Pese a que los artífices de la llamada democracia nos “vendieron la moto” de que España es un país aconfesional, la realidad es que no lo es en absoluto
Mientras la anterior alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (Partido Popular) financiaba generosamente con dinero público las cofradías de la Semana Santa gaditana -porque ya sabemos que eso de lo divino no es nada barato-, su consistorio llegó a endeudar al Ayuntamiento de Cádiz en casi 250 millones de euros. Y, mientras había dejado a los gaditanos sin recursos en la más indecente indefensión, llegando a decir aquello de “hay gente que pide para comer pero tiene twiter”, dedicaba parte de su tiempo a reunirse con las Cofradías para asegurar la colaboración y la financiación económica municipal en estos actos religiosos. Ya sabemos bien que la caridad cristiana es como es.
Pero las cosas han cambiado en Cádiz. Ya no están los del PP. Y el actual alcalde, José María González, ha decidido respetar la laicidad (supuesta) del Estado español. Ha recortado los gastos que tal parafernalia pascual conlleva, a pesar de lo cual el Ayuntamiento de Cádiz, y eso a pesar de que el gobierno municipal está formado por Podemos e IU, subvencionará a las cofradías con 124.600 euros. Y, lo que es más importante, el gobierno de Cádiz, como institución, no va a participar en las procesiones de Semana Santa ni acudirá a los palcos oficiales preparados para tal ocasión, y ello como medida que preserve la separación de Iglesias y Estado, es decir, la asepsia confesional de los poderes públicos; la laicidad.
Aunque resulta curioso hablar de laicidad o de separación de Iglesias y Estado en este país en el que esa separación nunca ha existido. Y es que hay que reconocer que no es nada fácil. En Francia, cuna del laicismo, tienen una Ley muy específica que controla la injerencia de la Iglesia en los asuntos de Estado, la llamada Ley de 1905, pese a lo cual la Iglesia católica siempre consigue prebendas de todo tipo y mantiene en todo momento la “patita”, como la fábula del lobo, impidiendo cerrar del todo las puertas. En España, como decía, nunca hemos tenido laicidad. El gobierno de la II República hizo la intentona, que fue imposible, porque se produjo, como sabemos, el golpe de Estado y la guerra civil, que fue una “guerra santa” o “cruzada religiosa”, que acabó con el laicismo republicano y abrió la puerta a la dictadura franquista y a la Iglesia, de nuevo, usurpando todos los ámbitos del poder.
Pese a que los artífices de la llamada democracia nos “vendieron la moto” de que España es un país aconfesional, la realidad es que no lo es en absoluto. El propio articulo 16.3 de la Constitución de 1978 es una verdadera falacia que corrobora la idea de que España está muy lejos de ser un país laico: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Es decir, este artículo es, como digo, una verdadera contradicción que afirma en la primera oración lo mismo que niega en la siguiente.
Tan es así que, en plena segunda década del siglo XXI, una de las organizaciones más fundamentalistas y radicales de la Iglesia católica, el Opus Dei, técnicamente considerada como un microfascismo o secta destructiva, se ha establecido, desde que gobierna el Partido Popular de Mariano Rajoy, en todas las instituciones del Estado. Desde el ministro del Interior, que concedió la medalla al mérito policial a Nuestra Sra. María Santísima del Amor, hasta la ministra de empleo, quien encomendó la salida de la crisis a la Virgen del Rocío, están relacionados con la Obra, pasando por el ministro de Defensa, el de Educación, por el Director General de la Policía y el de la Guardia Civil, así como numerosos miembros del Tribunal Supremo, del Constitucional, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, y un larguísimo etcétera.
¿Estamos en un país aconfesional? La respuesta es no. Aunque, afortunadamente, tenemos algunos gobiernos municipales, como el de Cádiz, que, opone resistencia a esa tendencia hispana a eregir a los curas como los líderes del rebaño. Su alcalde, José María González, afirma que las autoridades municipales no participarán en la Semana Santa a título de representantes públicos; que él no asistirá a ninguna procesión en calidad de alcalde, pero que asistirá a título personal acompañando a su madre. Eso es la laicidad: las creencias, en lo personal y lo privado.
Pero, salvo estas extraordinarias excepciones, parece que no estamos muy lejos de aquello que escribió en su diario Napoleón Bonaparte a principios del siglo XIX, cuando recorría nuestro país: “España es una chusma de aldeanos guiada por una chusma de curas”.
Coral Bravo es Doctora en Filología
