Los sueldos de los 83 capellanes castrenses sumaron 2,7 millones de euros y el mantenimiento de templos, 231.000 euros
España ha ido obligándose con distintas leyes a dar y financiar la asistencia religiosa a los militares desde el Concordato con el Vaticano de 1956
Las confesiones islámica, evangélica y judía están amparadas de manera vaga. El servicio a los católicos está pormenorizado en varios decretos
El Estado pagó en 2016 más de tres millones de euros para mantener la asistencia católica en la Fuerzas Armadas. La mayoría de ese dinero se destinó a los sueldos de los 83 sacerdotes de distinto rango que componen el Arzobispado castrense. Supusieron 2,75 millones.
España se ha ido obligando por ley a facilitar la asistencia religiosa de los militares desde el Concordato con el Vaticano de 1953. De ahí el empleo de fondos públicos, no solo para los curas sino también para mantener el Arzobispado, la iglesia catedral y el seminario castrenses además de los templos católicos destinados a este servicio que se llevaron más de 231.000 euros el año pasado, según la contestación a una solicitud de información cursada al Ministerio de Defensa a través del Portal de Transparencia. Los gastos de asistencia en misiones en el extranjero sumaron 40.800 euros.
Una vez que el Estado actualizó en 1979 los acuerdos con la Santa Sede que recogieron de nuevo la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, España no ha parado de añadir normas que han blindado la religión en los cuarteles en general y de la iglesia católica en particular.
La ley de libertad religiosa incluyó esta presencia brevemente en su articulado, pero originó una batería de normativas destinadas a garantizarla. La ley de la carrera militar obliga a crear un Servicio de Asistencia Religiosa –con mención especial a los católicos y los arreglos con el Vaticano– y ya previó un régimen retributivo del personal.
El decreto que finalmente reguló ese servicio tiene 17 artículos de los que cuatro son genéricos y 13 específicos «para los miembros católicos». En esa segunda parte se detallan las retribuciones básicas y los complementos económicos para los capellanes castrenses que, nada más iniciar su ministerio, rondan los 30.000 euros y llegaron a los 59.800 para el arzobispo militar Juan del Río en el último ejercicio.
Así que, después de tejerse toda esa red legal, el Estado destina y paga partidas presupuestarias que, según acredita el Ministerio de Defensa en su contestación, alimentan especialmente a la confesión católica (que también recibe un tratamiento especial y diferenciado en el ordenamiento jurídico).
El Arzobispado castrense calcula que atiende a unas 766.000 personas entre militares, guardia civiles, policías y funcionarios civiles de Defensa y sus familiares. Todos esos cuerpos suman 284.984 efectivos, según los datos de 2016.
También otras religiones
El Ejército de Tierra mantiene ocho iglesias en sus regiones militares. Los gastos que cubre el presupuesto abarcan las facturas de agua y luz, en ocasiones el gas, la limpieza y también trabajos «correctivos». La Armada por su parte, informa de que sufraga cuatro templos por valor de 25.400 euros en 2016 que se fueron a mantenimiento «preventivo y correctivo».
En ese mismo apartado, el propio Arzobispado, que tiene sede en Madrid y que alberga un seminario llamado Colegio Juan Pablo II, se llevó 95.915 euros en los que está contabilizado también el mantenimiento de la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas.
Así que la atención religiosa es un derecho reconocido de los militares y un compromiso al que se ha atado el Estado mediante varias normas. La situación se extiende a los soldados de confesiones diferentes a la católica pero de una manera mucho menos pormenorizada en los textos legales.
Los acuerdos entre España y las autoridades reconocidas de las religiones islámica, judía y evangélica tienen apartados referidos a los militares. En los tres casos se les reconoce el derecho a recibir esa asistencia y participar en sus ritos. La asistencia «será dispensada por los ministros» de su culto «en iguales condiciones que los ministros de culto de otras Iglesias, Confesiones y Comunidades que tengan concertados Acuerdos de Cooperación con el Estado», explican. Pero poco más se dice. Nada de los gastos o remuneraciones que tan detalladamente se desarrollan en el caso católico.
