El alcalde se opuso a enterrar a una bebé de etnia gitana
«Rechazar la sepultura a un niño por su origen es una injuria a su memoria, una injuria a lo que significa Francia». En los 140 caracteres que le permite Twitter el primer ministro francés, Manuel Valls, ha resumido este domingo la polémica desatada en el país después de que el alcalde de Champlan (Essone), Christian Leclerc, rechazara acoger en el cementerio de la localidad a un bebé gitano que murió el día después de Navidad.
La pequeña Maria Francesca, de dos meses y medio, falleció en la noche del 25 al 26 de diciembre. Su familia contactó con la funeraria de Corbeil-Essonnes para poder enterrar a la pequeña en la ciudad pero el alcalde no les autorizó alegando que no había sitio suficiente en el camposanto y que las plazas existentes son para los vecinos «que pagan impuestos locales».
Así se justificaba el político el miércoles al diario Le Parisien, aunque este domingo, tras ver la controversia que ha provocado su negativa, Leclerc ha cambiado su versión y ha asegurado que nunca negó a la familia del bebé un hueco en el cementerio de la localidad.
«En ningún momento me opuse. Teníamos la opción de enterrarlo entre Corbeil y Champlan. Yo di el ok el miércoles por la mañana para cualquiera de las dos opciones», ha señalado hoy el alcalde, que asegura que sus palabras «han sido malinterpretadas» y que el edil que se encargaba del asunto «no está acostumbrado» y se lió con los documentos. «Ha habido un error de comprensión en la cadena de decisión. Estoy apenado por todo lo que he oído», ha señalado.
«Más dolor al duelo»
«No entendemos nada, no pedimos nada para nosotros, ni siquiera pedimos al Ayuntamiento que nos acepte. Solo queremos enterrar a nuestra niña. Con lo que ha hecho ha añadido más dolor a nuestro duelo», ha explicado a Le Parisien la madre de la pequeña.
Desde ayer las asociaciones en defensa de los inmigrantes, las de derechos humanos y las que apoyan a los gitanos rumanos que viven en los campamentos ilegales en Francia han criticado la postura del alcalde de Champlan. Algunas aseguran que van a denunciar a la Justicia «la estigmatización» de estas personas y la violación de sus derechos fundamentales.
Jacques Toubon, el defensor de los Derechos Humanos en el país, ha declarado sentirse «golpeado» por este gesto de «discriminación ante la muerte» y asegura que la institución que dirige podría recurrir ante la Justicia este comportamiento.
La secretaria de Estado de la Familia, Laurence Rossignol, lamentaba el sábado en Twitter que «si perder un bebé ya es una desgracia universal, que rechacen una sepultura para él es una humillación inhumana«.
Para Loïc Gandais, presidente de la asociación ASEFRR, que se encarga de ayudar a las personas de origen gitano en Essone, Christian Leclerc «se excusa ahora asegurando que la muerte del bebé se declaró en Corbeil-Essonnes», aunque esta justificación lo que revela «es racismo, xenofobia y estigmatización» hacia este colectivo.
Según esta organización, los padres del bebé fallecido viven en Francia desde hace al menos ocho años y ahora residen en la citada localidad, en un campamento sin agua ni electricidad, cerca de las pistas de despegue del aeropuerto parisino de Orly. La pareja tiene otros dos hijos, aunque la madre de la niña habría perdido otros dos bebés cuando vivía en Rumanía, según esta asociación.
Expulsiones colectivas
En 2010 Francia el comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU denunció la política de desmantelamiento de campamentos rumanos aplicada entonces por el presidente Nicolas Sarkozy. Los expertos internacionales criticaron que el país estaba «expulsando de manera colectiva» a los gitanos rumanos.
Manuel Valls también fue criticado cuando, como ministro del Interior, ordenó la expulsión de aquellas personas que vivían en campamentos ilegales. Aseguraba entonces que esta es «la única solución» para evitar que malvivan en estos asentamientos sin agua ni electricidad, la mayoría improvisados cerca de las vías del tren o al lado de las autopistas.
Además, el pasado mes de abril los medios franceses revelaron que la policía del distrito VI de París, uno de los más ricos, había mandado una nota interna a sus agentes para que localizaran a las familias de gitanos que viven en las calles de este barrio y los expulsaran.
Mientras el alcalde que le negó el nicho se desdice y las asociaciones de derechos humanos le critican, la pequeña Maria Francesca espera un hueco donde descansar en paz. La Ley permite a la familia del difunto que elija si quiere enterrarlo en la ciudad donde vivía, en la que ha fallecido o en aquel lugar donde se encuentran los restos de sus familiares próximos.
El alcalde puede negar la autorización en el resto de los casos, por lo que, según Loïc Gandais, en el plano jurídico «no se puede hacer nada». El bebé será enterrado finalmente en Wissous. Su alcalde, Richard Trinquier, asegura que «no merece la pena agravar el dolor de una madre que ha llevado a su hija nueve meses y que la pierde dos meses después de nacer».
