El gobernador de Mississippi, Phil Bryant del Partido Republicano, firmó este una ley para permitir a empresas públicas y privadas negar el servicio a parejas homosexuales, según un comunicado publicado en su cuenta de Twitter
El gobernador de Mississippi, Phil Bryant del Partido Republicano, firmó este martes una ley para permitir a empresas públicas y privadas negar el servicio a parejas homosexuales, según un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
«Lo firmo para proteger las creencias religiosas y convicciones morales de los individuos, organizaciones y asociaciones privadas», dijo. «Esta ley solamente refuerza los derechos que actualmente existen en el ejercicio de la libertad religiosa la cual está escrita en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos», señaló.
El gobierno de Mississippi niega que esto vaya en contra de cualquier ley federal o estatal que proteja los derechos humanos de algún ciudadano.
El comunicado ha tenido una respuesta negativa de organizaciones de derechos humanos a favor de los homosexuales que protestaron en la capital de Mississipi por considerar que se discrimina a los homosexuales.
«Día triste»
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha afirmado que «es un día triste para el estado de Misisipi y para miles de ciudadanos que ahora pueden ser rechazados» en distintos ámbitos, también en «servicios esenciales».
En este sentido, ha considerado la medida «contraria a los principios de justicia e igualdad» y ha subrayado que «no protegerá la libertad religiosa de nadie», según un comunicado recogido por la cadena CBS News.
Gobernador de Misisipi promulga ley de “libertad religiosa”
Terra, 05-04-2016
El gobernador de Misisipi, Phil Bryant, promulgó hoy una controvertida ley de «libertad religiosa» que autorizaría a individuos y empresas negar servicios a homosexuales en base a sus creencias religiosas.
La ley, HB 1523, establece que las autoridades estatales no van a imponer multas o castigos a las personas que se nieguen a proporcionar servicios a otras, a causa de una oposición religiosa al matrimonio del mismo sexo, sexo fuera del matrimonio o personas transgénero.
La ley permite que las empresas e individuos puedan negarse a atender a lesbianas, bisexuales, gays o transexuales por ir en contra de sus creencias religiosas y les otorgaría inmunidad en caso de enfrentar demandas por discriminación.
Los promotores de la ley, argumentan que el estatuto es necesario para proteger los derechos de las personas que se oponen a la homosexualidad, pero que ahora viven en un país donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho legal.
Sin embargo, quienes se oponen al estatuto, sostienen que la ley equivale a una legalización de la discriminación.
En una declaración en cuenta oficial en la red social Twitter, el gobernador de Misisipi dijo que firmó el proyecto de ley «para proteger sinceras creencias religiosas y convicciones morales… de acciones discriminatorias por el gobierno estatal».
Bryant sostuvo que la nueva ley “no se limita a los derechos y acciones constitucionalmente protegidos» y no pone en duda la ley federal.
«La legislación está diseñada de la manera más específica posible para evitar la interferencia del gobierno en la vida de las personas de las que se deriva todo el poder para el estado», dijo Bryant.
Varias entidades, especialmente en el sur de Estados Unidos han promulgado en los últimos dos años leyes de “libertad religiosa” buscando proteger a quienes profesan una creencia religiosa el no ir contra sus principios.
En algunas entidades, sin embargo, las leyes han tenido que ser acotadas para no ir en contra de las leyes federales que prohíben la discriminación.
La ley en Misisipi no es tan amplia como otras leyes estatales. El nuevo estatuto protege sólo tres creencias o convicciones: que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que el sexo es «debidamente reservado para el matrimonio», y que palabras como «macho» y «hembra» son «objetivamente determinados por la anatomía y genética al nacer».
La ley protege, entre otras cosas a empleados estatales que se niegan a conceder licencias de matrimonios, a organizaciones religiosas que despiden o disciplinan a los empleados y a personas que se nieguen a prestar asesoría o algún servicio médico basados en esas oposiciones.
La ley también sugiere protecciones para los que niegan servicios basados en una oposición a las relaciones sexuales antes del matrimonio; aunque ya era legal en Misisipi el negar la renta o venta de una vivienda a una pareja no casada debido a una objeción moral.
