nicholson.
El temor en los altos niveles de la administración bonaerense no viene de los paros y las marchas de los docentes. Los funcionarios temen que directores y directoras sigan explicando en público la calamidad de las escuelas en ruinas, con peligro grave para chicos y docentes, y que les llenen los despachos de La Plata de documentación respaldatoria. Su miedo también es penal y civil.
Hoy Vidal ordenó mandar gasistas a las escuelas de Moreno. Los envió Sánchez Zinny. Estuvieron desde la mañana revisando pérdidas en las escuelas y dejando constancia de las fallas. Un funcionario educativo con formación en Educación Física iba recogiendo las actas. La constatación no terminó.
La reacción oficial después de las muertes evitables indica dos cosas.
Una, que Vidal y Sánchez Zinny estaban perfectamente al tanto de la catástrofe que son las escuelas públicas de Moreno.
Otra, que la gobernadora y su funcionario de más alto rango (fue elegido por acuerdo del Senado) quieren descentralizar el impacto enorme de las dos muertes. Buscan que el efecto quede encerrado dentro de los límites de Moreno y que no les genere costos políticos.
Sánchez Zinny ya desde antes no podía deslindar su responsabilidad ni alegar ignorancia. Como publicó el domingo Página/12, firmó un acta en que los arreglos de gas dependían de un funcionario puesto por él, Sebastián Nasif.
Vidal tampoco ignoraba la situación: todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires le pidieron audiencia el 2 de mayo. Y el 17 de mayo llevaron a la Legislatura y a la oficina de Sánchez Zinny carpetas que incluían la cuestión de las deficiencias en las escuelas. Dos hechos públicos. Tan públicos como las muertes del jueves.
Alumnos evacuados de la escuela Primaria N° 8 de Merlo