La escuela St. Anthony de la Arquidiócesis de Nueva York obtuvo de una Corte de Apelaciones en Nueva York, Estados Unidos, la que fue calificada como una victoria de la libertad religiosa. La escuela había sido demandada por no renovar el contrato a su anterior directora, Joanne Fratello, mientras que la institución justificó esta decisión en la falta de eficacia de la profesional en transmitir los valores católicos. La Corte ratificó los argumentos de la defensa e indicó que los directores de escuelas católicas se encuentran incluidos en una excepción para ministros religiosos.
«Aunque su título formal no era inherentemente religioso, la documentación refleja que, como parte de sus responsabilidades laborales, ella fungía como una líder espiritual de la escuela y desempeñaba varias funciones religiosas para llevar a cabo su misión religiosa», declaró el panel de tres jueces del Segundo Circuito de Apelaciones, según informó Crux.
La defensa de la escuela explicó esta posición en términos prácticos: «Es importante que las escuelas patrocinadas por la Iglesia como la de St. Anthony sean capaces de asegurar que cada estudiante recibe la mejor educación en matemáticas, ciencia, arte, así como también en la fe católica», indicó la abogada Mercedes López Blanco, durante los argumentos orales. «Para hacer esto, debemos tener la libertad de elegir líderes que estén dedicados a nuestra misión».
Entre las funciones específicamente religiosas del cargo de director de la escuela en St. Anthony se encuentran dirigir a los estudiantes en la oración diaria, invitarlos y acompañarlos a la Eucaristía, asegurarse de que tanto el currículo como los maestros expresan la fe católica y ser anfitrión de ceremonias religiosas. Una primera instancia no reconoció esta dimensión ministerial del cargo, por lo cual el caso fue apelado exitosamente.
Eric Rassbach, consejero del Fondo Becket para la Libertad Religiosa que argumentó el caso para la escuela y para la Arquidiócesis, celebró la victoria judicial: «La Corte vio justo a través de esta demanda descaradamente anticatólica, y estuvo de acuerdo con la Corte Suprema en que la Iglesia, y no el estado, debería escoger a los líderes religiosos».
