Una coalición de unas 60 organizaciones de la sociedad civil tunecina ha lanzado una campaña para derogar una norma que prohíbe el matrimonio de una mujer musulmana con un hombre no musulmán, lo que obliga a muchas parejas a buscar una, a menudo, falsa conversión al islam. Aunque Túnez aprobó en 2014 una nueva Constitución democrática y laica, en el ordenamiento legal permanecen aún vestigios del pasado inspirados en la sharia o ley islámica, que solo permite el matrimonio con una persona de religión cristiana o judía para el hombre musulmán, pero no la mujer. La justificación se basa en la creencia de que la religión se transmite a través del padre.
En Túnez, la prohibición deriva de una circular del Ministerio de Justicia del 5 de noviembre de 1973, apuntalada por dos documentos posteriores, uno del Ministerio del Interior y otro del primer ministro. Este último obliga a los funcionarios a solo reconocer las conversiones oficiadas por el muftí de la República tunecina, impidiendo el reconocimiento del cambio de religión efectuada en el extranjero. “Esta medida es discriminatoria… Pone en duda un derecho fundamental de todo ser humano: el de la libre elección de su cónyuge”, sostiene Ghayda Thabet, portavoz de la Asociación Tunecina de Apoyo a las Minorías, una de las ONG detrás de la campaña.
Los detractores de la circular de 1973 argumentan que es inconstitucional y debería ser abrogada. “El artículo 21 [de la Constitución de 2014] reconoce la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas en derechos y deberes ante la ley sin discriminaciones”, apostilla Thabet. A pesar de que han pasado ya seis años desde la Revolución que derrocó al tirano Ben Alí, Túnez no cuenta aún con un Tribunal Constitucional, lo que dificulta la tarea de pulir las normas vigentes contrarias a la Carta Magna. El nombramiento de los jueces de la Corte Suprema se halla bloqueada por un conflicto entre el poder legislativo y el judicial respecto al grado de independencia de este último. A la transición democrática tunecina, premiada con el Nobel de la Paz de 2015, no le han cerrado todavía las costuras.
Túnez está considerado el país del mundo árabe en el que las mujeres gozan de más derechos gracias a la aprobación en 1956 de un código de la familia inspirado en el francés. La ley constituye el principal legado de Habib Bourguiba, el padre de la independencia, que pretendió modernizar Túnez aplicando los parámetros europeos. Sin embargo, Bourguiba, que quiso ser presidente vitalicio, no pudo evitar la llegada también a Túnez de la ola conservadora que sumergió Oriente Próximo a partir de los años setenta. De esa época datan diversas normas, a menudo en forma de circulares, como la del 5 de noviembre de 1973, que salvaguardan la moral tradicional.
El advenimiento de la democracia ha provocado que afloren las contradicciones de la sociedad tunecina, escindida entre sus dos almas: la progresista, encarnada sobre todo por las nuevas generaciones, y la conservadora, protegida por buena parte de la clase política. La cuestión de los matrimonios mixtos constituye el último frente de una intensa kulturkampf que incluye la cuestión de la desigualdad legal entre hombres y mujeres en la herencia, la criminalización del consumo de cannabis o de la homosexualidad.
No es tan solo el partido Ennahda, que nació islamista y ahora se define como “islamo-demócrata”, el que frena algunos cambios sociales. Curiosamente, su socio en el Gobierno, el laico y “modernista” Nidá Tunis, ha mostrado a veces incluso un mayor celo en la defensa de la tradición. Por ejemplo, fue el presidente Beji Caïd Essebsi, quien frenó las expectativas de una pronta derogación de la llamada “ley 230” que castiga con penas de cárcel la homosexualidad. En cuestión de horas, destituyó a su ministro de Justicia después de que se declarara favorable a esta medida.
