Al arzobispo de Granada, Javier Martínez, no le queda otra. Ahora tendrá que responder a los requerimientos del juez instructor del caso de los supuestos abusos sexuales y aclarar si él, o cualquier persona o entidad dependiente del prelado, ha recibido “contribuciones, donaciones o aportaciones económicas” del grupo de los romanones o de alguno de sus integrantes. Así consta en una providencia en la que el instructor, el magistrado Antonio Moreno, pide a la Santa Sede que la Congregación para la Doctrina de la Fe remita al Juzgado una copia autentificada íntegra de las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en relación al caso de los supuestos abusos sexuales que ha salpicado a la diócesis granadina.
También reclama a la Santa Sede las quejas, denuncias o reclamaciones de cualquier tipo que hubiera podido recibir sobre los diez curas denunciados desde que fueron ordenados sacerdotes. El juez, en su providencia, recuerda que el líder del grupo, Román Martínez Velázquez de Castro, ha ejercido su ministerio sacerdotal, además de en la archidiócesis de Granada, en Argentina (O’Higgins, Archidiósesis de Buenos Aires) y durante dos años en Bélgica.
Con esta providencia, el juez acepta las nuevas pruebas pedidas por la acusación particular, a la vista de que el prelado granadino había respondido a la francesa a varios requerimientos del juez. El magistrado acuerda en su resolución, solicitar a la Conferencia Espiscopal que remita copia del protocolo reservado de actuación sobre la forma de proceder en relación a abusos sexuales, aprobado por la asamblea plenaria de esa conferencia en 2010, y le pide que informe si dicho protocolo es de obligado cumplimiento en todas las diócesis españolas.
