Una comisión oficial recomienda que se impongan sanciones penales contra aquellos que no denuncien un caso de abuso sexual, incluyendo a los que reciben la información en la confesión religiosa
La comisión australiana que investiga el abuso sexual de menores en instituciones religiosas y públicas del país recomendó este lunes una reforma del sistema penal, que incluye cambios legales para que se puedan denunciar casos revelados en confesión. El informe Justicia Criminal propone que se impongan sanciones penales contra aquellos que no denuncien un caso de abuso sexual, incluyendo a los que reciben la información durante la confesión religiosa. La Comisión Real— el tipo de órgano de investigación más importante que puede encargar el Gobierno en Australia— comenzó sus pesquisas en 2012. Según sus cálculos, un 7% de los sacerdotes católicos que trabajaron entre 1950 y 2010 en el país fueron acusados de abusos sexuales.
El informe destaca que no se debe otorgar «ninguna excusa, protección o privilegio» a los sacerdotes que no alerten a la Policía [de los delitos] por considerar que la información sobre los abusos sexuales se obtuvo mediante la confesión religiosa». «La Comisión Real ha oído de casos en ambientes religiosos en los que los agresores que hicieron una confesión religiosa sobre el abuso sexual de niños continuaron con sus ofensas y buscaron perdón», añade el documento.
La Iglesia Católica, con fuerte presencia en Australia, recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución, sobre todo hermanos legos y sacerdotes, entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontan a la década de 1920. A principios de año, varios arzobispos australianos admitieron que la respuesta de la Iglesia Católica del país ante los casos de pederastia había sido equivocada y lindó con la «negligencia criminal».
No solo la Iglesia Católica ha sido objeto de denuncias, sino que 1.100 personas acusaron a miembros de la Iglesia Anglicana de haber abusado sexualmente de menores durante un período de 35 años. El 22% de los australianos es católico, y el 13% es anglicano, según el centro nacional de estadísticas. Ambas confesiones pierden fieles desde hace décadas.
La Comisión Real persigue mejorar la atención a las víctimas y sancionar con mayor severidad a los agresores como a aquellos que «fracasan» en la protección y en la denuncia de los casos. «Los casos de abusos sexuales son generalmente ‘palabra contra palabra’ y carecen de testigos o evidencias científicas o médicas. Los demandantes generalmente tardan años o décadas en denunciar el abuso», dijo el director ejecutivo de la Comisión, Philip Reed, en un comunicado.
Tras conocerse el informe, el director ejecutivo del Consejo de Verdad, Justicia y Reconciliación de la Iglesia Católica, Francis Sullivan, dijo que si las recomendaciones se convierten en ley, los miembros del clero se verán obligados a «obedecer la ley o sufrir las consecuencias». Entre las 85 recomendaciones del informe se incluye la de la reforma legislativa para que los delitos de pederastia sean sancionados con los estándares vigentes y no con los de la época en que se cometió el delito, aunque limitando la pena máxima. También la de permitir un mayor uso de pruebas por parte de víctimas múltiples respecto a un agresor común, la ampliación de la definición de seducción de un menor para perpetrar un delito sexual en su contra y permitir la sanción de miembros del entorno familiar.
Según la Comisión, entre julio de 2012 y junio de 2015, los tribunales de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sidney, abordaron unos 2.604 casos de abusos sexuales, de los que en un 40% quedaron absueltos los supuestos agresores.
