Escultura de Juan de Ávalos en Almendralejo, que se mantendrá. – HOY
La Diputación y el Arzobispado de Mérida-Badajoz restaurarán las iglesias de las localidades de menos de 20.000 habitantes. Para ello, cada institución aporta 200.000 euros. Con esos 400.000 euros recuperarán antiguos edificios y bienes muebles, pero también atenderán lo dispuesto por el comité de expertos de la memoria histórica.
En el catálogo que han elaborado de toda la provincia especifican 44 restos que pertenecen a la Iglesia. En su mayor parte son cruces, aunque también figuran placas, lápidas e inscripciones. El listado obliga a retirar cuatro vestigios. Entre ellos, el azulejo de la Virgen de Guadalupe de Montijo, que se encuentra en la fachada de la ermita de Jesús. En ese azulejo se puede leer «Patrona de la Victoria 1-4-1939».
Los otros tres son la inscripción con los caídos de Campanario, que cuenta con una cruz adosada que sí puede mantenerse, la placa sobre los caídos adosada a la iglesia de Carmonita y la lápida de los caídos que se encuentra en un templo de Reina.
Además, se pide «la eliminación de los símbolos y el traslado de la cruz (de los caídos) al cementerio» en otros ocho casos. A otras seis cruces recomiendan su traslado al camposanto y la eliminación de la expresión ‘los caídos’. Es lo que se pide por ejemplo en Ahillones, Castilblanco y Santa Marta.
La Diputación, no obstante, permite que se mantengan 21 restos, lo que supone prácticamente la mitad. Entre ellos se encuentra el crucificado de Juan de Ávalos que se puede ver en la parroquia de la Purificación de Almendralejo porque se le cambió el lema franquista que lucía hace tiempo.
En su mayor parte, estos vestigios que se pueden mantener son cruces que han perdido los símbolos y leyendas referentes a la guerra o la dictadura. En este grupo destaca la lápida de ‘Pedro Gómez Asensio’ instalada en 2012 en Salvatierra de los Barros. Se incluye en el catálogo por contar con «un texto presuntamente inclusivo».
Esta lápida se encuentra en el pórtico de entrada de la Ermita del santísimo cristo de las Misericordias y en ella puede leerse lo siguiente: «En esta casa del Santísimo Cristo vivió Don Pedro Gómez Asensio, sacerdote martirizado por el odio a la Fe, en la madrugada del 27 de agosto de 1936, en este pueblo, donde ejerció como párroco del mismo. Oremos al señor, para que su memoria, y la de todos los inocentes, muertos por la intolerancia de cualquier signo, sirvan para alcanzar el perdón y la paz para siempre. ¡Descansen él, y todos, en paz! Salvatierra de los Barros 01.04.2012». Así que la Iglesia podrá mantenerla, pero consta en el catálogo.
Estos son los restos que, de momento, el comité de expertos ha encontrado en terrenos de la iglesia. Pero el convenio firmado entre el Arzobispado de Mérida-Badajoz y la Diputación permitirá encontrar otros. Así, el Arzobispado facilitará el acceso de los miembros del comité a los templos y edificios parroquiales abiertos al público.
De esta forma, Gallardo da un paso más en su objetivo de borrar los restos del franquismo. El 1 de diciembre anunció que realizaría gestiones ante la Iglesia para ver cómo podría conseguirlo. Entonces, el comité de expertos ya había realizado el catálogo de restos y había advertido restos en las fachadas o en terrenos de la Iglesia. Pero al no encontrarse en suelo municipal, no podían obligar a los alcaldes a retirarlos condicionándolos a las subvenciones a los ayuntamientos. Un par de días después de las palabras de Gallardo, la Iglesia recogió el guante y aseguró que cumpliría con la Ley de Memoria Histórica. El nuevo convenio firmado con el Arzobispado de Mérida-Badajoz para restaurar iglesias lo facilita subvencionándolo.
En la provincia, sin embargo, existen otras tres diócesis. Son el Obispado de Plasencia, al que le corresponde Don Benito y su entorno; la zona de Zarza-Capilla depende del de Coria-Cáceres y el Arzobispado de Toledo alcanza la Siberia alta. Estas tres diócesis quedan excluidas por tanto de esta medida.
Según la institución provincial, incluir la retirada de los restos del franquismo en este convenio con el Arzobispado de Mérida-Badajoz es «un ejercicio de coherencia que, dicho sea de paso, no ha supuesto ningún tipo de resistencia, sino más bien todo lo contrario y ha sido plenamente asumido por el Arzobispado».
La institución defiende que la retirada de los restos de la insurrección, la Guerra Civil y la dictadura no es el objetivo de este convenio. El fin es la restauración y conservación del patrimonio eclesiástico porque «forma parte de las tradiciones y de la riqueza patrimonial y constituye otro de los importantes atractivos turísticos con los que cuenta el ámbito rural».
Con esos 400.000 euros realizarán obras de conservación y reparación de templos y edificios parroquiales, incluidos los bienes muebles, situados en municipios de menos de 20.000 habitantes o entidades locales menores de la provincia y correspondientes a la Diócesis de Mérida-Badajoz, siempre que no esté declarados Bien de Interés Cultural o tengan expediente de declaración abierto a tal fin.
La Diputación insiste en que la intención de este convenio es reparar las iglesias como lugares de culto y atractivo turístico, y que incluye la retirada de restos franquistas es por coherencia con la política que está desarrollando la institución. Para Gallardo, «el objetivo principal es devolver el patrimonio en mejores condiciones sin que suponga un elemento de controversia».
