Se trata de uno de los casos más importantes sobre el aborto de las últimas dos décadas.
La ley exige a las clínicas de aborto cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que un pequeño hospital y no estar a menos de 48 km de un hospital.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos evalua dividido entre sus miembros progresistas y conservadores uno de los casos más importantes sobre el aborto de las últimas dos décadas y que podría cambiar la interpretación del derecho de la mujer a interrumpir su embarazo, permitido en todo el país.
Los jueces evaluaron una polémica ley de Texas promulgada en 2013 que exige a las clínicas de aborto cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que un pequeño hospital y, además, que sus médicos tengan privilegios de admisión en un hospital que esté a menos de 48 kilómetros de donde se ubique el centro para abortos.
«Estos requisitos son innecesarios y tienen como objetivo dificultar el aborto», afirmó durante la vista Stephanie Toti, abogada que representa a los grupos de mujeres demandantes, entre ellos el principal, Whole Woman’s Health.
Frente a los jueces, Toti afirmó que la legislación ha ocasionado el cierre en Texas de 22 de las 41 clínicas abiertas antes de la ley, lo que castiga a las mujeres más pobres que no pueden costearse varios viajes de cientos de kilómetros para pagarse un aborto, permitido en Estados Unidos desde 1973.
Los grupos de mujeres recibieron el apoyo del Gobierno del presidente Barack Obama, cuyo abogado, Donald Verrilli, dijo a los jueces que si mantienen la ley de Texas «lo que dirán es que existe ese derecho (al aborto) en teoría, pero no en realidad«.
En defensa de los demandantes salió Sotomayor, la primera jueza latina del Supremo y que preguntó al abogado de Texas Scott Keller sobre la situación de la clínica de McAllen, en el valle del río Grande, fronterizo con México y predominantemente hispano.
«Es la única clínica en el área, había cuatro doctores en la clínica, no han conseguido privilegios de admisión y el único que puede trabajar es un doctor a punto de jubilarse. ¿Me puede explicar por qué ese doctor tiene que trabajar como un esclavo para poder hacer abortos a todas las mujeres de ese área?», clamó Sotomayor.
Frente a las críticas de los jueces progresistas, el representante de Texas afirmó que la ley pretende proteger la salud de las mujeres y mejorar los requisitos de seguridad para evitar cualquier complicación.
Para apoyar la postura de Texas, Alito, considerado conservador, dijo que no le parecía tan descabellado que una enfermera de un centro abortivo tuviera un certificado de primeros auxilios, como requiere la ley.
Por su parte, Kennedy, encargado de emitir el voto clave, dudó de que haya pruebas suficientes para atribuir el cierre de clínicas a la ley de Texas y abrió la posibilidad de que el caso vuelva a instancias inferiores para que las dos partes aporten más datos.
Este es el caso sobre el aborto con mayor repercusión que llega al Supremo desde 1992, cuando la Corte determinó que los estados no pueden añadir sobre el derecho al aborto «cargas innecesarias» que «tratan de poner obstáculos sustanciales en el camino de la mujer que busca abortar antes de que el feto sea viable».
Lo que tiene que decidir en junio el alto tribunal es si la ley de Texas impone esas «cargas innecesarias».
En documentos presentados ante la Corte, la Asociación Médica Estadounidense (AMA), la Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP) y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) han afirmado que las disposiciones de la ley texana son «innecesarias» y «perjudiciales» para la salud y la seguridad de las mujeres.
Estos grupos médicos, entre los más importantes de Estados Unidos, sostienen que el cierre de las clínicas retrasa los abortos y obliga a muchas mujeres a acabar con su embarazo en el segundo trimestre, lo que incrementa los riesgos.
Un fallo en contra de Texas podría afectar a una veintena de estados con leyes similares que se verían obligados a revertir los reglamentos que impulsaron especialmente desde 2010, cuando los republicanos se hicieron con varias asambleas estatales e impulsaron su agenda «provida».
Por el contrario, los analistas coinciden en que, si los jueces empatan y respaldan la ley de Texas, el mosaico de regulaciones estatales sobre el aborto seguirá en pie.
El dictamen sobre el aborto, uno de los temas más espinosos del país, llegará en junio, en plena campaña presidencial para las elecciones de noviembre de 2016.
Por primera vez desde 2008, creció en 2015 el número de estadounidenses que se consideran «provida», un 44 % frente al 50 % que defiende el derecho de la mujer a decidir sobre el embarazo, según los últimos datos de la consultora Gallup de mayo del año pasado.
