Grupos católicos y cristianos se oponen al proyecto de ley sobre libertad religiosa en Perú que pretende castigar con prisión las “ofensas religiosas”

En uno de sus proyectos más recientes, el fujimorista Carlos Tubino ha propuesto que se castigue con pena de cárcel a todo aquel que ataque la libertad religiosa de otras personas mediante “ofensas, desprecios, agravios o insultos”.

Algunos congresistas y varios expertos, desde una perspectiva política y técnica ya han advertido los peligros de aprobar una ley tan ambigua, que además sería inconstitucional. Las críticas también se han generado desde grupos religiosos de la sociedad civil.

Para Elena Sudario, vocera del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la iniciativa de Tubino, en lugar de proteger la libertad religiosa, la limita al extremo de criminalizar a quienes trabajan a favor de los derechos reproductivos y la diversidad.

Similar es la opinión de Víctor Arroyo, director ejecutivo del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep), quien sostiene que se busca silenciar las denuncias contra delitos que, según dice, algunos pretenden justificar amparados en su religión.

Arroyo sostiene que algunos religiosos como el pastor Rodolfo Gonzales, del Movimiento Evangélico Mundial (MMM), incluyen en su doctrina la idea de “persecución” y de rechazo a todo lo que no se ajusta a su pensamiento.

En marzo del año pasado, La República reveló un audio en el que Gonzales, amparado en su interpretación de las enseñanzas cristianas, ordenaba a sus seguidores que “maten” a las parejas homosexuales.

“A mí me parece que estamos frente a una propuesta que buscaría criminalizar a quienes tienen una voz crítica sobre estas justificaciones de contenido religiosos para determinados hechos como los atentados, la persecución o incluso el asesinato de personas”, expresa Arroyo.

Tal como han advertido el congresista Alberto de Belaunde y el periodista Pedro Salinas, Sudario y Arroyo coinciden en que una ley como la propuesta hubiera complicado las denuncias sobre los abusos cometidos por el Sodalicio de Vida Cristiana.

“Si hubiera existido esa ley al hacer la denuncia, que involucra a jerarcas católicos acusados de encubrimiento, tal vez algún juez podría haber considerado que se trataba de una difamación o de una ofensa al clero o la iglesia misma”, asegura Sudario.

Arroyo asegura que el proyecto de Tubino no tiene un fundamento adecuado y que “distorsiona” el concepto de libertad religiosa. “Uno lee la exposición de motivos, luego ve la propuesta de la ley y encuentra que no hay una relación directa”, opina.

En la iniciativa se lee que, “siendo la libertad de culto una de las más preciadas libertades (…) es menester proteger ese derecho desde la óptica penal, a fin de que no se transgreda o se ofenda los sentimientos de una persona o de los miembros de una determinada confesión”.

Tubino se ampara en la predominancia católica y en la presencia de otras religiones, además de documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Constitución, que reconocen el derecho a la libertad de conciencia y religión.

El problema con esa argumentación, dice Arroyo, es que el Perú ya tiene una Ley de libertad religiosa que cautela esos derechos. “Es necesario discutir una ley sobre crímenes de odio, pero siempre en el marco de la Constitución, del reconocimiento de la dignidad de las personas y del carácter universal de los derechos humanos. La iniciativa de Tubino no se ajusta a esos preceptos”, sostiene.

Sudario agrega que el proyecto en mención, de ser aprobado, limitaría el ejercicio de la libertad de conciencia, vinculado a la libertad de opinión, “que son fundamentales para un Estado laico”.

“Hay sectores que se oponen a la educación sexual integral, al enfoque de igualdad de género, a los derechos reproductivos y la libertad de amar. Si nosotros los llamamos conservadores, o les decimos que provienen de corrientes fundamentalistas, como efectivamente ocurre, ellos podrían entender que es una agresión o un insulto. Esta ley trata de amedrentar a quienes ejercen su derecho a la crítica”, culmina Sudario.