El Vaticano y los obispos articulan sus relaciones con España de Estado a Estado – Las asociaciones laicas piden que el Gobierno evite participar en el boato católico
Banderas del Estado vaticano ondean ya por las calles de Madrid, enarboladas por jóvenes de todo el mundo. Vienen para participar en una fiesta religiosa convocada por Benedicto XVI en julio de 2008 en Sydney, al final de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebrada ese mes en Australia. Según los organizadores, los viajeros (más de un millón y mayoría de chicas, según cálculos oficiales) tienen una edad media de 22 años. Más de la mitad (58%) cuenta con estudios universitarios y el 73% viene a España por primera vez. Casi el 48% son estudiantes, el 40% trabaja y solo un 6% está en paro. Uno de cada 10 ya se ha casado. El 55% vive con sus padres. La mitad va a alojarse en polideportivos, colegios y albergues públicos (22%), en salones parroquiales (13%) o en casas de familias católicas (12%). El reclamo de su viaje no es turístico. Quieren aclamar al Papa de Roma, su único líder y guía. Por eso exhiben banderas del Estado de la Santa Sede, del que Benedicto XVI es monarca absoluto.
Pese a que viene en visita pastoral y tiene una agenda religiosa (misas, sermones, un viacrucis y una clausura espectacular en la base militar de Cuatro Vientos), el Papa va a ser recibido con honores de jefe de Estado por los Reyes, a los que visitará más tarde en el palacio de la Zarzuela. El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, acudirá a agasajarle en la nunciatura (embajada) del Vaticano, un coqueto palacio con generoso jardín en el norte de la capital.
El Gobierno desearía que el Papa limitase su actividad a la faceta evangelizadora -lo ha expresado en voz alta el ministro Jáuregui-, pero Benedicto XVI tiene previsto repasar en sus sermones los problemas a los que se enfrenta su confesión en España. Pronunciará nueve en cuatro días y execrará del laicismo y el relativismo de la sociedad española. También respaldará el resistente combate de los obispos contra varias leyes promovidas por Zapatero. Es la consecuencia de un principio que viene de lejos, según el cual Benedicto XVI y los obispos articulan sus relaciones en España de Estado a Estado y de poder a poder.
Por primera vez en la historia, decenas de prelados, liderados por el cardenal Antonio María Rouco, han salido a la calle en manifestación contra alguna de esas leyes, lo que irritó sobremanera al Ejecutivo y escandalizó a buena parte de la opinión pública. Centenar y medio de organizaciones laicas o ateas, además de Redes Cristianas, el Foro de Curas y la Asociación de Teólogos Juan XXIII, se manifestarán el miércoles para expresar su rechazo a esas injerencias del Estado vaticano y para reprochar al Gobierno el que se haya implicado con entusiasmo en apoyo, incluso económico, de la JMJ y de la visita del Papa. Su lema es De mis impuestos al Papa cero. Por un Estado laico. Apuestan "por la democracia y por las libertades, por la laicidad de las instituciones y por la eliminación de los privilegios jurídicos, simbólicos, políticos, fiscales, tributarios y económicos de los que goza la Iglesia católica oficial en España".
El primado de Toledo, arzobispo Braulio Rodríguez, ha llamado "paletos" a quienes expresan esos reproches, afirmando que tal actitud no ocurre en "ninguna otra parte". "Practican una laicidad radical y un secularismo peligroso para la moral", sostuvo. Incluso el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha ahondado las descalificaciones. Los convocantes de la manifestación son unos "parásitos", proclamó el viernes. Ayer le han replicado los organizadores. "Una parte importante de la jerarquía católica actúa con una preocupante soberbia (por cierto, pecado en su doctrina) que puede constituir, en algunas circunstancias, presuntos delitos por difamación. Además, algunas de las declaraciones pueden incitar a actos violentos de grupos fundamentalistas" dicen. Han enviado a la Fiscalía "esas peligrosas opiniones".
Los movilizados por la laicidad del Estado exigen "a autoridades y responsables políticos" que les representen "independientemente de las creencias y convicciones individuales" y que eviten o no participen "en ceremonias y boatos estrictamente católicos en donde se llama a la intolerancia y al incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de leyes aprobadas por el Parlamento".
Benedicto XVI, elegido papa en abril de 2005 cuando acababa de cumplir 78 años, viene por tercera vez a España. Estuvo en 2006 en Valencia para clausurar una jornada mundial de familias (la financiación pública de aquella visita está en los juzgados, enrarecida por el escándalo del caso Gürtel), y volvió en noviembre pasado como peregrino a Santiago de Compostela y Barcelona. Este viaje estuvo precedido de unas declaraciones en el avión que le traía a España, un país que, según el líder del catolicismo, vive un "anticlericalismo agresivo" y en un ambiente social casi prebélico. Lo explicitó asimilando la situación actual con la de la II República (1931-1936), a la que la mayoría de la jerarquía católica combatió con saña desde el principio, hasta bendecir como "cruzada" la criminal guerra de los militares alzados contra ella.
El Gobierno mostró entonces su extrañeza por la comparación, pero evitó la controversia. Pese a todo, cuando el Papa llegaba a Santiago, Zapatero estaba en Afganistán. La prensa católica le afeó incluso que no asistiese a la misa que se celebró en Barcelona. Finalmente, el presidente viajó allí para despedir al Pontífice. No se han producido desde noviembre desencuentros graves entre el poder político y la Iglesia católica. Ni siquiera ha habido ocasión, porque el Ejecutivo ha renunciado a varias promesas electorales firmes, como la de legalizar la eutanasia y reformar la ley de libertad religiosa. Los laicos acusan a Zapatero de haberse dejado "torcer el brazo por el Papa, el cardenal Rouco y el sector más rancio del catolicismo". El Gobierno calla. Espera que el Papa no eche más leña al fuego estos días. Motivos de conflicto no faltan.