La intolerancia religiosa en la entidad es un problema delicado que se presenta en varias comunidades, debido, en parte, a la proliferación de iglesias evangélicas y cristianas. El jueves pasado, autoridades del ejido San Miguel Chiptic, en el municipio Altamirano, destruyeron tres viviendas de igual número de familias que fueron expulsadas por haber cambiado de religión.
Según el testimonio de Pedro Rodríguez, perteneciente a la iglesia Adventista del Séptimo día, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando varios hombres y mujeres llegaron con picos y marros a los domicilios de las familias que decidieron abandonar el catolicismo, destruyeron sus casas edificadas con blocks y techos de láminas, de acuerdo con información de Proceso.
Mientras que estos actos se llevaban a cabo, las mujeres y niñas se refugiaron en las casas de sus familiares, y los hombres se dirigieron a la cabecera municipal de Altamirano para informar sobre la agresión ante las autoridades municipales; no obstante, el caso fue atendido hasta el viernes, por lo que optaron por quedarse afuera de la alcaldía, en espera de que les garanticen el regreso a sus tierras, comentó Luis Herrera, de la organización Voces Cristianas.
“Esperemos que no pase lo que pasó hace cuatro años”, señaló Herrera al referirse al desamparo en que en ese entonces, otra familia que también fue expulsada de la comunidad.
Agregó que en esa ocasión no se hizo justicia pues “todo quedó sin castigo, a pesar de las evidencias y demandas que tenían (las autoridades) para ejercer acción penal en contra de los agresores. Como siempre, se hicieron ofrecimientos al afectado para que desistiera, y finalmente el asunto quedó sin castigo”.
Desde hace cuatro años, añadió, las autoridades del ejido San Miguel Chiptic han mantenido en la intranquilidad a los adventistas y han fortalecido las diferencias entre la población, sin importarles que el asunto es del conocimiento de las autoridades municipales y estatales, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que nada han hecho para garantizar a los pobladores el derecho a profesar la religión que deseen, según dicho medio.
Otro caso de este tipo de intolerancia en la entidad se suscitó el mes pasado; un indígena tuvo que pagar el precio de ser evangélico. Mateo Portillo fue encarcelado al tratar de edificar un templo de esta religión en el paraje de Zaclamanton, municipio de San Juan Chamula; las autoridades locales impiden la libertad de culto en la zona.
Con base en el portal EcoCristiano Digital, el cacique de la región, Juan Pérez, ordenó que el creyente fuera amarrado para trasladarlo a la cárcel en la cabecera municipal, así como sucede con los ladrones, violadores y traficantes. El indígena de la etnia tzotzil fue detenido el pasado 4 de febrero y al día siguiente permanecía detenido bajo el cargo de ser evangélico.
Asimismo, al menos 150 cristianos de una congregación pentecostés que se reunían para llevar a cabo sus cultos, decidieron comenzar a tratar de construir un lugar adecuado para sus celebraciones; sin embargo, fueron intimidados por los caciques de la localidad, dirigidos por Juan Pérez, quien también ordenó el encarcelamiento de los líderes evangélicos.
En los últimos meses, en el estado, los evangélicos han sido objeto de vejaciones, despojos, expulsiones, amenazas y encarcelamiento por el “pecado” de no pertenecer a la religión católica, como en los muncipios de Oxchuc, Chilón y Las Margaritas.
Migración disminuye el catolicismo
Tanto los conflictos religiosos dentro del estado como la llegada de otras doctrinas al país, han propiciado la disminución del número de católicos en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en varios estados los conflictos religiosos han generado la migración de católicos a otras entidades y, por ende, la disminución de esta religión.
La Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Subsecretaría de Población,Migración y Asuntos Religiosos de la Segob reporta que, en los últimos 10 años, se han producido poco menos de un centenar de conflictos religiosos, los cuales predominan en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y, en menor medida, en Puebla, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Morelos.
Los datos del Inegi señalan que en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Veracruz ha disminuido el índice de catolicismo, según información retomada de Excélsior.
En el caso específico de Chiapas, dicho instituto indica que en el estado se refleja la diversidad religiosa más amplia del país; el catolicismo es el más bajo, por la presencia de otras creencias que se han acrecentado en las últimas décadas y porque el porcentaje de población sin religión es relativamente alto.
Respecto al tema del desplazamiento interior en el país, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. argumenta que se debe principalmente a motivos religiosos, así como conflictos por tierras e inseguridad. Entre el 2008 y 2014 se han documentado al menos 121 episodios de esta naturaleza en por lo menos 10 estados de la República. De igual forma, la migración de mexicanos al país vecino del norte, Estados Unidos, ha generado una disminución en el catolicismo.
¿Qué es la intolerancia religiosa?
Aunque en la ley se estipula la libertad de fe y religión, la cual debería ser considerada como un valor positivo, la realidad es que no profesar la misma creencia que la mayoría, es visto como una amenaza a la convivencia, por lo que la tolerancia recíproca es inexistente.
La intolerancia nace a partir de que una persona adopta una actitud irrespetuosa con respecto a quienes tienen ideas o creencias diferentes a las suyas. Normalmente, la intolerancia está asociada a posiciones conflictivas u ofensivas. Este fenómeno en la religión se ha presentado desde hace siglos.
Por ejemplo, en tiempos antiguos, cuando los primero cristianos practicaban sus ritos, tenían que esconderse en las catacumbas porque las autoridades romanas no toleraban sus creencias. También está el caso de los judíos, quienes han sido perseguidos en muchos momentos de la historia, y la razón principal de dicha persecución era la hostilidad hacia sus creencias.
En marzo del año pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 149 del Código Penal Federal que impone una sanción, de uno a tres años de prisión o de 50 a 300 días de trabajo comunitario, a quienes atenten contra la dignidad humana o menoscaben derechos y libertades a las personas por razones de religión o discapacidades, de acuerdo con datos del portal Milenio.
Esto fue avalado con 366 votos a favor, dos en contra y 32 abstenciones; el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación enfatiza que “no serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos y las que garantice el Estado laico, de conformidad con la Constitución política”.
Los legisladores comentaron que, a pesar de que se vive en un escenario de creciente diversidad de culto, la discriminación todavía es un problema social que afecta la pacífica convivencia entre los ciudadanos, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales, principalmente indígenas.
