La Iglesia se gastará este año 4,5 millones de euros en pedir dinero a los ciudadanos. La mayoría, estos días, en la campaña publicitaria en la que insta a los contribuyentes a marcar la X en la declaración de la renta para que le sea asignado el 0,7% de sus impuestos. En esa, que denomina “xtantos” (por tantos) y que inunda televisiones, radios y prensa escrita desde que comenzó el periodo de presentación de declaraciones. Es difícil calcular la eficacia de esta publicidad, aunque la Conferencia Episcopal considera un buen dato que, a estas alturas, en un Estado plural, casi el 35% de las declaraciones le sean favorables.
¿Serían menos si no existiesen esas campañas? Fernando Giménez, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, reconoce que probablemente sí, que esta campaña ayuda, entre otras razones porque sirve para “contrarrestar” las de quienes empujan en sentido contrario, criticando que el dinero de los contribuyentes sirva para sostener económicamente a la Iglesia católica o a cualquier otra confesión religiosa. La asociación Europa Laica es una de las más activas en ese sentido. “Los que marcan esa casilla —razona— no pagan de más, sino que lo detraen del conjunto de los ingresos del Estado, mientras que quienes no marcan ninguna casilla aportan el 100% de sus impuestos a las arcas públicas para que se puedan atender las necesidades comunes.”
Nacida en 2001, Europa Laica tiene como principales objetivos la separación Iglesia-Estado y la eliminación de cualquier tipo de privilegio económico o fiscal para las confesiones religiosas. Su presidente, Francisco Delgado, calcula —citando fuentes del sector de la publicidad— que el porcentaje de declaraciones a favor de financiar a la Iglesia sería un 10% menor sin esa inversión publicitaria que la Iglesia viene acometiendo en los últimos años.
Empezó, en su actual formato y con la denominación de “xtantos”, en 2007, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retocó el sistema de financiación de la Iglesia para que la aportación directa del Estado fuera la que determinaran los contribuyentes a través de la declaración de la renta, sin complementos ni retoques. No era así en años anteriores.
El acuerdo obliga
La obligación del Estado de contribuir a la financiación de la Iglesia deriva del acuerdo firmado con la Santa Sede en enero de 1979, en el artículo II. En e1 acuerdo se establece que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su sostenimiento económico, con respeto absoluto al principio de libertad religiosa”. Durante nueve años, se trató de una aportación directa, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, hasta que en 1988 se implantó el sistema de la asignación tributaria. Nació entonces la doble casilla que permitía a los ciudadanos elegir si donaban un porcentaje de sus impuestos, entonces el 0,5239, a la Iglesia o a otros fines “de interés social”. Pero con un matiz: el sistema garantizaba que, señalaran lo que señalaran los ciudadanos, la Iglesia debía recibir “recursos de cuantía similar”, por lo que esa asignación tributaria se “actualizaba” anualmente con un complemento presupuestario hasta cubrir necesidades.
El Gobierno socialista acabó en 2007 con estos complementos: a cambio de que la Iglesia asumiera el riesgo de recibir solo lo que los ciudadanos quisieran, aumentó el porcentaje de la asignación hasta el 0,7%. Como resultado, recibió 30 millones de euros más que el año anterior. Desde entonces, se mueve en porcentajes y cifras similares: algo menos del 35% de las declaraciones a su favor, con una aportación también algo inferior a los 250 millones de euros. En concreto, el año pasado las declaraciones de la renta presentadas (correspondientes al IRPF de 2013) en la que los ciudadanos marcaron la X para contribuir a la financiación de la Iglesia fueron el 34,88% del total, lo que obligó al Estado a pagarle 247,5 millones de euros. El año anterior el porcentaje fue una centésima inferior, del 34,87%, pero la cifra recaudada ascendió a 249 millones. En números absolutos, algo más de 7 millones de declaraciones son las que marcan la X en favor de la Iglesia, pero como muchas de ellas son conjuntas, la Iglesia calcula que son unos 9 millones de ciudadanos los que eligen contribuir con sus impuestos a su financiación.
Eso sí, dinero de todos, católicos y no católicos, como insisten en destacar los críticos con este sistema de financiación. No ocurre lo mismo en países como Alemania o Austria, donde también se utiliza la declaración de la renta para “preguntar” a los ciudadanos si quieren contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia, pero donde, al contrario que en España, quien dice que sí paga un poco más, de forma que sus impuestos van íntegramente a las arcas del Estado y es esa aportación adicional la que va a la Iglesia. Aun así, en estos países hay quienes critican que el Estado se preste a servir de vehículo de transmisión entre la Iglesia y sus fieles. Tampoco ocurre en Francia, donde la ley prohíbe expresamente subvencionar cualquier iglesia con cargo a los fondos públicos, o en Reino Unido, donde tampoco existe financiación directa, al igual que en países como Estados Unidos, México o Uruguay. Quizás los países más parecidos a España en este aspecto son Italia, donde la asignación tributaria de quien así lo decide es del 0,8%, o Portugal, del 0,5%.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal esgrime no solo el acuerdo con la Santa Sede sino también la Constitución española, que en su artículo 16 habla de la “cooperación” de los poderes públicos con la Iglesia católica y las demás confesiones, para defender este sistema de financiación, y recuerda que islamistas, judíos y evangelistas también reciben dinero público a través de las subvenciones de la fundación estatal Pluralismo y Convivencia.
A ellos va dirigida otra campaña publicitaria, esta menos ambiciosa —que se come una parte menor de esos 4,5 millones de euros destinados a publicidad al año—, que la Iglesia católica pone en marcha todos los años coincidiendo con el Día de la Iglesia Diocesana, en una fecha variable entre octubre y noviembre, en la que llama a los ciudadanos a firmar una suscripción de ayuda mensual.
Otras vías de financiación
Sin embargo, a la Iglesia católica le llega dinero público por otras muchas vías, directamente o en forma de beneficios fiscales. Según Europa Laica, cada año recibe unos 11.000 millones de euros del Estado. Federico Giménez, en nombre de la Conferencia Episcopal, no entra a discutir la cifra, pero sí los conceptos. Por ejemplo: Europa Laica cifra en 4.900 millones el dinero de todos que por un lado se usa para pagar a los profesores que imparten religión en los centros públicos y, por otro, subvenciona los colegios católicos concertados. Giménez contesta que ese dinero no financia a la Iglesia, sino el derecho de padres y madres a reclamar una determinada enseñanza para sus hijos e hijas y recuerda que el concierto en los centros escolares ahorra dinero a las arcas públicas.
Europa Laica, que recopila estos datos en el informe “Opacidad y financiación de la Iglesia Católica”, calcula que el Estado deja de ingresar 2.000 millones de euros por las exenciones fiscales y tributarias de las que disfruta la Iglesia, exenta, por ejemplo, del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. “Lo mismo que la Fundación Alternativas, la FAES, la Federación Española de Fútbol o cualquier otra asociación sin ánimo de lucro sujeta a la Ley de Mecenazgo de 2002”, contestan desde la Conferencia Episcopal. La diferencia es el patrimonio de unos y otros, puesto que, según Europa Laica, la Iglesia tiene repartidas más de 110.000 propiedades entre lugares de culto, pisos y locales, todos exentos, sea cual sea su función. “Sí, quien más propiedades tiene más ahorra, pero nadie se ha parado a calcular cuánto IVA ingresa el Estado por la cantidad de turistas que viajan y gastan para ver, por ejemplo, la catedral de Burgos”, replica Giménez.
Otros 2.000 millones irían a subvencionar los más de 3.000 centros de caridad, atención de ancianos, discapacitados o comedores con que cuenta la Iglesia; 900, a sus complejos hospitalarios; 600, al mantenimiento de su patrimonio; 50, al pago de capellanes del Ejército y los centros penitenciarios… La Iglesia responde esgrimiendo en su favor la labor social que desarrolla en todos esos ámbitos. En La financiación de la Iglesia Católica en España (Edice, 2007), Federico Giménez afirma: “La cuantificación del ahorro de costes para el Estado en este campo sería muy compleja, aunque cualquier valoración a la baja podría situar la cifra en varios miles de millones de euros”. Por cierto, algunos de los protagonistas de esa labor social, como Cáritas, también reciben ayuda a través de la X destinada a otros fines “de interés social” en total, según Europa Laica, unos 100 millones de euros más.
Esta asociación, de hecho, es partidaria de que desaparezcan ambas X y, mientras tanto, hace campaña para pedir a los ciudadanos que no señalen ninguna de las dos. Según su presidente, Francisco Delgado, que parte de la base de que la Iglesia “se debe autofinanciar” con las ayudas de sus fieles, la casilla “de interés social” no es más que una “injusta y torpe coartada” para mantener la otra. Entiende, además, que las entidades que son subvencionadas a través de esa casilla no pueden depender de la “voluntad mayor o menor de marcar” esa X por parte de los contribuyentes, sino que la cantidad debe formar parte de las políticas públicas de forma directa, dentro de los Presupuestos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Ese mismo acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede que justifica las ayudas públicas a la Iglesia católica también afirma en su artículo II.5 que “la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. ¿Es una utopía la autofinanciación? Fernando Giménez contesta que se trata solo “de una declaración de propósitos” y recuerda la segunda parte de este precepto: “Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistema de colaboración financiera expresada en los párrafos de este artículo por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado”. Es decir, nada dice de que se supriman. A tenor de su literalidad, solo la denuncia del acuerdo con la Santa Sede, tantas veces reclamada por los partidos de izquierda en una postura a la que solo recientemente se ha sumado el PSOE, podría poner las bases legales para cambiar el sistema.
