Ahora que las personas normales tenemos que rascarnos el bolsillo para pagar a hacienda, emerge en muchos una rabia contenida y una gran indignación de comprobar que «hacienda no somos todos», que como dijo una responsable de la institución recaudadora en el juicio de nuestra infanta, ese frase es sólo un eslogan publicitario. Si además coincide la época de pagar con la aparición continúa de casos de corrupción, de malversación de fondos públicos y los dichosos papeles de Panamá, con la lentitud en los juicios en los cientos de casos de ladrones de guante blanco y la excarcelación rápida de los pocos que entran en la cárcel, sin que ninguno devuelva nada, la tensión se nos pone por las nubes.
Como en este país la grandes empresas pagan una media del 5%, las SICAV el 1, los inversores financieros se refugian en los paraísos fiscales, y sólo cotiza alrededor del 20% la rente del trabajo que no es más del 45% del PIB, y para colmo estamos en esta crisis que se utiliza para rebajar los salarios, disminuir el empleo y recortar prestaciones sociales de todo tipo, el Estado desatiende cada vez más sus obligaciones de atender la cada vez mayor exclusión social y las necesidades básicas.
Por eso la campaña de la renta de la Iglesia para este año es Xtodos, solicitándonos que retraigamos de los ya exiguos ingresos el 0,7% de lo que pagamos al Estado para que ella lo gestione y resuelva los problemas sociales. Aunque para pedirnoslo haga una campaña a todo plan que cuesta entre 5 y 10 millones y dedique una gran parte de los 250- 350 millones a mantener los medios de comunicación propios, al mantenimiento de sus edificios episcopales o al ático de lujo del señor Rouco Varela. Y eso lo propone una Institución que recibe del Estado unos 11000 millones anuales (desde sueldos de sacerdotes, capellanes de todo tipo y catequistas hasta mantenimiento de edificios y un amplio abanico de subvenciones) y está exenta de pagar impuestos como el IBI (unos 700 millones), sucesiones, donaciones y transmisiones, actividades económicas, de construcciones y obras…lo que hace que el Estado deje de ingresar cada año unos 2000millones. Que es el mayor propietario inmobiliario del país, con miles de propiedades de todo tipo registradas a su nombre en toda España, que tiene cuantiosas inversiones en bolsa…Y es la mayor beneficiaría de las privatizaciones en los sectores de educación, sanidad y servicios sociales del Estado.
Todo esto es reminiscencia de lo que era un Estado Confesional, que consideraba la «nación española» como «nacional-católica»‘ en el que las escuelas y los hospitales, los orfanatos y los asilos eran competencia de la Iglesia Estatal. Y de la concepción capitalista de sustituir la Justicia Social por la Caridad.
Pero en pleno siglo XXI, somos el único país de nuestro entorno que mantiene este sistema de «casillas» de recaudación. Y ya hay quién pretende que se añadan otras por ejemplo para la investigación. En los demás países los servicios públicos, la investigación, la cooperación internacional, las ayudas contra la exclusión y todas las medidas contra la desigualdad son responsabilidad y se atienden desde el Estado, cumpliendo con su obligación de velar por la justicia social y el bienestar general. Las distintas ONGs pueden solicitar subvenciones en función de sus proyectos y actuaciones concretas. Y las Iglesias o cualquier otra institución se financian con sus feligreses, socios o militantes.
Ya está bien de «casillas». Las Iglesias a lo suyo y el Estado a lo de todos y todas.
José Antonio Naz Valverde
Miembro de Córdoba Laica y Colectivo Prometeo
