Eran las 2:00 de la tarde y a las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz un grupo de seguidores del alcalde José Ramón López esperaba por el comienzo del juicio contra el alcalde de Caroní por delitos de peculado doloso, concierto de funcionario público con contratista y evasión de proceso licitatorio. Todos querían ingresar a la sala de audiencia, pero la mayoría debía esperar afuera, el resto ingresó una vez recibida la orden.
El alcalde José Ramón López ya estaba en sala, tranquilo, de vez en cuando bromeaba y saludaba a los que lo acompañaban. A las 3:00 de la tarde aún no había apertura de juicio y una hora después continuaba la espera, hasta que a las 4:15 se ordenó el desalojo de la sala: el juicio fue diferido.
Quienes tuvieron la oportunidad de haber ingresado la última vez que se convocó a juicio, asegura que la escena fue la misma, todo estaba listo para empezar hasta que los fiscales del Ministerio Público recibieron una llamada, presuntamente de Caracas, se retiraron y no volvieron, suspendieron la audiencia.
En esta oportunidad fue la defensa del burgomaestre la que solicitó el diferimiento. El abogado Miguel Vincenti explicó que la solicitud fue hecha a razón de nuevas pruebas que se complementaron a la causa, sobre las cuales no tenían conocimiento, pero consideran que pudieran favorecer a su defendido.
“Debemos estar al tanto de todo y cada una de las actas que componen las causas, que son muy dinámicas, no podemos perder la revisión de las mismas porque pueden surgir elementos que afecten a nuestro representado o le beneficien (…) nos percatamos de unas pruebas que se hicieron complementar a la causa, de la cual nosotros no teníamos conocimiento. Pedimos al tribunal que se nos permitiera la revisión de esa circunstancia, las cuales pudieran favorecer grandemente a nuestro representado”, alegó la defensa.
Vincenti añadió que desde el punto de vista jurídico hay unas herramientas aportadas por la Fiscalía, las cuales pudieran servirles de insumo “para ejercer de una mejor manera la defensa de nuestro alcalde”.
Aclaró que, a diferencia de la convocatoria pasada, en la que el juez se presentó en la sala pero el Ministerio Público se retiró, en esta oportunidad el juez no ingresó a la misma, en vista de la reunión sostenida entre las partes, quienes compartieron la decisión del diferimiento, incluido el burgomaestre, “lo cual no representa ninguna arbitrariedad”.
Asimismo, a solicitud de no fijar una nueva fecha tan distante ni que interfiriera con días feriados y no laborables, por el racionamiento eléctrico, el juicio fue reprogramado para el próximo martes 10 de mayo a las 11:00 de la mañana.
Por otro lado, la defensa desestima una renuncia del alcalde, disipando los rumores que se han suscitado en los últimos días, y que pondría en el ojo del huracán a la Cámara Municipal, sobre quien recae, según el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la designación entre sus miembros del alcalde encargado para completar el período de gobierno.