Así lo ha señalado a EFE el coordinador de Educación de IU-Aragón, Javier García, quien se ha manifestado en rueda de prensa, junto a representantes de CHA, CGT, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEs), Sindicato de Estudiantes de Izquierdas (SEI) y asociación Europa Laica, a favor de un pacto por una "escuela pública laica, igualitaria y de calidad".
Han invitado a otros colectivos a unirse a ellos en su rechazo al documento "Propuestas para un pacto social y político por la educación", del Ministerio de Educación, y han anunciado que impartirán charlas informativas sobre dicho pacto en centros de Zaragoza, a partir del día 17 de marzo.
El documento es "contrario" a las necesidades e intereses de la escuela pública, a la que sólo cita dos veces, y no habla de cuestiones clave como incluir la enseñanza laica, ha señalado García.
En este sentido ha afirmado que "cualquier centro sostenido con fondos públicos tiene que tener enseñanza laica, y si no es así debería estar al margen de la financiación con fondos públicos".
Además tiene que ser "igualitaria", es decir todo el alumnado con necesidades educativas especiales, como inmigrantes, minorías étnicas o discapacitados, deberían estar escolarizados por igual en la red pública y en la privada.
Algo que, según García, no ocurre en Aragón, donde el 80 por ciento de los alumnos con diversidad se encuentran en el sistema público y entre el 15 y el 20 por ciento en los concertados. No puede haber centros de primera y de segunda, ha dicho.
También ha explicado que la escuela pública tiene que ser "inclusiva y comprensiva" para conseguir el éxito de todos los alumnos y no separar a los buenos de los malos.
En este sentido, ha rechazado que a los estudiantes se les oriente en tercer curso de la ESO a Formación Profesional o Bachillerato.
Y para que sea de calidad debe de bajarse el número de estudiantes por aula, y disminuir el ratio profesor-alumno, un factor clave en su opinión.
Los grupos que apoyan la declaración piden una Ley de financiación de la enseñanza pública, que no figura en el documento ministerial, y destinar el 7 por ciento del PIB a esta enseñanza, mientras que exigen que destine el 2 por ciento del PIB a la universidad.
