Luego de conocerse aberrantes denuncias de abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Argentina pretende dejarlas bajo la alfombra y dice estar elaborando un “protocolo para prevenirlos”.
En el día de ayer, fuentes episcopales comunicaron a diversos medios que en la 113 asamblea plenaria del Episcopado reunida en la casa de ejercicios El Cenáculo-La Montonera de Pilar y compuesta por noventa obispos; analizaron un protocolo para “acordar acciones concretas en torno a la prevención, detección de los posibles pedófilos y acompañamiento de las víctimas de este delito aberrante”.
Luego del escándalo suscitado por las denuncias de abuso perpetrados por miembros del Instituto Provolo en Mendoza, que se suman a muchas denuncias previas; desde la institución eclesiástica tratan de mostrar “estar preocupados” por la situación y anunciaron la intención de reformular las “líneas-guía de actuación en el caso de denuncias de los abusos sexuales en los que los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas sean menores de edad (o personas equiparadas a ellos)”; que según afirman están vigentes desde 2015.
La hipocresía de la “tolerancia cero”
Desde el mismísimo Vaticano a través del Papa Francisco, intentan mostrar que hay un “cambio” en la política de la cúpula eclesiástica con respecto a los curas abusadores de menores o a miembros de la institución que hayan realizado estas terribles prácticas.
Sin embargo, esto queda en puro discurso cuando se saben en profundidad las medidas que el mismo Bergoglio tomó para proteger a curas abusadores en distintas instancias.. Ya sea desestimando denuncias o a los denunciantes, protegiendo a obispos o superiores que tienen a cargo (y encubren) a curas abusadores o manteniendo el secreto pontificio (que obliga a todos los participantes de un procedimiento canónico a guardar secreto bajo juramento de silencio), la realidad muestra que no se pretende cambiar un ápice esta institución y los mecanismos que mantienen a las curas abusadores impunes.
Luego de que el escándalo del instituto Provolo les estallara en las manos, desde la Conferencia Episcopal intentan demostrar que pretenden hacer algo para “prevenir” abusos. Por ejemplo, la iniciativa presentada por el monseñor Sergio Buenanueva, presidente de la Comisión Episcopal de Ministerios, la médica y psicóloga Alicia Zanutti de Savanti y el sacerdote Juan Pablo Dreidemie; establece exigirle a religiosos y sacerdotes que sean trasladados a diócesis argentinas “una declaración jurada otorgada por el superior que acredite su aptitud y ausencia de antecedentes”.
Esto parece un chiste cuando se ve en numerosas denuncias que la mayoría de los curas abusadores que aún siguen en ejercicio son protegidos y encubiertos por obispos y/o sus superiores, quienes a su vez son protegidos y mantenidos en sus cargos por el mismo Bergoglio.