Los pactos que desde 1979 consagran privilegios de la Iglesia católica en España tienen los días contados
Paradójicamente fue Zapatero quien elevó la asignación económica a la Iglesia. Ahora, Rivera y Sánchez han pactado revisar el concordato con la Santa Sede
Pacto PSOE-Ciudadanos: «Debe establecerse un estatuto común (…) para todas las confesiones religiosas»
Dionisio Llamazares, Catedrático de Derecho Eclesiástico: «Para el Estado, la Iglesia es una agrupación más de ciudadanos, y así debe tratarla»
Hoy por hoy, solo la Iglesia católica –por razones obvias– y el Partido Popular abogan por mantener tal como están los Acuerdos con la Santa Sede que el Estado español suscribió en 1979 y que otorgan a la institución religiosa unos privilegios inusuales en la Europa de hoy: financiación garantizada sine die, generosas exenciones fiscales, prerrogativas en el ámbito educativo y patrimonial… Casi todas las formaciones del arco parlamentario son partidarias de revisarlos o, directamente, derogarlos.
El acuerdo de investidura entre el PSOE y Ciudadanos aborda la espinosa cuestión: la futura Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, señala, «debe establecer un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas. Para ello se revisarán los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia católica». El PSOE renuncia así a su compromiso electoral de denunciar los acuerdos, mientras Ciudadanos clarifica su postura, hasta ahora ambigua. La Conferencia Episcopal se mostraba la semana pasada, por primera vez, dispuesta a estudiar una revisión, pero no la considera necesaria. «Por qué hay que cambiarlos? –se preguntaba su presidente, Ricardo Blázquez–. Están firmados en la onda de la aprobación de la Constitución. La libertad religiosa es un derecho fundamental».
Pero los Acuerdos con la Santa Sede están marcados por su claro precedente: el Concordato que Franco y el papa Pío XII firmaron en 1953. En él, la Iglesia conseguía barra libre económica, moral, cultural y educativa. Más allá de sus inclinaciones personales, el dictador buscaba un objetivo político a cambio de estos fueros: que su régimen, impuesto después de tres años de guerra, fuese reconocido por un estado extranjero. Solo unas semanas después le seguiría Estados Unidos. La dictadura había lavado su cara ante el mundo.
En 1976 hubo un primer acuerdo preconstitucional por el que el Gobierno se reservaba la última palabra en el nombramiento de los obispos y el Rey proponía al vicario castrense, con rango de arzobispo y general. Los cuatro convenios ratificados en 1979 –jurídico, educativo y cultural, militar y económico– pretendían adecuar el Concordato, que no fue derogado, a la recién aprobada Constitución: mantenían el espíritu del pacto de 1953, pero el catolicismo dejaba de ser la religión del Estado, ya que la Carta Magna consagraba un Estado aconfesional.
Entre los asuntos que abordan están el reconocimiento de las festividades religiosas o los efectos civiles del matrimonio canónico. También el «derecho fundamental a la educación religiosa», el respeto a «los sentimientos de los católicos» en los medios de comunicación o la «colaboración» de la Administración en el sostenimiento del patrimonio históricoartístico, por la que, por ejemplo, el Estado restaura las catedrales, pero la Iglesia recauda y gestiona los ingresos de las entradas. Gracias al tratado, lo sacerdotes no tenían que hacer la mili y los militares cuentan con la asistencia de los capellanes castrenses.
Pero el más controvertido es el acuerdo económico. En él se fijaba un periodo transitorio de tres años en el que el Estado aportaba una dotación económica a la Iglesia. Pasado ese periodo, se establecía la asignación de un porcentaje del IRPF de aquellos contribuyentes que así lo decidieran. Y en el apartado 5 del artículo II, la Iglesia católica declaraba «su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades».
Han pasado 37 años de aquello y la dependencia económica de la Iglesia, lejos de disminuir, crece. El Gobierno de Zapatero aumentó su asignación a través de la casilla del IRPF del 0,52% al 0,7%, lo que representó en 2015 en torno a 250 millones de euros, una cantidad que, según la jerarquía, se va en pagar las nóminas.
11.000 millones
La financiación directa es moco de pavo si se compara con la indirecta. Según un informe de la asociación Europa Laica, la Iglesia recibió en 2015 unos 11.000 millones de euros de dinero público –o sea, 250 euros por ciudadano, fuera católico o no–, a través de las subvenciones a colegios, pago al profesorado de Religión y capellanes hospitalarios y castrenses, obra asistencial, conservación del patrimonio y exención del IBI y el impuesto de construcción municipal; el IVA lo abonan desde 2007.
Dionisio Llamazares, secretario de Asuntos Religiosos de Felipe González que en 1992 negoció los convenios del Estado con las otras tres confesiones con arraigo social, asegura que los acuerdos son «inconstitucionales», porque desvían dinero público para pagar a una religión concreta. «El católico se creerá que la Iglesia es una institución de derecho divino, pero para el Estado es una agrupación de ciudadanos más, y como tal debe tratarla», advierte el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Complutense.
Las asociaciones que agrupan a musulmanes, evangélicos y judíos denuncian la discriminación que supone para ellos este régimen económico, aunque sus edificios también están libres del IBI: entre las tres se repartieron el año pasado un millón en subvenciones, según el secretario ejecutivo de la Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Mariano Blázquez. Es decir, la Iglesia católica estaría recibiendo una financiación privilegiada en relación a las creencias de la población: según el CIS, en España hay 32 millones de católicos, 12 millones de ateos y agnósticos y 1 millón de creyentes en otras confesiones. Ellos duplican esa cifra: según sus respectivas fuentes, son 1,7 millones de musulmanes, 1,2 de evangélicos y 30.000 judíos. Pero solo los católicos tienen su casilla en la declaración de la renta.
Para Blázquez, el problema es que los acuerdos con la Santa Sede «revisten la forma de tratados internacionales» –y gozan de su protección especial– sin serlo en realidad: no regulan las relaciones entre dos países, sino entre el Estado español y una institución religiosa también española. Por eso, es partidario de «revisar los acuerdos en positivo», desarrollar la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980 e «ir avanzando hacia la equiparación: somos una sociedad plural».
Justo lo que no quieren las asociaciones laicistas, contrarias al «multiconfesionalismo» que, en vez de eliminar privilegios, los extiende al resto de religiones. El presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, aboga por la denuncia de los acuerdos… y de otras normas. Recuerda, por ejemplo, que la Iglesia se hizo con la propiedad de 4.500 edificios –entre ellos, la Mezquita de Córdoba, por 30 euros– gracias a la Ley Hipotecaria de Aznar que la consideraba entidad pública hasta que fue reformada el año pasado.
Para la plataforma Redes Cristianas, que reúne a 200 grupos de base, los privilegios en realidad les perjudican. «El mensaje del Evangelio no se impone, se ofrece con libertad y con el testimonio los que seguimos a Jesús –señala su portavoz, Raquel Mallavibarrena–. Apostamos por una Iglesia más libre para la crítica constructiva y más independiente del poder político, aunque ello la lleve a ser más pobre y menos influyente».
Una postura similar sostiene el teólogo Juan José Tamayo, crítico hacia la jerarquía eclesiástica: «La ilegitimidad del Concordato de Franco se reproduce en los Acuerdos de 1979, que no se corresponden para nada con una sociedad democrática y un estado no confesional. Son un legado del nacionalcatolicismo». A su juicio, la enseñanza de la religión es un claro ejemplo: «En un Estado no confesional, la única razón de ser de la religión en la escuela es como asignatura de cultura religiosa; la escuela no es un espacio de catequesis ni de adoctrinamiento». El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid se declara «decepcionado» ante el compromiso de PSOE y Ciudadanos: «Siguen siendo rehenes de la Iglesia católica».
