La lucha entre libertad religiosa y anticonceptivos dividió hoy al Tribunal Supremo de EE.UU., encargado de decidir si algunos grupos religiosos pueden abstenerse de dar a sus empleados seguros de salud con cobertura de anticonceptivos, como requiere la ley sanitaria del presidente Barack Obama.
La fractura entre los jueces liberales y conservadores se sintió dentro de la corte, donde los magistrados celebraron una audiencia para estudiar el polémico caso; y fuera, donde cientos de monjas con hábitos grises y marrones entonaron canciones eclesiales y alzaron pancartas en las que podía leerse: «Ayuda a una hermana».
«El Gobierno no protege nuestra libertad religiosa», dijo a Efe Lourdes Miranda, que hace 40 años entró a formar parte de las Hermanitas de los Pobres, un grupo de monjas católicas dedicadas al cuidado de los ancianos sin recursos y que no quieren contribuir de ninguna manera a la provisión de anticonceptivos.
Dentro de la corte, durante una hora y media, los magistrados evaluaron si una regulación de la reforma sanitaria de Obama, conocida por sus detractores como «Obamacare» y promulgada hace seis años, viola una ley federal aprobada en 1993 y destinada a proteger la libertad religiosa de los estadounidenses.
La reforma sanitaria ya exime a las iglesias de amparar planes sanitarios con anticonceptivos, pero establece que los grupos religiosos sin ánimo de lucro afiliados a estas iglesias, como escuelas y organizaciones caritativas, deben acogerse a una cláusula especial.
Bajo esa cláusula, los grupos religiosos pueden firmar un formulario e informar al Gobierno que no quieren cubrir los anticonceptivos con los planes de salud que están obligados a proveer y, entonces, el Ejecutivo toma el relevo y cubre los cuidados reproductivos de los empleados del grupo religioso.
«No quieren firmar los formularios porque no quieren dar ningún tipo de autorización para que se proporcionen los anticonceptivos», defendió ante los jueces el abogado Paul D.Clement, que representa a los grupos religiosos, entre los que destaca la congregación católica de las Hermanitas de los Pobres.
Los argumentos de los demandantes fueron cuestionados en varias ocasiones por la jueza Sonia Sotomayor, la primera hispana del Supremo y de perfil progresista.
«Si cada vez que el Gobierno aprueba una ley sale alguien con creencias religiosas y dice que la ley le impone una carga sustancial a sus creencias, entonces ¿cuándo se va a acabar esto? ¿cuándo el Gobierno va a poder actuar?», preguntó Sotomayor a los abogados de los demandantes.
Por su parte, el juez Anthony Kennedy, que en muchas ocasiones emite el «voto bisagra» decisivo en casos de gran importancia, pareció alinearse más con los grupos católicos.
En preguntas al abogado del Estado, Donald Verrilli, Kennedy dijo que parecía creíble el argumento de los grupos religiosos de que el Gobierno les había «secuestrado» para que proporcionen anticonceptivos.
Si el Tribunal Supremo falla a favor de los demandantes, previsiblemente en junio, las mujeres empleadas por los grupos religiosos deberán conseguir otro plan de salud y otro médico para poder acceder a píldoras anticonceptivas, diafragmas, dispositivos intrauterinos (DIU) y píldoras anticonceptivas de emergencia.
