El pasado miércoles 3 de diciembre, el semanario Proceso publicó en su portal (proceso.com.mx) una nota titulada «Edil de Veracruz obliga a empleados a asistir a peregrinación guadalupana». Esta información aparece firmada por el periodista Noé Zavaleta, quien reseña un nuevo atropello al carácter laico de la República Mexicana, esta vez perpetrado por Tomás Ríos Bernal, alcalde panista de Córdoba, Veracruz.
Resulta que este edil, sin respeto alguno a las disposiciones constitucionales en materia de laicidad y separación del Estado y las Iglesias, «giró una circular dirigida a directores, coordinadores y empleados municipales a asistir por ‘obligatoriedad’ a la ‘tradicional peregrinación municipal’ en honor a la Virgen de Guadalupe en el santuario ubicado en el barrio La Estación», refiere la nota periodística en cuestión.
En nuestro país, por la ausencia de sanciones a los servidores públicos que atentan contra el Estado laico, este tipo de violaciones a la ley por parte de quienes juraron cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna, son cada vez más frecuentes y preocupantes. De ahí la necesidad de que, privilegiando el interés de una nación religiosamente plural como la nuestra, se analice y discuta con celeridad y altura de miras la iniciativa Ley General de Laicidad, presentada el pasado 23 de octubre en la Cámara de Diputados por el perredista Víctor Raymundo Nájera Medina.
Se trata de una propuesta de ley interesante, que «tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de laicidad» (Artículo 1°), y que intenta poner fin a «los casos de violaciones del Estado laico por diversas autoridades en diversos lugares del país y la ausencia total de sanciones, a pesar de la promulgación de la reforma al artículo 40», que define al Estado mexicano como una República representativa, democrática, laica y federal.
De aprobarse la iniciativa en los términos en que fue presentada, se crearía el Consejo Nacional para la Laicidad «como órgano rector en la materia y responsable de la tramitación de las quejas por violación al Estado laico por servidores públicos». Esta entidad se encargaría de vigilar «que la actuación de los servidores públicos se dé con respeto a los principios constitucionales de la laicidad de la República, referidos a la separación del Estado y las Iglesias, neutralidad del Estado en la materia y propugnará por el fomento al respeto a la diversidad y pluralidad religiosa, ética e ideológica» (http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/sep/20140904-IV.html#Iniciativa12).
El Consejo Nacional para la Laicidad, de acuerdo a sus competencias legales, investigaría y sancionaría a los servidores públicos de los tres niveles de Gobierno que violenten el carácter laico del Estado y de la educación, impidiendo que queden sin castigo casos similares al del alcalde Ríos Bernal.
Urge esta ley no sólo para meter en cintura a los depredadores de la laicidad estatal, sino también para terminar con los privilegios clericales que entran en contradicción con la naturaleza laica de la República Mexicana. Me refiero a esas prerrogativas que la jerarquía católica ha ido recuperando en las últimas décadas mediante algunas modificaciones constitucionales en materia religiosa: la reforma de los artículos 5°, 24, 27 y 130 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; y la reforma del artículo 24 constitucional en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, una modificación cuyo dictamen contemplaba el desmantelamiento del Estado laico y la educación laica en detrimento de las libertades de las minorías.
El primer paso ya lo dieron el diputado federal Nájera Medina y Foro Cívico México Laico, una organización comprometida con la defensa del Estado laico, y quien colaboró activa y responsablemente en la elaboración de la iniciativa en comento. El resto lo tendrán que hacer las y los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quienes están obligados a discutir y analizar seriamente la propuesta de ley que busca acotar las gestiones de los políticos con evidente inclinación católica, esos que aspiran y suspiran por el retorno del Estado confesional, con ese cúmulo de privilegios políticos, sociales y financieros en beneficio de los jerarcas del catolicismo.
Un momento de la peregrinación municipal organizada por el alcalde de Córdoba – Veracruz – México
