En el Reino de España se enseñaba por encima de nuestras posibilidades. De ahí que cuando el PP llegó al Gobierno decidió que sobraban maestros. Su obra pedagógica se cifra en la supresión de 20.682 plazas de docentes en la enseñanza pública obligatoria desde 2011 hasta 2014. Según los datos del registro central del Ministerio de Educación, del que es titular el sociólogo José Ignacio Wert, aunque en términos absolutos Andalucía es la región donde más plazas de docentes no universitarios se han amortizado, Castilla-La Mancha (2.484) ocupa el primer lugar en este ránking negativo en función de su censo, lo que convierte a la secretaria general del PP y presidenta de esta comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal, en campeona del recorte educativo.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que envía a sus hijos a un colegio privado, justificó los recortes en educación por la necesidad de reducir el déficit, contener el crecimiento de la deuda y pagar los intereses exigidos por los especuladores. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, negó la financiación para pagar todas las nominas de los profesores y el personal no docente en sus primeros Presupuestos de 2012. El propio ministro de Educación, Wert, ordenó a las autonomías que no convocaran más plazas de maestros y profesores y que aplazaran las oposiciones que en algunos casos ya tenían en marcha. Casi todas obedecieron. Euskadi, con el socialista Patxi López de lendakari, no.
Pasó el tiempo, se sucedieron las oleadas de protesta, miles de docentes interinos perdieron sus contratos, muchos quedaron aislados en el paro. Y un día de septiembre pasado, el ministro Wert negó los recortes en el Congreso de los Diputados. El portavoz socialista en la materia, Mario Bedera, entendió que estaba mintiendo por encima de sus posibilidades y antes de que se pusiera en marcha esa máquina propagandística que ya empieza a saturar la atmósfera de mentiras y medias verdades, pidió a más de cincuenta diputados de su grupo que solicitaran los datos de las plantillas de docentes de sus respectivas circunscripciones desde 2011 hasta 2014.
El resultado (ver gráfico, abajo) es inequívocamente negativo o si se prefiere, lesivo para el derecho constitucional a la enseñanza pública de calidad. Aunque la casuística es compleja, según se trate de zonas rurales, núcleos dispersos de población o de concentraciones urbanas, el rasero aplicado por el Gobierno ha sido el mismo: mayor número de alumnos por profesor, más horas lectivas en todos los niveles educativos y redución de plantillas, ya se trate de concentraciones escolares en zonas rurales o de colegios e institutos de enseñanza secundaria en las ciudades.
Como si de aplicar el viejo lema que glosó el gracioso reaccionario Julio Camba –“Instrucción, cantidad negativa”– se tratara, se expulsó a los interinos. Y como si el fracaso escolar no fuera el más alto de los países de nuestro entorno y no afectara a uno de cada cuatro alumnos, se eliminó la mayor parte de las suplencias, se liquidó aquello que antes llamaban “permanencias” y se borró del mapa educativo a los profesores de apoyo a los estudiantes más rezagados y con mayores problemas de comprensión e integración.
La población residente en Castilla-La Mancha es la más afectada, seguida de la de Murcia, cuyo expresidente y actual eurodiputado del PP, Ramón Luis Valvarcel, liquidó 2.351 plazas de docentes, casi tantas como Cataluña, que recortó 2.380 y más que Madrid, donde en tres años ha menguado en 2.005 la plantilla. Andalucia ha perdido 6.357 plazas de enseñantes, lo que en comparación con la población de las regiones gobernadas por Cospedal, Valcárcel y la Extremadura regida por el itinerante José Antonio Monago, representa la mitad menos. Pero esto para provincias como Granada, con 881 maestros menos; Almería, con 488 menos, o Málaga, con 850 docentes menos que en 2011 no es ningún consuelo.
Lo sería si, como en Euskadi, el gobierno andaluz del PSOE e IU hubiera podido incrementar su plantilla en al menos 753 profesores y maestros. Según los datos oficiales, sólo el País Vasco, la Comunidad Valenciana y La Rioja aumentaron el número de docentes en el trienio analizado. Quizá para dar ejemplo de cómo se hacen los recortes, el ministro Wert los ejecutó sin contemplaciones en los territorios bajo su competencia directa: en Ceuta suprimió 71 plazas y en Melilla, 351. Además, para empezar este curso retrasó un mes la apertura de los comedores escolares. Claro que a lo mejor ya no se acuerda y cualquier día lo niega en el Parlamento.
