La Plataforma Mezquita-Catedral patrimonio de todos va a proponer que Federico Mayor Zaragoza, catedrático de Bioquímica y exdirector general de la Unesco, presida la comisión de expertos impulsada por el Ayuntamiento para abordar la cuestión de la titularidad pública de la Mezquita.
La plataforma mantuvo recientemente una reunión con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el primer teniente de alcalde, Pedro García, en la que se evidenció la necesidad de establecer una comisión de expertos para proveer al Ayuntamiento de argumentos histórico-jurídicos para reclamar dicha titularidad, «con pleno respeto al culto religioso y la posible gestión compartida de áreas como la cultural, turística, económica o el mantenimiento», y tratar de justificar y defender la titularidad pública del edificio.
Se quiere que la comisión tenga un carácter asesor para el Ayuntamiento y que sus informes se hagan públicos; que esté conformada por un número aproximado de siete miembros de reconocido prestigio, expertos e independientes, y que tengan un plazo para la presentación de sus conclusiones, de modo que el Ayuntamiento tenga tiempo para poner en práctica las sugerencias o recomendaciones de la comisión.
Además de Mayor Zaragoza, la plataforma propone que la comisión la integren José María Contreras, doctor en Derecho de la Complutense y catedrático en Derecho Eclesiástico de la Pablo de Olavide; Alejandro García, historiador medievalista y profesor de la Universidad de Huelva; Susana Calvo, profesora de Arte de la Complutense, especializada en arte andalusí; Víctor Fernández, profesor de Geografía Humana de la Hispalense y vicesecretario de la junta directiva del comité nacional de Icomos España; Amelia Sanchís, profesora de Derecho Eclesiástico de la UCO, especializada en turismo cultural por influencia religiosa en Andalucía, y Ana Verdú, directora del Archivo Municipal de Córdoba.
La labor de la comisión, en opinión de la plataforma, será «proveer al Ayuntamiento de argumentos sólidos para conseguir la titularidad pública en la Mezquita-Catedral» y «no deberá incluir ningún miembro que abogue contra dicha titularidad pública». Así, la plataforma tendría que identificar, analizar y asesorar sobre las posibles estrategias procesales, jurídicas y políticas que «permitan culminar con el reconocimiento legal de la titularidad pública» del edificio cordobés.
