Ley Orgánica de Profesión Religiosa y de la Ética Laica
El proyecto de ley denominado Ley Orgánica de Profesión Religiosa y de la Ética Laica, que circula en internet, inquieta a obispos y sacerdotes católicos.
El documento de autoría de Pablo Villagómez Reinel, actual subsecretario de América del Norte y Europa de la Cancillería, plantea una serie de reformas y cambios a la profesión religiosa. El documento de 99 artículos fue escrito entre febrero y junio de este año a título personal, según afirmó el autor.
Explicó que la idea nació de su interés e investigación personal sobre la temática religiosa y el Estado laico. “Nadie del Gobierno me ha pedido que elabore una propuesta de esta naturaleza, es una iniciativa ciento por ciento personal”, recalcó.
El proyecto de ley no es oficial, aun no se sabe si habrá interés de tratarlo en la Asamblea Nacional, pero la propuesta se ha difundido por internet y ha alarmado a los sacerdotes que desde el púlpito han llamado a los fieles a estar alertas ante un proyecto de ley con concepciones “totalitarias y estatista que puede atentar contra los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento, expresión y religión”. El autor considera que su propuesta se difundió después de que enviara a amigos personales y sacerdotes para conocer sus opiniones.
El proyecto de ley propone, entre otras cosas, que las entidades religiosas no tengan injerencia en la esfera pública y que el Estado sea neutral frente a las creencias religiosas.
Citó el caso de la pugna entre los Heraldos del Evangelio y la comunidad de Carmelitas Descalzos en Sucumbíos, “demuestra por una parte que el hecho religioso es eminentemente privado, cuando se transfiere a la esfera pública se convierte en un hecho político y tiene repercusión en el orden público y en el Estado”. Estos derechos y libertades religiosas se tienen que practicar sin alterar la paz ni cohesión social y sin alterar la moral pública o la seguridad del Estado, expuso.
Históricamente, la Iglesia ha actuado con autonomía y soberanía paralela del Estado, por eso “se busca con ese proyecto ponerles un freno y restaurar plenamente un Estado democrático de derechos, no de privilegios… evitar que la religión tenga injerencia en la esfera pública y asegurar que el Estado sea neutral en las creencias religiosas”.
Según el embajador Villagómez, las creencias pueden ser manipuladas con fines políticos por un sacerdote o pastores, y “lo que se trata es de evitar que los entes religiosos puedan tener un fin político porque están en posición ventajosa para hacer política”.
Monseñor José Mario Ruiz, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en su columna semanal en este Diario expuso que el laicismo de este proyecto “es fanático, pretende imponer una religión sin Dios”.
Otro de los puntos que plantea el documento es que no se use el espacio público con fines religiosos. Eso implicaría, según monseñor Ruiz, que las procesiones del Señor del Gran Poder y del Consuelo se suspendan so pena de disolución de la entidad religiosa.
Para el autor, estos son espacios de todos, un lugar de pluriculturalidad en donde están creyentes, no creyentes de distintos credos, no puede usarse para el ejercicio de una práctica religiosa determinada porque es privilegiar a ese ente religioso y crear condiciones adecuadas para que los derechos se vulneren. Lo que establece el proyecto es que de alguna manera se pueda regular el espacio público.
Entre otros artículos polémicos que se incluyen en el documento, el embajador Villagómez considera que no deben existir los colegios católicos. También prohíbe que los sacerdotes vistan y porten los símbolos propios de su asociación religiosa fuera de los recintos de culto o privadamente, para evitar la “ostentación de la religión que profesan”, o que tengan participación en el comercio, medios de comunicación, banca, industria y educación.
Según el pastor Hernán Arias, el proyecto de ley “descontextualiza el laicismo ecuatoriano, que está enriquecido por la diversidad religiosa, ciudadanos que profesan su fe”.
