El pasado día 24 nos desayunamos con el Boletín Oficial del Estado, en el que se publicaba el currículo de la enseñanza de religión católica de bachillerato. Lo que leímos, nuestros hijos y nietos lo tendrán que estudiar, comprender, asumir y hasta practicar. El disparate encarnado en letra de ley impresa.
Algunos de los despropósitos que aparecen como oficiales en el boletín del gobierno, son de esta catadura, definiendo el pecado como causante de la infelicidad: «El ser humano pretende apropiarse del don de dios prescindiendo de él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz». Se obliga a que los alumnos asuman el creacionismo y la incapacidad de ser felices si no creen en dios, como «comprender el origen divino del cosmos» y que éste «no proviene del caos o el azar». No dicen toda la verdad: el caos es el que proviene del gobierno del Partido Popular, que está llevando a la ciudadanía a la más miserable de las existencias, ahora con religión católica y en guerra contra el islam.
El artículo 16.3 de la Constitución establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones». Pero nada es lo que parece ni es lo que debería ser. Con la declaración de aconfesionalidad, se pretendía marcar distancia con el franquismo, su estado nacional-católico, así como con la declaración de laicismo de la Constitución Republicana de 1931. Hoy el Estado español ni es aconfesional ni laico, como pretendía ser. El nacional catolicismo ha resucitado en el tercer año «triunfal» de Rajoy, con ánimo de ser eterno. La conferencia episcopal española, encarnada en el gobierno, ha dado un nuevo golpe, no de pecho, sino contra la inteligencia y la razón.
El Estado se entromete en la conciencia personal y colectiva, sin garantizar, como manda la Constitución, los derechos vinculados al libre desarrollo de la personalidad, la libertad ideológica, religiosa y de culto. El Estado se entromete en la conciencia personal y colectiva, al oficializar la asignatura de religión católica en la escuela. El Estado se entromete, desde un punto de vista religioso, en el derecho a decidir de las mujeres, reformando la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El Estado se entromete en las conciencias, al establecer protocolos religiosos católicos en los actos de Estado. El Estado incumple la Constitución contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el respeto a su libertad de conciencia. Ahora se refuerza la finalidad catequista o de adoctrinamiento de menores con la complicidad del Estado, usando medios y espacios públicos para ello. Alguien tendrá que presentar de inmediato, una cuestión de inconstitucionalidad contra este currículo ultra religioso.
No me resisto y repito algo que dije hace un año. Siendo respetuoso con las personas que profesan alguna religión, como ciudadano libre, que paga sus impuestos, me siento perjudicado en mis derechos e insultado en mi inteligencia. Año tras año se suceden una serie de acontecimientos que contravienen la aconfesionalidad del Estado: los indultos religiosos, propuestos por las cofradías santeras; la imposición de medallas a imágenes de vírgenes custodiadas por la guardia civil y el ejército, utilizado recursos públicos en beneficio de lo «divino», frente a lo humano que sufre los recortes en gastos sociales.
Se veía venir y ha llegado. La asignatura de religión, lejos de su desaparición, vuelve a tener plena vigencia. Con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o ley Wert, se estableció la materia alternativa ‘Valores Culturales y Sociales’ en primaria y ‘Valores Éticos’ en secundaria; sustituyendo a la desaparecida ‘Educación para la ciudadanía’. Todos ellos contentos: gobierno y jerarquía eclesiástica católica en pleno, que rezando, ordena y manda. Ahora han dado un paso más con el currículo publicado, en el que se entrometen en las conciencias, en la libertad de interpretar la vida y contra la razón de la existencia.
En contraste con la situación española, en Francia, desde hace un año, los colegios, además del lema de la República francesa -«Libertad, igualdad, fraternidad»-, deben colgar en lugar bien visible la ‘Carta del Laicismo’. «Sólo tratamos de explicar lo que pone en el artículo primero de nuestra Constitución, donde se indica que la República es indivisible, democrática, social y laica», declaraba el ministro de Educación, Vincent Peillon. Aquí, la Constitución arrastrada por los suelos.
En 1978, el espíritu nacional-católico y del «movimiento» estaban vivos y costó incorporar la frase «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», lo que era como proclamar la aconfesionalidad y neutralidad del Estado en materia religiosa, acorde con los principios de libertad y pluralismo político. Lo cierto es que no se produjo la ruptura real y efectiva entre el Estado y la iglesia, por los demasiados polvos históricos acumulamos; que hoy se remueven, dando cuartelillo a la iglesia y a los postulados de la conferencia episcopal, que se mantiene como un verdadero poder real.
La libertad ideológica tiene una vertiente íntima, relacionada con el derecho de cada individuo a tener su propia visión de la realidad y mantener las ideas y opiniones que le plazcan. Con el currículo de la asignatura obligatoria de religión, el gobierno acomete un adoctrinamiento ideológico -con tufillo franquista-, que provoca una verdadera y «seria división en la sociedad», como decía el ministro Wert que ocurría, con la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Ahora sí.
Recordemos que en 2006, las Cortes aprobaron el Real Decreto Ley 1631 (desarrollaba la Ley Orgánica de Educación), por el que se aprobaba la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’, que venía a dar cumplimiento a la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros, del Consejo de Europa: «La educación para la ciudadanía democrática es esencial para promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia». Es lo más cerca que hemos estado del laicismo en la educación, hasta que llegó el ministro Wert. Ahora hay que creer en dios, porque ellos creen.
El valor fundamental de un Estado aconfesional y laico, es el respeto a las creencias y al derecho de cada persona a pensar como le parezca bien y que los posicionamientos religiosos no vulneren los derechos ajenos. No es imponer ideas, es aspirar a que la religiosidad no vulnere la neutralidad ideológica a la que están obligadas las instituciones; y a que profesemos la religión que profesemos o no profesemos ninguna, tengamos cabida, en igualdad de condiciones, en la sociedad plural, tolerante y democrática. Pero la ideología dominante en el gobierno, se apodera del patrimonio común en detrimento de otras alternativas ideológicas o no, como la de ateos y agnósticos, que vemos limitados el ejercicio de nuestros derechos. Soy ateo.
El laicismo defiende la separación entre el Estado y las iglesias; el laicismo garantiza la libertad de conciencia y avala el cumplimiento del respeto a la libertad de pensamiento y a la libre elección de la moral privada. Mientras seguimos diciendo que hay que terminar con la influencia de la iglesia en la escuela, así como con la simbología religiosa en las instituciones del Estado, prohibiendo que los cargos públicos como tales acudan, representando al Estado, a los actos religiosos, el gobierno carga de nuevo contra esos postulados y la propia Constitución.
Hay que desvincular los actos de Estado a las ceremonias de la iglesia y poner fin a la financiación pública de de la iglesia católica. Para establecer un Estado auténticamente laico, hay que romper con la iglesia católica, la que participó activamente en la represión franquista, la que ahora sigue ocultando y protegiendo a los curas pederastas y quiere seguir adoctrinando en su fe mediante el BOE. No es una institución ejemplar, es opaca y antidemocrática, alejada del principio de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Hay que romper con la iglesia católica por decencia y dignidad.
Con todas las matizaciones que se quieran, hay que proclamar la ‘Carta de la laicidad’ de Francia, por un estado democrático y laico, que proteja con neutralidad y pluralismo las libertades del individuo. «Laicismo y Democracia son principios indisociables, ya que laicismo significa defensa del pluralismo ideológico en pie de igualdad, como regla fundamental del Estado de Derecho, y el establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo que lo garantice y lo proteja frente a toda interferencia de instituciones religiosas o de otra naturaleza filosófica o ideológica» (Francisco Delgado, Presidente de la Asociación Europa Laica).
De aquel «España ha dejado de ser católica», que decía en las Cortes el Presidente del Consejo de Ministros Manuel Azaña, a que el alumnado asuma y comprenda «el origen divino del cosmos», que proclama el gobierno Rajoy. Del todos somos iguales ante la ley, a todos, salvo para algunos y algunas cosas; con el resultado de que ni lo somos ni lo vamos a ser, si sigue esta gente que gobierna gobernando.
Hay que establecer un Estado auténticamente laico. Empecemos por exigir la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede; que la religión deje de formar parte del currículo educativo y que salga de la educación no universitaria; que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares; que con dinero público no se financie el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar o que segregue por razón de sexo o por otra naturaleza ideológica o social. Por la razón, contra el adoctrinamiento religioso.
(*) Víctor Arrogante es profesor y columnista.
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