Europa Laica ha denunciado que la Iglesia católica y sus entidades reciben del Estado más de 11.100 millones de euros al año, a través de subvenciones directas y exenciones de tributos, y calcula que cada español, sea católico o no, paga una «cuota o dádiva» por ese concepto de 240 euros anuales.
La organización laica vuelve este año a lanzar su campaña IRPF para reclamar a los contribuyentes que no marquen ninguna de las dos casilla solidarias en la declaración de la renta, ni la de la Iglesia católica ni la de Fines de interés social.
«La casilla de fines sociales es la coartada que sirve para justificar la de la Iglesia católica; los fines sociales no deben depender de lo que decidan los contribuyentes cada año, sino que deben de tener partidas específicas en los presupuestos generales del Estado» ha asegurado Francisco Delgado, presidente de Europa Laica.
Respecto a la de la Iglesia, considera «injusto e ilegítimo» que personas que no son católicas financien a una confesión religiosa, que estiman que debe autofinanciarse.
De cara a las próximas elecciones, la organización solicita a las formaciones políticas la anulación de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 y mayor transparencia en las cuentas públicas.
En un documento presentado hoy, Europa Laica detalla las aportaciones directas e indirectas del Estado (administraciones central y autonómica) a la Iglesia y sus organizaciones, asociaciones y fundaciones.
Entre los conceptos, destaca el capítulo de enseñanza en el que se incluye pago a profesores de religión y financiación de los centros concertados católicos que asciende a 4.900 millones, seguido de 2.000 millones para la obra social y asistencial, la misma cantidad de exención del IBI, 900 millones de subvenciones a hospitales y 600 millones para mantenimiento del patrimonio en manos de la Iglesia.
Por asignación de IRPF, a través de las dos casillas, la partida supera los 350 millones de euros.
Además, cuantifica en 300 millones las subvenciones y gastos de eventos religiosos, 50 millones para el pago de capellanes -en ejército, cuarteles, hospitales o cementerios- y 10 millones para coparticipar en entidades como la Obra Pía.
Europa Laica exige la recuperación «de todos los bienes usurpados por ilegítimo procedimiento» que les reporta «innumerables beneficios económicos y patrimoniales, imposible de cuantificar», lamenta.
